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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 26 de febrero de 2017
Casi un centenar de organizaciones sociales alertaron sobre el proyecto de sentencia de Alberto Pérez Daván, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se pondrá a discusión este lunes y que avalaría la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como Ley Eruviel, toda vez que su contenido es ambiguo y se enmarca en «un contexto de retroceso del derecho a la manifestación y la protesta».
- Protesta del 15 de enero en Toluca contra el gasolinazo. | Foto: Artemio Guerra Baz / Cuartoscuro.
Al reconocer que la resolución de la Ley Eruviel es determinante para la vigencia de las libertades democráticas en México, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) afirmaron que el proyecto de Pérez Daván requiere una discusión seria y profunda en razón del impacto que dicha norma tendrá sobre los derechos humanos a la vida, integridad y libertad personal y a la vigencia de las libertades democráticas en México, y que su aprobación sentaría un precedente pernicioso al avalar disposiciones arbitrarias respecto del uso de la fuerza del Estado, en particular en contextos de manifestaciones públicas.
«La regulación y control sobre el uso de la fuerza pública ha sido una demanda permanente de la sociedad civil por muchos años, así como una constante recomendación por parte de organismos de derechos humanos, incluyendo al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, el abuso en el uso de la fuerza es una práctica sistemática por parte de los cuerpos de policías. Durante la última década, se han documentado casos de violaciones graves a derechos humanos, derivadas del uso arbitrario e indiscriminado de la fuerza, incluidas el uso de armas de fuego, lo que pone en evidencia la importancia de establecer limites y controles adecuados para su uso.
«Casos como Atenco y Oaxaca (2006), Chalchihuapan (2014), Nochixtlán (2016), Ixmiquilpan, y Playas de Rosarito (2017), evidencian cómo la protesta ha sido calificada como disturbio o desorden público, dando pauta al uso de la fuerza pública como primera opción y sin observar los principios de absoluta necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas, además de no contar con normas claras para la supervisión y control de dichos operativos que se traduzca en una posterior rendición de cuentas. Cabe mencionar que el caso Atenco fue recientemente sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién enjuiciará a México por las violaciones a derechos humanos cometidas en dicho caso», recuerda el FLEPS a través de un comunicado de prensa.
- Foto: Diego Reyes / Cuartoscuro.
El Frente señala que la obligación del Estado de limitar el uso de la fuerza «se desvirtúa mediante legislaciones permisivas sobre el uso ilegítimo de la fuerza», a través de diversas iniciativas a nivel local e incluso en relación con las Fuerzas Armadas, y generalmente con la incorporación de supuestos amplios para permitir el uso de la fuerza frente a manifestaciones, a las que generalmente se les clasifica de manera negativa. Se establecen así «salvaguardas frente a actos arbitrarios de las corporaciones policiacas», pero sin considerar mecanismos claros de supervisión, control y rendición de cuentas.
Las discusiones que inician este lunes 27 de febrero en la SCJN, añadió, constituirán un parteaguas en la determinación de parámetros claros y precisos para la regulación del uso de la fuerza y los límites a la violencia estatal, por lo cual es es vital que el Tribunal Constitucional tome en cuenta el contexto social e histórico que demanda una limitación estricto del uso de la fuerza, y de manifestaciones y recomendaciones internacionales que exigen normas claras y limitativas para no dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
Consideró también que no obstante que el proyecto de sentencia retoma estándares internacionales sobre el uso de la fuerza como último recurso, limitación de armas de fuego o la obligación de facilitar las manifestaciones, persisten aspectos preocupantes que de no ser acotados «pueden traducirse en una carta abierta a violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos policiacos del Estado de México». Uno de los que causa más preocupación, por ejemplo, es el uso inadecuado de la «interpretación conforme» a los estándares de derechos humanos de acuerdo a fuentes nacionales e internacionales para asegurar la mayor protección de las personas.
- Manifestación del 17 de febrero de habitantes de San Jerónimo Acazulco, Ocoyoacac, contra la construcción del tren interurbano Toluca-Ciudad de México. | Foto: Artemio Guerra Baz / Cuartoscuro.
Y es que, en ese sentido, «el proyecto propone armonizar con la Constitución y los instrumentos internacionales artículos de la Ley Eruviel que se caracterizan por su vaguedad e imprecisión. Por ello, el Pleno de la Suprema Corte debe valorar el uso de este tipo de métodos de interpretación cuando analiza leyes de estricto derecho y de carácter excepcional, como aquellas que regulan el uso de la fuerza pública al entrañar una excepción al ejercicio de derechos. La convalidación de deficiencias en la legislación impactaría significativamente en la vida y la integridad de las personas». «La SCJN debe establecer pautas claras para poner fin a la existencia de marcos normativos permisivos que vulneran el Estado democrático y de vigencia de derechos en nuestro país».
El FLEPS está integrado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Espacio Libre Inependiente Marabunta, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Resonar, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica y la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, que aglutina a su vez a 80 organizaciones de 21 estados del país.
Foto de portada: Pilar Aguilar / Cuartoscuro.
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