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Servindi
Perú / Viernes 29 de abril de 2022
La organización indígena rechazó el manifiesto de sectores privados que, con aval de autoridades regionales, buscan atentar contra vida de PIACI
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazó el intento de autoridades de Loreto y actores privados por quitar la protección a pueblos en aislamiento (PIACI) para explotar sus territorios.
“Que estas personas decidan promover abiertamente y de manera consciente medidas que implicarán el extermino de colectivos humanos demuestra irresponsabilidad incalificable y flagrante violación de derechos que apunta al genocidio”, expresa la organización indígena.
Asimismo, Aidesep tachó como deplorable y lesivo, el manifiesto donde, estos personajes exigen la derogación de la Ley PIACI (Ley 28736) y la paralización de las acciones para las Reservas Indígenas en trámite.
“De no existir reservas para los PIACI, se beneficiarían las empresas y actores ilegales que quieren depredar los recursos que hay en esos territorios altamente conservados y de los cuales dependen nuestros hermanos PIACI y las comunidades vecinas para vivir”, señala.
En representación de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y más de 2300 comunidades nativas, Aidesep recuerda que está prohibida la regresividad y vulneración de los derechos de pueblo indígenas.
En el marco nacional, el pronunciamiento de Aidesep va dirigido al Presidente de la República, a los titulares del Consejo de Ministros y del Ministerio de Cultura (Mincul), así como a la Comisión de Pueblos de Congreso, a la Defensoría del Pueblo y autoridades eclesiásticas.
Mientras que recurre, en el ámbito internacional, al Relator Espacial sobre los derechos de Pueblos Indígenas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
Cuestionado manifiesto
En el pronunciamiento publicado este 28 de abril, Aidesep condena que los firmantes del denominado ‘Manifiesto de la Región Loreto’ se atribuyan, sin legitimidad alguna y con intereses económicos de por medio, la representación de los “verdaderos pueblos originarios”.
Como se recuerda, el citado manifiesto fue suscrito por Elisbán Ochoa (gobernador de Loreto), Daniel Jiménez Huanan (Alcalde de Yaquerana), Christian Pinasco Montenegro (presidente de la denominada ‘Coordinadora por el Desarrollo de Loreto – CDL’), entre otros.
Desconociendo la diversidad de los pueblos, el citado manifiesto “refleja que los firmantes son en realidad un grupo que no tiene aproximación a la mayoría de las comunidades y a sus organizaciones representativas”, indica el pronunciamiento de Aidesep.
La organización también resalta que en el pedido contra los PIACI se incluye a una federación que solo tiene tres comunidades afiliadas, donde dos autoridades estarían implicadas en una presunta red criminal de tala ilegal: ‘Los Duros del Amazonas’.
Aidesep también exige que los autores del manifiesto no distorsionen las voces de las comunidades de la región para promover actividades extractivas que invaden y despojan a los grupos indígenas de sus territorios.
De igual forma, la organización exhorta al GOREL, así como a entidades públicas y privadas, a respetar los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y la visión de desarrollo de los pueblos.
“Queremos un desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas, basado en la economía tradicional indígena, que permita el manejo sostenible del territorio a favor de nuestros pueblos”, acota la organización nacional.
Sin contener mayores fundamentos, el cuestionado manifiesto del GOREL y grupos privados negó la existencia de los pueblos en aislamientos y pedía la derogatoria de la Ley PIACI. (25/04/2022).
Responsabilidad regional
En el pronunciamiento, Aidesep enfatiza que las autoridades regionales tienen el deber legal de adoptar medidas para garantizar los derechos colectivos de estos pueblos, frente a intereses particulares.
Por ello, cuestiona que se apele a tergiversaciones sobre el Acuerdo de Escazú y a este tipo de manifiestos anti-derechos para desviar la atención de la cuestionada gestión del ahora gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa.
Como en anteriores oportunidades, la organización indígena nacional vuelve a exigir que el GOREL declare nulas las 47 concesiones forestales que otorgó ilegalmente en los territorios de pueblos en aislamiento.
“Estas concesiones forestales ilegales otorgadas por el GOREL en los territorios de nuestros hermanos PIACI […] han seguido operando con total impunidad a lo largo de varios años teniendo graves impactos en las vidas de los pueblos en aislamiento”, cuestiona Aidesep.
Elisbán Ochoa Sosa, Gobernador de Loreto, y Christian Pinasco de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) son los rostros más visibles de este pedido. | Fotos: Facebook/de Elisbán Ochoa y Christián Pinasco.
