SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 3 de abril de 2020
Ante las pésimas condiciones de las estaciones migratorias y el grave riesgo de contagio de COVID-19, más de 300 colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, expertos, académicos y universidades de México y del extranjero exigieron al gobierno federal la libertad inmediata de todas las personas migrantes y solicitantes de refugio que se encuentran en los centros de detención.
Del mismo modo, demandaron el inicio de las investigaciones por la muerte de una persona guatemalteca el 31 de marzo en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, y la destitución inmediata de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), «por su responsabilidad directa» en los hechos.
A través de un comunicado, consideraron que la muerte del migrante guatemalteco «es consecuencia directa de las condiciones de detención, la negligencia del INM y la participación de la Guardia Nacional».
En imagen de archivo, exterior de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas. | Foto: Cambio de Michoacán.
Expresaron su preocupación por hechos ocurridos recientemente en las estaciones migratorias y estancias provisionales donde se tiene detenidas a las personas migrantes a cargo del INMI, en específico la Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, y las de Villahermosa y Tenosique, Tabasco.
Recordaron que han «denunciado reiteradamente» las pésimas condiciones de subsistencia en las que se encuentran las personas migrantes y solicitantes de protección internacional privadas de su libertad en estaciones migratorias, así como la ilegal detención de niñas, niños y adolescentes.
Hoy, la pandemia global del Covid-19 profundiza la incertidumbre y el miedo, al tiempo que genera aún mayores riesgos sanitarios para las personas detenidas. De tal cuenta, frente a las medidas tomadas por el INM ante la pandemia, desde la sociedad civil se solicitó el cese de las detenciones por razones migratorias y la liberación de todas las personas detenidas en estaciones migratorias y estancias provisionales.
Estimaron que «dado que las autoridades migratorias no han impulsado medidas efectivas, especialmente del orden de la salud pública, para proteger a las personas migrantes en detención», ocurrieron protestas: el 23 de marzo, al menos 50 migrantes que se manifestaban en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, fueron reprimidos por la Guardia Nacional y la Policía Federal mediante el uso de mangueras de agua, gas lacrimógeno y abuso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional. El 29 de marzo se registró una manifestación al interior del centro de detención migratoria ubicado en Villahermosa, Tabasco, por los mismos motivos. Finalmente, el 31 de marzo hubo otra manifestación en la Estación Migratoria de Tenosique «a causa de la incertidumbre e insalubridad en que el INM mantiene a las personas en detención migratoria», en la que un hombre de origen guatemalteco murió y por lo menos 14 personas fueron heridas. Según testimonios de las personas sobrevivientes, «la represión fue ejercida por agentes del INM y, nuevamente, miembros de la Guardia Nacional, quienes además impidieron la evacuación de las personas para escapar del incendio al interior del centro.
Foto: José Eduardo Torres (@Chechetc) / MMMesoamericano / Archivo.
El gobierno mexicano, añadieron, ha declarado que las medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 se realizarán en un marco de respeto y protección de los derechos humanos. Asimismo, el Consejo de Salubridad General señaló que la situación de emergencia no restringe ni suspende el ejercicio de los derechos.
Enfatizaron que los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales de los que México es parte, continúan vigentes para todas las personas que habitan en el país, incluidas las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Por ello, consideraron que, debido a la especial vulnerabilidad en que se encuentran estos grupos de población, el Estado mexicano debe tomar medidas tendientes a garantizar su salud, integridad física y mental, así como la vida y las garantías jurídicas que correspondan para hacerlos efectivos.
El Consejo de Salubridad General determinó que la población en general y las autoridades en lo particular, deben dejar de realizar actividades no esenciales para la atención del contexto actual. Los operativos de control y verificación migratoria deben dejar de realizarse, sostuvieron, pues además de que impiden cumplir con las medidas de sana distancia y no concentración de más de 50 personas en un mismo lugar, como lo estableció el Consejo de Salubridad General, derivan en la detención y hacinamiento de cientos de personas.
