SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
México, D.F. / Jueves 17 de diciembre de 2015
Elementos de la empresa de seguridad privada Servicios Especiales de Protección México (Sepromex) agredieron el 29 de septiembre a cuatro migrantes hondureños en Celaya, Guanajuato. Una de las víctimas recibió un balazo por la espalda.
- Agentes de Sepromex impidieron a balazos el viaje de los migrantes hondureños a Estados Unidos.
Ese día un grupo de guardias de seguridad de Sepromex, encargados de la vigilancia del tren, atacaron a los cuatro migrantes hondureños en la periferia de la ciudad, por donde pasan las vías del ferrocarril en que se transportaban. “Resultaron heridas de gravedad tres personas, una de ellas recibió un balazo por la espalda con una escopeta”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Agencia del Ministerio número 2 de esa ciudad, abrió el expediente de investigación 40840/2015. Tres de los lesionados interpusieron también su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), donde se abrió la carpeta de investigación FED/GTO/CEL/0000576/2015 por los delitos de “homicidio en grado de tentativa y lesiones”.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato intervino en el caso y abrió el expediente 177/2015/C-1, oficio 1975, donde quedaron consignados los hechos y las denuncias por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones que presentaron las víctimas ante la PGJE y PGR.
Los agentes de seguridad de Sepromex trabajan al servicio de Ferromex, empresa ferroviaria del Grupo México propiedad de Germán Larrea, dueño a su vez de la mina Buenavista del Cobre que en agosto de 2014 derramó 40 millones de litros de lixiviados cargados de metales pesados, sustancias tóxicas que contaminaron todo el río Sonora, dejó sin agua a 25 mil habitantes y a un sinfín de enfermos en siete municipios sonorenses.
Ferromex no sólo cuenta con seguridad privada, sino con el apoyo de agentes federales. De hecho, apenas en octubre pasado, la Comisión Nacional de Seguridad, dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación, informó que en Celaya se llevó a cabo el operativo interinstitucional Ferrocarriles Seguros en la colonia López Portillo de Celaya, precisamente en la zona en que ahora fueron agredidos los migrantes hondureños y donde desde hace años personas sustraen o levantan de las vías los productos que caen del tren.
Una estrategia
Según la información ofrecida por el Centro ProDH, desde julio de 2014 cuando el gobierno federal presentó el Plan Integral Frontera Sur la violencia contra los migrantes se ha recrudecido principalmente en los estados del sur y sureste mexicano, pero también en el resto del país. Por ello, añade, “organizaciones de la sociedad civil pertenecientes al Colectivo de Personas Defensoras de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE) y otras organizaciones civiles hemos sido testigos de que esta estrategia no respeta la portabilidad de derechos humanos. Al contrario, esto incrementó en el país el clima de violencia hacia sus defensores”.
De acuerdo a información proporcionada a SomosMass99, divulgada este miércoles, el Centro ProDH expone ocho casos “que confirman el clima de violencia y actuación delictiva de empresas privadas que, en colusión con autoridades, están ejecutando a personas migrantes y poniendo en riesgo a sus defensores”.
- El Plan Integral Frontera Sur ha incrementado la violencia contra migrantes y defensores de derechos humanos.
En particular llama la atención sobre los agentes del Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca1 (CUSAEM) que, desde julio de este año, realizan labores de vigilancia “a lo largo de las vías del tren, desde el Estado de México, Querétaro, hasta la ciudad de Celaya, Guanajuato.
“Este grupo extra-policial ha incurrido en agresiones, hostigamientos, amenazas y ataques con armas de fuego contra personas migrantes, además de amenazar directamente a colaboradoras del comedor para migrantes de la Estancia del Migrante González y Martínez”, de Querétaro.
El CUSAEM es una corporación policiaca que depende de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, “y su actividad la realiza prestando el servicio de protección, seguridad y vigilancia a inmuebles y traslado de valores en general. Somos un cuerpo auxiliar de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México que fortalecemos a la misma en el desempeño de sus funciones.
