SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 21 de febrero de 2017
Los nombres de Alberta, Teresa y Jacinta se convierten en sinónimo de resistencia y dignidad, pues luego de más una década logran que las autoridades mexicanas reconozcan que las acusaron y encarcelaron injustamente por un delito que nunca cometieron.
El 26 de marzo de 2006 se realizó un operativo por parte de la Procuraduría General de la República –con participación de Ministerio Público Federal y agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI)-, en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, bajo una supuesta investigación de que ahí se vendía material discográfico pirata.
Ese operativo da pie a una confrontación entre comerciantes y las autoridades que realizaban el operativo, el cual se resuelve mediante una negociación para que las cosas no fueran más allá.
Cinco meses después, el 3 de agosto de 2006, Alberta, Teresa y Jacinta son detenidas y presentadas ante los medios de comunicación como responsables del secuestro de seis miembros de la AFI. Al momento de la detención no se les asegura el contar con una persona intérprete que conociera su lengua y cultura, pues ellas son indígenas otomís.
Más de un año después, el 19 de enero de 2008, Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión por el secuestro de seis policías de la AFI. Mientras que Alberta y Teresa lo fueron por el mismo delito y también a 21 años de cárcel, en enero de 2009.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez desde diciembre de 2008 tomó la responsabilidad de documentar y representar legalmente a estas mujeres.
El 15 de septiembre de 2009, es decir luego de más de tres años de estar en la cárcel, Jacinta es liberada porque la PGR no sostiene su acusación durante la apelación. Mientras que Alberta y Teresa tuvieron que permanecer tres años y ocho meses privadas de libertad, pues fue hasta el 28 de abril de 2010 que obtuvieron su libertad.
A partir de entonces debieron pasar casi siete años, tiempo en el que se sucedieron diversos juicios donde se discutió si la actuación de los funcionarios de la PGR había sido correcta o no y, por tanto, si la institución debía reparar el daño a estas mujeres indígenas.
Finalmente 10 años, 6 meses y 18 días después de haber sido injustamente detenidas estas mujeres recibirán una disculpa pública por parte del actual Procurador General de la República.
La historia de Jacinta, Alberta y Teresa pone en claro varios aspectos cuestionables de nuestra justicia:
- La existencia de una justicia clasista y discriminadora. Este caso muestra que para las personas pobres el sistema de justicia es una amenaza pues fácilmente puede ser acusados de algún delito. Esta realidad se agrava cuando la discriminación se acumula: son mujeres, son pobres y son indígenas.
- Una justicia que fabrica culpables y mantiene a personas inocentes en la cárcel. Jacinta tuvo que pasar injustamente tres años en la cárcel, mientras que en Alberta y Teresa estuvieron tres años y ocho meses.
- Que deban pasar más de diez años para que la PGR ofrezca una disculpa da cuenta de instituciones de justicia incapaces de reconocer sus errores para corregirlos.
- Una disculpa pública, como la que hoy sucede, es parte de lo que se denomina medidas de no repetición. Esta acción debería de dar lugar a que en la PGR se realicen cambios para que situaciones similares no se repitan. ¿Pasará tal cosa en PGR?
Estamos en un momento de discusión sobre cómo transformar a la PGR en una Fiscalía General de la República que efectivamente sirva. En esta discusión tienen que estar presentes las víctimas y sus historias para que la institución por construir no siga ensañándose con aquellos grupos que socialmente hemos condenado a la vulnerabilidad.
@edgarcortezm
Foto de portada: Saúl López / Cuartoscuro.
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