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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 6 de mayo de 2019
«La inaceptable práctica del Presidente de la República de atacar a las organizaciones de la sociedad civil mediante descalificaciones» ha cerrado los espacios de diálogo con el gobierno, sostuvieron casi un centenar de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y activistas mexicanas en una carta pública dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que contó con el apoyo de organismos defensores de derechos humanos de América y Europa.
Las y los firmantes de la misiva expresan su preocupación por la persistencia de los mensajes contra «el ejercicio periodístico y la libertad de expresión» por parte de Andrés Manuel López Obrador, en alusión al discurso en que reiteradamente llama «prensa fifí» a algunos medios de comunicación; y por «los cada vez más contundentes intentos del Ejecutivo por integrar y subordinar a la nueva institución encargada de la seguridad pública del país (Guardia Nacional) a las fuerzas castrenses».
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por ello, a la vez que reconocen el anuncio de que la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaborará propuestas para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le reprochan a Michelle Bachelet no haber sido involucradas en el diseño del Acuerdo Marco entre el Gobierno de México y su oficina para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en derechos humanos y operación de acuerdo a los estándares internacionales de la Guardia Nacional. «Confiamos en que su Oficina actuará en lo sucesivo de manera transparente con la ciudadanía, de forma que informará oportuna, adecuada y públicamente, con indicadores claros y medibles, sobre esas actividades de asesoría y asistencia técnica que surjan del mencionado Acuerdo».
En todo el contenido de la carta las ONG’s y activistas hacen referencia a la visita de Bachelet a México del 5 al 9 de abril pasados, en la que «tal como usted pudo atestiguar después de reunirse con víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares, personas defensoras de derechos humanos y periodistas de diversas entidades de la República, las ciudadanas y ciudadanos en México no confiamos en nuestro sistema de justicia. Por ello coincidimos con usted en que la ‘impunidad crónica y generalizada no puede seguir siendo una opción’.
«En ese sentido, nos encontramos profundamente preocupadas porque al momento, no se ha presentado con claridad alguna política integral para investigar, sancionar y reparar a las miles de víctimas en México de violaciones graves a derechos humanos y crímenes atroces. Por el contrario, la situación de violencia e inseguridad se sigue agravando en el país. Tan sólo después de su visita, y pese a sus reiterados llamados a reconocer y defender la defensa de derechos humanos en el país como un derecho, han sido asesinados cinco defensores de derechos humanos y periodistas más»*.
Explican que las descalificaciones del presidente López Obrador contra las ONG’s además de cerrar los espacios de diálogo entre sociedad civil y gobierno, niegan el derecho de la ciudadanía a participar en la construcción de políticas públicas, incluidas principalmente las relacionadas a la seguridad.
Y en cuanto a la declaración que emitió al finalizar su visita, le dicen a la Alta Comisionada que coinciden en que la Guardia Nacional debe asegurar su carácter civil y regir su actuación bajo los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos. «Como usted pudo constatar se trata de uno de los aspectos más controversiales de la agenda de derechos humanos en el país, en el que organizaciones de derechos humanos, especialistas, organismos públicos autónomos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluida su Oficina, expresamos nuestro rechazo a la participación de militares en la conformación de dicha guardia».
Le solicitaron un informe de los hallazgos de su Oficina en su reciente visita a México, que contenga recomendaciones dirigidas a los poderes del Estado mexicano para revertir los problemas estructurales que identificó y que promueven la repetición de violaciones a derechos humanos en el país. «Confiamos en que estas recomendaciones fortalecerán y no debilitarán las realizadas por su antecesor en su visita en 2015; recomendaciones que no sólo mantienen una indiscutible vigencia, sino que gran parte de ellas aún faltan por cumplir».
Michelle Bachelet y el presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de abril en la firma del Acuerdo Marco entre el Gobierno de México y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Finalmente, le reiteraron sus preocupaciones en torno «a la apremiante situación de derechos humanos que atraviesa México», en espera de que puedan ser retomadas el informe solicitado. Por ejemplo, el acompañamiento y cooperación técnica con el Estado mexicano para esclarecer y reconocer graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado y otros grupos armados, ya sea de manera independiente o en colusión; la construcción de una verdad real que permita dignificar a las víctimas; y sancionar penalmente a los perpetradores, a través de la creación de una Comisión Nacional de la Verdad y el establecimiento de un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad en México con la participación de la sociedad civil.
Entre las ONG’s y personas firmantes de la misiva se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco De Vitoria; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca; Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Simón Hernández León, Tamara Quiroz Guzmán, Tita Radilla Martínez, Viviana de la Peña Escobar, Yesica Sánchez Maya y Yolanda Morán Isáis. Con el apoyo de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Conectas Direitos Humanos, Brasil; Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Justice Mexico Now – U.K.; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
* Luis Armando Fuentes, asesinado el 11 de abril, defensor de derechos humanos indígena e integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo de Oaxaca; Julián Cortés Flores, asesinado el 12 de abril, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en San Luis Acatlán, Guerrero; Telésforo Santiago Enríquez, asesinado el 2 de mayo, fundador y director de la Radio “Estéreo Cafetal” La Voz Zapoteca, en Oaxaca; José Lucio Bartolo Faustino y de Modesto Verales Sebastián, asesinados el 4 de Mayo, miembros del Concejal Nahua y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) de Guerrero.
Fotos de portada e interiores: Sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador.
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