“Preocupada por la inseguridad que actualmente vive el país, nos ponemos a sus órdenes en el servicio más importante del momento: La Seguridad. Nuestra corporación cuenta con 60 años de experiencia y hoy en día pasa por una dinámica que exige transformación en todos los ámbitos, con los cual nos hemos fortalecido durante el transcurso de nuestra historia y nuestro presente (…) Ha contribuido en la creación de aspectos normativos importantes como los son sus instalaciones, uniformes, equipo y armamento, vehículos para seguridad personal así como patrullas, aspectos sociales, académicos y sobre todo en la capacitación profesional de nuestros elementos”.
De acuerdo con un trabajo de Arturo Rodríguez García, publicado en mayo en la revista Proceso, el CUSAEM asumió desde el inicio del sexenio la vigilancia de la Secretaría de Gobernación, instalaciones estratégicas de agua, electricidad y manejo nuclear; cruces fronterizos y resguardan casetas de cobro en Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Pero no paga impuestos y no brinda seguridad social a sus trabajadores.
A finales de junio, en una conferencia de prensa, ex agentes de esa corporación informaron que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno del Estado de México por presuntas irregularidades en el manejo del CUSAEM. En esa ocasión, reportó el portal Sinembargo, el secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luciano Borreguín, dijo que ese cuerpo de policías se dedica a la venta de seguridad privada, que tiene ingresos millonarios y que nunca han sido auditados a pesar de que el beneficiario es el gobierno del Estado de México.
Los casos
Para ilustrar la forma en que se ha incrementado la violencia contra los migrantes y los defensores de derechos humanos en el país, además de la agresión contra los hondureños en Celaya, Guanajuato, el Centro ProDH informó, en orden cronológico, que el 6 de septiembre personal de la Estancia del Migrante González y Martínez de Querétaro fueron amenazadas con arma de fuego, mencionándoles que ya se encontraban identificadas. Y el 23 de ese mismo mes fueron agredidas varias personas migrantes, resultando dos de ellas heridas de balas y un migrante ejecutado por disparo de arma de fuego en la cabeza.
- Los migrantes en no pocas ocasiones son atacados con armas de alto poder.
El día 11 de octubre, dos mujeres que colaboran en la Estancia “fueron encañonadas con armas de alto calibre por miembros del CUSAEM. Ellas estaban llevando a cabo sus labores humanitarias y se encontraban solas en las vías del tren. Los agentes de seguridad mencionaron que no les dispararon porque no corrieron, ya que tienen órdenes explícitas de disparar a todas las personas que vean sobre las vías y que corran”.
El 23 de octubre, los y las integrantes de la Estancia se incorporaron al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Cuatro días después, otra vez “miembros del CUSAEM golpearon siete personas migrantes”.
El día 23 de octubre, derivado de los sucesos con violencia que se van incrementando en la zona de Querétaro, las personas que integran la Estancia del Migrante González y Martínez se incorporaron al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
También reportó que más de 40 niños y niñas migrantes, y más de cien pepenadores/as se encuentran hacinados en los alrededores del basurero municipal de Tapachula, Chiapas, “donde han sufrido todo tipo de explotación laboral por la corrupción de funcionarios de los gobiernos municipales. Los funcionarios municipales estuvieron comprando el producto de su trabajo a precios muy por debajo del valor del mercado. Acapararon la compra y mantuvieron las condiciones infrahumanas de trabajo y de hacinamiento”.
El Centro ProDH considera que en el sur del país se ha sufrido el asesinato de varios migrantes sin que las autoridades tengan aún a un responsable. Por ello, exige al gobierno federal modificar “la política de violencia evidenciada en el Plan Frontera Sur y revise las concesiones que ha otorgado a empresas de seguridad privada, para que cese el hostigamiento a las personas migrantes y a sus defensores”.
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