AI pide solidaridad con defensores perseguidos por la PGR en Puebla

SOMOSMASS99

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 18 de julio de 2018

Amnistía Internacional lanzó una petición pública para solidarizarse con siete integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) y del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) denunciados por la Comisión Federal de Electricidad e investigados por la Procuraduría General de la República por oponerse a la construcción de una línea de alta y de una subestación eléctrica en Cuetzalan, Puebla.

En la petición, que se encuentra disponible en la página oficial de Amnistía Internacional México, se dice: «Tengo conocimiento de la situación que afecta a las personas defensoras de derechos humanos en Cuetzalan, Puebla, quienes corren grave peligro, y recientemente han sufrido ataques e intimidación como resultado a su oposición a una obra de la CFE.

Asamblea comunitaria en Cuetzalan. | Foto: Regeneración.

«Me preocupa la posibilidad de que la apertura de una investigación penal pueda utilizarse como represalia ilegítima en contra de Rufina Edith Villa Hernández, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez, Luis Enrique Fernández Lomelín, Leonardo Durán Olguín, Alfredo Guerreo Santos y Francisco Jiménez Pablo, disuadiendo futuras protestas».

Estas personas y sus organizaciones forman parte del movimiento surgido hace ya cinco años en Cuetzlan, Puebla, cuando sus pobladores -gran parte indígenas nahuas y totonacos- rechazaron la instalación en terrenos de bosque y selva de la subestación eléctrica Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II-Tajín por no haber consultado a la comunidad.

La decisión se tomó en una asamblea en que los comuneros ordenaron montar un campamento para vigilar de forma pacífica los predios en cuestión y que, efectivamente, no continuaran las obras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se desataron entonces las intimidaciones, amenazas y agresiones contra los opositores a la subestación. Y en medio de ese clima de tensión, el 30 de enero de este año la CFE interpuso la denuncia contra ocho defensores del territorio, los siete ya señalados y Manuel Gaspar Rodríguez, que luego ser amenazado de muerte por teléfono fue asesinado el pasado 14 de mayo. Los activistas habían denunciado que la subestación no era para beneficio de la comunidad, sino para favorecer el proyecto minero Aretón, de la compañía Autlán propiedad de José Antonio Rivero Larrea.

A ello hace referencia la petición de Amnistía Internacional México, que al señalar que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) inició en 2017 dice que la lucha de los defensores de su territorio «no tan sólo pone en riesgo su libertad, sino que ya podría haber cobrado la vida de un defensor medioambiental que enfrentaba la misma investigación».

Protesta por el asesinato en mayo pasado del activista Manuel Gaspar Rodríguez, quien había recibido amenazas y fue citado por la PGR por su oposición a los proyectos de la CFE. | Foto: Serapaz.

En el documento se pide a Ramón Ernesto Badillo Aguilar, delegado estatal de la PGR en Puebla, «que asegure que la investigación y, en su caso, los eventuales procesos judiciales que lleguen a incoarse, cumplan con las garantías de un juicio justo tal como éstas se consagran en el derecho internacional y, en especial, que se sustenten sólo en evidencias lícitas y suficientes para demostrar la responsabilidad penal individual de las personas procesadas. Es fundamental que no se haga un uso indebido del derecho penal como represalia por la labor de defensa de los derechos humanos».

A Jaime Hernández Martínez, director General de la CFE, se le solicita reconsiderar el uso del sistema de justicia penal y valorar la resolución del problema por una vía alterna que contemple la participación de todas las personas afectadas y garantice su derecho a la consulta libre, previa e informada.