Problema nacional
Aidesep también incide en la necesidad de detener la criminalización contra defensores territoriales de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).
En esta región, donde se encuentran los Mashco Piro en situación de aislamiento, el Estado todavía no ha oficializado la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios, situación que respondería a la oposición de empresas madereras.
Por ello, Aidesep exige que se creen todas las Reservas Indígenas y Territoriales para los PIACI en el país, que se garantice la protección efectiva de estos pueblos y el respeto a sus derechos a la vida, salud, ambiente sano y territorio.
En respaldo a los pronunciamientos previos de las organización indígenas regionales, también se solicita a las autoridades nacionales que respalden la protección y garantías de los derechos de los PIACI.
En esa línea, invocan a que “el Congreso de la República no sea cómplice de los impulsores de esta grave amenaza que significaría la derogatoria de la ley PIACI, que implicaría la responsabilidad internacional del Estado peruano”.
Igualmente, Aidesep exhorta a los organismos internacionales a manifestarse en contra de las medidas regresivas del Estado peruano contra los pueblos en aislamiento.
El GOREL y programas ambientales
El pronunciamiento de Aidesep también va dirigido a los países miembros de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), pues el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) es beneficiario de este programa ambiental de financiamiento.
Como ya han solicitado las organizaciones indígenas, es necesario plantear exigencias para que el GOREL deje de realizar acciones que atenten contra la subsistencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Cabe recordar que el DCI es un mecanismo que busca reducir las emisiones generadas por la deforestación y degradación de bosques (REDD+) e implica el constante reporte del cumplimiento de metas verificadas en reducción de emisiones.
Esta iniciativa, que se encuentra en su segunda fase, fue suscrita por los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania.
Intereses privados y vínculos ultraconservadores
Con el aval de autoridades locales y regionales, en el denominado “Manifiesto de la Región Loreto”, grupos privados exigen la derogación de la Ley PIACI, así como la paralización de las acciones por las Reservas Indígenas en trámite.
Sin mayores fundamentos, alegan la inexistencia de pueblos en aislamiento y señalan que la intangibilidad de los territorios PIACI “despojaría” a otros pobladores, para luego expresar su interés en la extracción petrolera, forestal y agroforestería.
Con acercamientos a congresistas ultraconservadores, los firmantes se oponen a tratados para la protección a defensores indígenas –como el Acuerdo de Escazú— y dirigen su pronunciamiento al Congreso y al Ejecutivo.
Directivos de CDL tras reunión con congresistas Montoya, Guerra, Morante y Barbarán, donde pidieron intervención contra territorios PIACI e impulso de inversión privada en sus áreas. | Fotos: Servindi.
Crítica situación
En medio de la falta de medidas efectivas para su protección, los PIACI ven agudizada su situación por la continua violación de sus derechos, que llega al punto de que se pretende desconocer su existencia.
Como subraya Aidesep, en un contexto de ocupación y saqueo territorial, los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) sufren de graves violaciones a sus derechos, lo que incluye masacres, asesinatos, contactos y desplazamientos forzados.
Impulsada por la actividad maderera, minera y petrolera, así como por el narcotráfico y otras actividades depredadoras, la destrucción de los territorios PIACI acrecientan las amenazas a su vida.
En ese sentido, antes de otorgar cualquier tipo de concesiones, es necesaria la creación de Reservas Indígenas, en reconocimiento de los territorios ancestrales que “ocupan y hacen uso desde antes de que exista el Estado peruano”.
“Al ser pueblos que sostienen una total interdependencia con los ecosistemas su supervivencia depende absolutamente de la preservación de sus territorios”, recuerda el pronunciamiento.
De acuerdo al principio de ‘no contacto’ de los pueblos en aislamiento, las medidas que garantizan la intangibilidad territorial buscan prevenir contactos forzados, transmisión de enfermedades mortales y los impactos en sus territorios y bosques.
En línea con la intangibilidad, la organización indígena recuerda que el marco legal existente establece que el uso tradicional de los territorios PIACI solo puede darse por parte de comunidades nativas colindantes.
Como se resalta, los derechos de los PIACI están contemplados en la normativa nacional e internacional, tales como el Convenio 169 de la OIT, las Directrices de Protección para los PIACI de las Naciones Unidas o la Constitución peruana.
Así, acorde al marco legal nacional (Ley N° 28736 – PIACI, aprobada en 2006), es deber del Estado garantizar los derechos de estos pueblos a la vida e integridad, a la subsistencia, a la autodeterminación y al territorio.
Puede acceder al pronunciamiento de Aidesep en el enlace.
Foto de portada: Aidesep.
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