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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
El caso de Alondra es uno más de entre la infinidad que se acumulan en nuestro país, que vuelve a exhibir las perversiones de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Con la única diferencia, como es cada vez más frecuente, de que gracias a la movilización ciudadana la jovencita pudo regresar a Guanajuato y rencontrarse con sus verdaderos padres.
No se trataba de un asunto en el que alguien mintió y que por eso debería hacer frente a las consecuencias legales derivadas de su proceder. Ni Dorotea García, la mujer que desde Estados Unidos dijo ser la madre de Alondra Luna Núñez, y tampoco a Gustavo Luna y Susana Núñez, que finalmente pudieron demostrar que la jovencita era su hija. ¿Quién puede negarle a cualquiera el derecho de exigir que le regresen a quien se está seguro que es su hija?
Para resolver esa duda conforme a derecho, cabe suponer, están las instituciones de procuración e impartición de justicia en el país y en el estado. Pero lo que sucedió fue que una juez de Los Reyes, Michoacán, ordenó la ubicación, presentación y restitución de Alondra a las autoridades estadounidenses, a petición de Dorotea García. Y luego policías federales que colaboran con la Interpol, con ayuda de policías estatales, sustrajeron a la niña en una operación muy poco ortodoxa, con gritos y jaloneos. Toda una historia que por fortuna no resultó trágica sino ridícula gracias a la prueba de ADN que finalmente se le practicó a la jovencita, a Dorotea García y a los señores Gustavo Luna y a Susana Núñez. Como en los viejos tiempos, actuaron y luego averiguaron.
Pero ahora nadie se hace responsable de sus actos. Desde el lunes, según reportaron medios nacionales, la Procuraduría General de la República dijo que sus elementos solamente colaboraron en acatamiento de una orden judicial. La juez Cinthia Mercado García negó tener competencia para solicitar exámenes de ADN o para realizar cualquier investigación, que a lo que se limitó fue a salvaguardar “el derecho de la menor en todos los aspectos dentro de este trámite”. En voz de Lorenzo Corro, coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán aceptó que lo sucedido podría ser una violación a los derechos humanos, pero como no hay denuncia no investiga.
Son tantos los despropósitos cometidos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente de queja e informó que emitirá la resolución que en derecho corresponda. Pero Gustavo Luna y Susana Núñez llorarían ahora a su hija, y Alondra a sus padres, de no ser por la reacción solidaria e instantánea de ciudadanos que mostraron su indignación a través de las redes sociales y se atrevieron a salir a la calle para manifestarse en la autopista Guanajuato-Silao. Estamos ante un caso más que demuestra que, más que las autoridades, las comunicaciones a través de internet y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica pueden evitar injusticias. E, incluso, mucho más que eso.
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