SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 3 de diciembre de 2019
- Queremos que siga caminando con nosotros; le pedimos que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto: María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández
- Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita las instituciones, las fortalece: López Obrador
- Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro a las víctimas: Encinas
- Está nuestra palabra en prenda: Olga Sánchez Cordero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este día el decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, en un acto celebrado en Palacio Nacional donde les prometió a las y los padres de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 que «no habrá impunidad» y que la Comisión de la Verdad que se creará contará con todos los recursos para saber qué pasó el día de los hechos, porque «llegar a la verdad y hacer justicia no debilita las instituciones, las fortalece.
Foto: Sitio oficial AMLO.
Para las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la emisión del decreto para fortalecer el derecho a la verdad y la justicia representa una nueva etapa de esperanza en la que «se irá construyendo la confianza». Y tras reconocer su perseverancia y pedir que, como padre, la mantenga hasta dar con el paradero de los jóvenes, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, le pidió a López Obrador que siga caminando con las madres y padres, y que no se les nieguen las audiencias cuando se las soliciten. Le dijo: «Estamos acá porque no queremos que ninguna familia pase por todo esto».
El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una Comisión Presidencial que será coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que tendrá a las familias como coadyuvantes en la investigación y con la que acordará los términos para que las personas que tengan algún dato sobre lo ocurrido el día de los hechos aporten esa información sin correr riesgo alguno. La Comisión estará conformada, además de los familiares, por sus representantes legales, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos.
El presidente López Obrador ordena en el decreto a toda la administración pública federal facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de los familiares de los 43. En específico, a Alejandro Encinas, que realice las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de justicia para la buena marcha de la Comisión.
María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez. | Foto: Centro Prodh.
«No habrá ninguna traba para llegar a la verdad», aseguró López Obrador, quien reiteró lo dicho por Alejandro Encinas, que «es un asunto de Estado dar con la verdad, pues la verdad no debilita a las instituciones, las fortalece».
El decreto, que se publica este martes y entrará en vigor el miércoles, indica que la Secretaría de Hacienda se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento «sin obstáculos» de la Comisión; la Secretaría de Relaciones Exteriores, de realizar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se intensifique la cooperación internacional en el caso.
López Obrador aclaró que la Comisión Presidencial que crea el decreto no es la Ccomisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, la cual deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República. Aún así, el decreto instruye a la Secretaría de Gobernación a generar los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de asegurar su creación.
El decreto también establece que la información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos no puede ser reservada, e instruye a que se implementen medidas de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información relevante sobre el caso.
Alejandro Encinas sostuvo que la emisión del decreto es el inicio de una política de Estado que «coloca a las víctimas al centro», lo cual es un compromiso que hizo el presidente durante la campaña y que se empieza a cumplir. Las familias resaltaron: «Sabemos que con la firma de este documento no quiere decir que todo está solucionado, por eso pedimos que nos nos dejen solos».
Andrés Manuel López Obrador, María Martínez Zeferino y Alejandro Encinas. | Foto: Centro Prodh.
Los representantes legales de los familiares, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, adelantaron, que a partir del 5 de diciembre se dialogará con la CIDH para retomar la asistencia técnica, en específico con las personas integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Hasta saber qué pasó y quiénes fueron los responsables
“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, les dijo el presidente López Obrador a los familiares, ante quienes aseguró que no tiene compromisos políticos de ningún tipo que le impidan trabajar para llegar a la verdad y lograr justicia.
“Lo que más me llena de orgullo es que en todo este tiempo mantuve mis principios, mis ideales, no dejé trozos de dignidad en el camino, no tuve que traicionar para llegar a donde estoy. Por eso tengan confianza, no le debo nada a ningún grupo e interés creado, sólo tengo un amo, que es el pueblo de México.”
Alejandro Encinas señaló que este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país”, y confirmó que serán retomadas las investigaciones realizadas por organismos de derechos humanos como el GIEI, las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e incluso las que dejó truncas la Procuraduría General de la República.
“Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de atención a las víctimas”, expresó Encinas Rodríguez.
Antes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el decreto tiene un único propósito: el compromiso de investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Investigar a fondo, con objetividad y con imparcialidad, esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia sin sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban en ese entonces.
«Los propósitos que animarán a la Comisión será llegar a la verdad, para luego darla a conocer a las madres y a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, así como a toda la sociedad. En esa tarea, la Comisión tendrá a su alcance los recursos materiales, humanos y científicos que sean necesarios para cumplir su propósito. Desarrollará sus trabajos con apego a la ley, pues el único camino para alcanzar la justicia en un Estado de derecho es la aplicación de la ley».
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. | Foto: Centro Prodh.
Más adelante, afirmó que al protestar el cargo de secretaria de Gobernación protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. «Así lo haré en todo momento, soy una mujer que cree en la ley, por convicción, por formación, por mi trayectoria. Como ustedes también saben, soy madre y también abuela, y por esa condición es que con el corazón estrujado estamos aquí en este acto. Ante el presidente de la República, nuestra palabra a las madres y a los padres, a las abuelas, a las hermanas y hermanos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que pondremos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades, todos nuestros conocimientos para llegar a la verdad y dar así una respuesta a cada uno de los familiares aquí presentes. Seguramente será un insumo muy importante el informe recientemente emitido por la CNDH. Vamos a esclarecer lo ocurrido, vamos a conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala hace cuatro años, para así hacer justicia. Esa es la instrucción que hemos recibido del presidente de la República, Andrés Manel López Obrador, ese es nuestro compromiso. Está nuestra palabra en prenda».
En el acto, estuvieron también presentes Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Emilio Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, entre otros framiliares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Foto de portada: Centro Prodh.
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