Agustín Galo Samario / SomosMass99
México, DF. / 2 de diciembre de 2014
- La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, dijo que las marchas pacíficas son para protestar contra el gobierno ineficiente, corrupto, por la impunidad, por la injusticia.
Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados federal aprobó modificaciones a los artículos 11 y 73 de la Constitución General de la República, en materia de movilidad universal, con la que se faculta a los gobiernos federal, estatales y municipales expidan leyes que le permitirían al Estado “controlar las manifestaciones”. Una reforma, “en apariencia progresista, innovadora”, pero que puede utilizarse “como una coartada para la represión”, afirmó la bancada del partido Movimiento Ciudadano.
La iniciativa de reforma aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales permaneció congelada desde el mes de abril, pero de pronto fue subida al pleno para su discusión. Así, este martes fue avalada con 287 votos a favor de los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL, una abstención y 82 en contra de legisladores del PT, PRD y Movimiento Ciudadano.
- Con la reforma aprobada por mayoría se faculta a los gobiernos federal, estatales y municipales que expidan leyes para “controlar las manifestaciones”.
El diputado del PAN, Marcos Aguilar Vega, quien presentó la iniciativa, dijo en su exposición ante el pleno que una de las principales responsabilidades de los legisladores es perfeccionar el marco jurídico, de tal cuenta que su in tención es reconocer y proteger el “derecho humano que tenemos todas las personas a la movilidad universal”. Interés que ha motivado esfuerzos en distintos estados del país como el Distrito Federal y Querétaro, donde “proponen soluciones integrales y novedosas al problema”.
Los peros
Aleida Alavez Ruiz, del PRD, comentó sin embargo que se trataba de una reforma que llama a preocupación, toda vez que “contiene un riesgo para limitar al propio precepto constitucional que establece la garantía de libre tránsito de toda persona” y “las garantías individuales y los derechos humanos jamás se han reglamentado para su restricción, sólo se han establecido mecanismos para garantizar el libre ejercicio de un derecho constitucional”. Por tanto, añadió, “al establecer esta reforma, en donde se permitiría al Estado controlar en una ley general el derecho a la movilidad, es decir, a las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos (…) conculcaría lo previsto en el artículo primero constitucional, que establece que los derechos fundamentales no se podrán restringir ni suspender, salvo en los casos que la Constitución establece”.
- La iniciativa de reforma había estado congelada desde el mes de abril, pero de pronto le urgió al Legislativo.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, consideró inconcebible que la Cámara de Diputados le dé tanta celeridad a esta reforma. Preguntó: “¿Por qué publicitar este dictamen ahora, cuando el mismo fue aprobado desde el mes de abril de este año y que ustedes mismos tenían en la congeladora?”. Más aún, agregó, “si ustedes quieren legalizar la represión de las protestas, háganlo, pero no cuenten con Movimiento Ciudadano”. “Si a ustedes les afectan las marchas pacíficas de miles de ciudadanos en protesta a su gobierno ineficiente por sus actos de corrupción, por la impunidad, por la injusticia, disculpen la molestia que nosotros, los compas, les ocasionamos, al defender a nuestro país. Entiéndalo de una vez, los mexicanos no necesitamos más reformas autoritarias y de represión”.
El diputado del PT, Ricardo Cantú Garza, advirtió a su vez que bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de ella derivarían pueden servir para limitar el derecho a la libre manifestación y a protestar en contra del gobierno, o contra cualquier tipo de poder o autoridad.
“Quienes nos hemos formado en la lucha social a lo largo de muchos años, sabemos que en ocasiones las manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero que de no ejercer nuestros derechos constitucionales, tema de gran relevancia nacional, podrían quedar opacados y en la impunidad los actos reclamados. El reciente caso del secuestro, desaparición forzada y probable asesinato de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa nos demuestra que a 10 semanas de este acto criminal, si millones de mexicanos a lo largo y ancho del país no nos hubiéramos movilizado exigiendo la presentación con vida de estos jóvenes, tal vez las autoridades permanecerían sin hacer nada”.
Ricardo Mejía Berdeja, también de Movimiento Ciudadano, “esta ley, en apariencia progresista, innovadora”, bien podría ser “una coartada para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la Constitución Política del país”.
Hoy México vive una crisis económica, añadió, cuando analistas han ajustado la meta de crecimiento económico del 2.3 al 2.19; cuando el precio del barril de petróleo está en declive; cuando hay encuestas que demuestran que “el 91 por ciento de los líderes del país reprueban el manejo en el tema de la corrupción al presidente” y “la calificación desciende hasta 3.1 para el presidente, entre los líderes”, “introducir una reforma en el tema de movilidad que pueda utilizarse para frenar el descontento social es un tema que no podemos acompañar”.
Al final, además de Marcos Aguilar, ningún otro diputado del PAN o del PRI, PVEM y PANAL subió a tribuna para argumentar en pro del dictamen. Al final, el sistema electrónico registró 287 votos a favor, una abstención y 82 en contra. “Es mayoría calificada, presidente”, dijo la diputada secretaria Magdalena del Socorro Núñez Monreal.
La reforma pasará ahora al Senado, como cámara revisora.
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