Por todo ello, reiteraron que su «exigencia irrestricta» es que todas las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiadas privadas de la libertad en estaciones migratorias y estancias provisionales sean puestas en libertad de manera inmediata, tal como lo recomiendan la OACNUDH, OIM, ACNUR y profesionales de la salud como la OMS.
El Estado mexicano debe diseñar una estrategia de detección, canalización y atención a grupos de migrantes y personas sujetas de protección internacional con mayores condiciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas solicitantes de protección, personas con discapacidad, adultos mayores, miembros de la comunidad LGBT.
El Estado está obligado a agilizar las acciones de regularización migratoria y las solicitudes de protección internacional, evitando generar un mayor grado de vulnerabilidad y de rezago. Además, los consulados correspondientes deben apoyar y facilitar, con las respectivas medidas de protección a la salud, los retornos voluntarios de las personas que así lo deseen.
Rechazaron, además, el comunicado del INM del 1 de abril y cualquier discurso de criminalización hacia la población migrante que legítimamente defiende y ejerce sus derechos. «Hacemos énfasis en que las personas en detención han ejercido su derecho a la protesta, de asociación y libre expresión, frente a la violación sistemática de sus derechos y ante un fundado miedo de contagio del COVID-19 (…) La responsabilidad de lo sucedido en Tenosique, recae innegablemente en el INM y, en ese sentido, en el comisionado Francisco Garduño, así como las autoridades administrativas de la Estación Migratoria de Tenosique. Exigimos su destitución inmediata, la investigación de los hechos y que se finquen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Lamentablemente, no es la primer persona que muere bajo resguardo del INM.
Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. | Foto: Presidencia de la República.
«Asimismo, la Guardia Nacional es responsable de múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en las estaciones migratorias de Tapachula y Tenosique. Esta situación nuevamente pone de manifiesto lo que se ha señalado desde diversos espacios: la Guardia Nacional no debe estar involucrada en labores migratorias, mucho menos ante la debilidad crónica de los medios internos y externos de control responsables de verificar el cumplimiento de la legislación y los protocolos aplicables, en especial en materia de uso de la fuerza».
El comunicado fue hecho público con copia a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos; Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración; Andrés Ramírez Silva, coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.
Y es firmado, entre muchos otros, por Alex Mensing, defensor de derechos humanos; Alethia Fernández de la Reguera, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Ana Sandra Salinas, abogada defensora de derechos humanos; Eréndira Derbez Campos, defensora de Derechos Humanos; Ixchel Cisneros, defensora de derechos humanos; Marcial Godoy, Instituto Hemisférico Performance y Política, Universidad de Nueva York; Sandra Patargo, defensora de derechos humanos. La Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Refugiados de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México; la Coordinación Sistémica con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita; el Programa de Asuntos Migratorios de la Coordinación de Programas de Incidencia Social del ITESO. Las organizaciones, colectivos y redes Al Otro Lado; Alma Migrante; Antifaz Política; Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE); Bay Area Asylum Support Coalition (BAASC); Canticle Farm; Casa Arcoiris, Albergue LGBT+; Colectiva Sororidad Gloca; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Colectivo de Familiares de Migrantes Desaparecidos del centro de Honduras (COFAMICENH); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); ; Families Belong Together México; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Pueblo Sin Fronteras (PsF); Washington Immigrant Solidarity Network; Alianza Américas; Bloque Latinoamericano sobre Migración; Grupo Articulador del Plan de Acción de Acción Brasil, capítulo México (GAM-PAB); American Friends Service Committee; Asylum Access México (AAMX); Casa del Migrante de Saltillo; Coalición Internacional contra la Detención (IDC); Sin Fronteras I.A.P; Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem); Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano; Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura; Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, capítulos Guatemala y México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; ProDESC; Tequio Jurídico (Oaxaca); y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
Imagen de portada: Migrantes centroamericanos acampan en territorio en espera de poder entrar a Estados Unidos. | Foto: Aporrea.
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