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Alicia Blanco / Pressenza
Miércoles 5 de octubre de 2022
En la madrugada de hoy (por martes 4de octubre), por orden del Ministerio de Seguridad Nacional, un “comando unificado” integrado por fuerzas federales de prefectura, gendarmería y policía federal con colaboración de la policía provincial de Río Negro, avanzó por tierra y aire sobre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Lago Mascardi.
250 efectivos fuertemente armados, enfrentados a una comunidad de 30 personas, incluidos los niños. Para desarrrollar la operación y evitar el acceso de otras comunidades y la prensa, los accesos por tierra fueron inmediatamente cerrados.
Al momento de esta publicación, se denuncia la detención de 8 mujeres mapuche –entre ellas una embarazada y la machi Betiana Coluan Nahuel–, 3 hombres y cinco menores –2 de ellos bebés– mientras otros niños y adolescentes son perseguidos por el bosque próximo.
La situación es difundida a través de las redes sociales con angustiosos pedidos de denuncia y ayuda por parte de las comunidades hermanas, que ven repetirse situaciones como las que terminaron con la vida de Rafael Nahuel en noviembre de 2017 –en el mismo Lago Mascardi– y Elías Garay en 2021.
El operativo desplegado responde a un pedido de apoyo nacional por parte del gobierno de la provincia, después que la semana pasada se produjera el incendio en la zona de un puesto de gendarmería, inmediatamente atribuido sin ningún fundamento a “grupos mapuche”. El verdadero conflicto es el de la lucha de ese pueblo por vivir en su territorio ancestral, frente a un sector de la sociedad que dice defender una soberanía nacional supuestamente amenazada, mientras despliega sus recursos en los medios de difusión y la “justicia”, para garantizarse la propiedad de esas tierras.
“Donde quiera que pretendamos recuperar tierras, hay conflicto”, dice Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, en declaraciones radiales. “Así vayamos a hacer un retorno a nuestro territorio en el medio de las piedras, siempre dicen ‘¿y por que acá?’ ¿Y adónde quieren que vayamos a vivir? ¿A la luna? ¿A Marte? ¡Este es nuestro territorio ancestral! ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos retornar a nuestro territorio?”
“El derecho indígena no lo traemos dentro del bolsillo: son normativas constitucionales que jamás se han aplicado. En la reforma de la constitución del 94, el Estado se comprometió a la entrega de tierras aptas y suficientes, pero eso nunca sucedió, y las minorías vulneradas tenemos que luchar por nuestros derechos”.
Consultado sobre la titularidad que reclaman empresarios locales sobre algunas de esas tierras, dice:
“Y sí, los terrenos están a nombre de otras personas porque cuando se usurpan nuestros territorios se les entrega la propiedad fácilmente. Nosotros estamos peleando desde hace años por una ley de propiedad comunitaria. ¡Años! En cambio, la pide cualquier empresario y de la noche a la mañana tiene la propiedad de la tierra. No se si tienen una escritura, pero ¿cómo nadie investiga cómo es que esta gente se hace de propiedades dentro de Parques Nacionales?”
El lonko también expresa su indignación ante la prensa que los acusa impunemente, como sucedió con el reciente incendio del puesto de gendarmería:
“Infobae lo dijo claramente: ‘Mapuches incendiaron puesto de gendarmería’. Nos llevó a un juicio express, hizo de juez, de fiscal, de querellante, y dictaminó que nosotros lo habíamos incendiado. Y digo nosotros porque cuando hablan de mapuche nos hacemos cargo todos, por tanto a mí me acusaron de que haber incendiado eso. Nunca se demostró que fuera la lof Winkul. Claro que el puesto está cerca, pero no significa que la lof lo prendió fuego. Dijeron que era la RAM, que eran narcotraficantes…”.
Y reclama:
“¿Les parece justo? ¿No les parece que es mejor informar para que la gente pueda discernir?”
Mientras tanto, la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, manifestó su apoyo expresando entre otras cosas: “Como ya hemos reiterado, la vía de solución de este conflicto y de tantos otros existentes en nuestro país con los pueblos originarios es el diálogo, como indica el Convenio 169 de la OIT y no la criminalización de los mismos.”
También apoyaron la Gremial de Abogados, movimientos sociales y sindicales.
Foto: Euge Neme/AlMargen / Pressenza.
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