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Redacción / SomosMass99
Tlaxiaco, Oax. / Lunes 21 de marzo de 2016
Cerca de 60 elementos encapuchados de la Procuraduría General de la República (PGR) irrumpieron de forma violenta y desmantelaron este sábado cuatro radios comunitarias en esta ciudad. Se llevaron equipos de transmisión, de cómputo, documentación y detuvieron a dos jóvenes indígenas que no tienen relación directa con las estaciones radiofónicas.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CDHyAPI), la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) y la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas (PNVP), iniciativa impulsada el año pasado por la organización internacional Freedom House,
- La constitución permite extender la red de comunicaciones para integrar a las comunidades.
explicaron que el operativo fue realizado por agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la PGR. Aprehendieron a Heriberto Martínez Hernández, indígena triqui de 22 años originario de San Martín Itunyioso, «persona ajena que rentaba un cuarto en el edificio donde se ubica la radio La Tlaxiaqueña», y a Héctor Cruz, «de aproximadamente 34 años de edad quien efectuaba trabajo de limpieza en la radio La Perla de la Mixteca.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del CDHyAPI, y Víctor Ruiz Arrazola, de la CDP, emitieron un posicionamiento en el que se advierte que con las acciones emprendidas este fin de semana, la PGR violenta derechos al intervenir en radios comunitarias de Oaxaca, y hacen notar que este tipo de emisoras suelen ser de corto alcance, que no tienen fines de lucro y «que responden a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local».
Las estaciones radiofónicas desmanteladas son La Máxima 107.9, en la que laboran periodistas comunitarios y que tiene aproximadamente tres años de informar a la región mixteca con espacios comunitarios como el noticiero Máxima Noticias, que se emite todos los días de 10:00 a 11:00 y que se enlaza con las radios comunitarias San Juan Mixtepec, Radio Tigre de Santa María Cuquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcatongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomécatl y Radio Yucuixi, de San Esteban Atatlahuca y que es uno de los medios de información de mayor alcance para las comunidades indígenas de esa zona de Oaxaca.
También fueron desmanteladas La Tlaxiaqueña 91.5 FM, con dos años de transmisiones y cuya emisión más importante es el noticiario El Reloj; la radio Radical Stereo 98.3, que durante año y medio se ha dedicado a la difusión de música y de programas culturales y juveniles; y La Perla de la Mixteca 96.5 FM, que lleva ocho años de funcionamiento, con espacios de difusión comunitaria, como el noticiario Despierta Tlaxiaco, y que cuenta con una solicitud de radio ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Además de exigir la libertad de los indígenas detenidos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de periodistas explican que las radios comunitarias tienen su base jurídica en el artículo 2 de la Constitución Federal, que en su fracción VI refiere:
«Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y
- La PGR también detuvo a dos indígenas, ninguno relacionado directamente con la operación de las radios comunitarias.
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen».
El derecho a la libertad de expresión, añaden, se fundamenta en el artículo 13 de la Convención Americana, que establece que «este derecho puede ejercerse por cualquier medio» y que «el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole puede ejercerse ‘oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección’. Y destacan que ya hace más de veinte años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el criterio de que «la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios».
Por todo ello, exigen a las autoridades federales «respeto a los derechos de libertad de expresión y de la información de las personas que operan las radios comunitarias intervenidas por la PGR; respeto al derecho de libertad de expresión y de los pueblos indígenas; y respeto al derecho a la libertad de expresión, a la vida y a la integridad física y la libertad personal de los comunicadores que colaboran en las radios comunitarias allanadas y de todas las radios comunitarias de la región mixteca.
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