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Peoples Dispatch
Lunes 17 de julio de 2023
El poder judicial de la provincia argentina de Jujuy, el miércoles 12 de julio, ordenó el arresto de más de 40 personas, que participaron en una marcha masiva en la ciudad de Humahuaca el 30 de junio. La marcha fue organizada en rechazo a las reformas a la Constitución Provincial, promovidas por el gobernador conservador Gerardo Morales del partido derechista Unión Cívica Radical.
Según informes de organizaciones provinciales de derechos humanos, la policía local allanó los domicilios de al menos 22 miembros de diferentes organizaciones sociales y sindicatos, y detuvo a tres personas: dos trabajadores municipales y un estudiante. Los medios locales informaron que se les pidió que fueran con los oficiales para escuchar las acusaciones en su contra, pero luego fueron arrestados de inmediato. En muchos casos, las familias no recibieron ninguna información sobre el paradero de los arrestados durante horas.
Mientras tanto, organizaciones provinciales de docentes y estudiantes condenaron el ingreso ilegal de la policía a la Universidad Nacional de Jujuy. La policía ingresó al campus sin autorización, aparentemente para conocer las decisiones del Consejo Superior de la universidad con respecto a la nueva constitución. La universidad rechazó la medida, destacando que viola su autonomía y libertad académica. Al mismo tiempo, las organizaciones estudiantiles señalaron que las instituciones educativas son zonas libres de armas y que el ingreso no autorizado de policías armados está prohibido por la constitución argentina.
La denuncia contra los manifestantes fue presentada por miembros del Concejo Municipal de Humahuaca y las órdenes de allanamiento y captura en su contra fueron solicitadas por el fiscal Enrique Alancay. Estas medidas represivas del gobierno provincial fueron rechazadas por organizaciones de derechos humanos de todo el país, que expresaron su preocupación por el respeto de los derechos humanos en la provincia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que todos los acusados fueron acusados de «delitos graves como sedición y privación de libertad para garantizar que sean detenidos y que (las acciones legales) generen miedo».
Imagen: Resumen Latinoamericano.
La organización agregó que «la persecución está dirigida a manifestantes, líderes sociales, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos» y destacó que «la criminalización de la protesta no solo afecta a las personas perseguidas y detenidas, sino que también busca limitar el derecho a manifestarse y silenciar a quienes se oponen a las políticas del gobierno de Jujuy».
«Ante el aumento del hostigamiento por parte del gobierno de Morales, el jueves 13 de julio, cientos de personas volvieron a las calles de Jujuy para exigir la abolición de la nueva Constitución y la liberación de las personas detenidas el día anterior. Se manifestaron bajo la bandera de «Exigimos que cese la persecución de los compañeros de lucha. Arriba nuestros derechos, abajo la reforma».
Desde el 5 de junio, el pueblo de Jujuy se ha manifestado pacíficamente por mejores salarios para los maestros de escuela. El 14 de junio, comunidades indígenas, organizaciones sociales y otros sectores de la población se unieron a su lucha, pidiendo también el retiro de las reformas a la Constitución Provincial, que fueron aprobadas el 15 de junio sin la necesaria consulta previa con los ciudadanos. El pueblo de Jujuy ha rechazado enérgicamente la nueva Constitución, calificándola de «inconstitucional» y «regresiva».
La nueva constitución de Jujuy prohíbe el bloqueo de calles y carreteras y penaliza cualquier otra perturbación al derecho a la libre circulación de personas. Las organizaciones provinciales de derechos humanos han dicho que indirectamente criminaliza el derecho a la protesta. Además, la nueva constitución no reconoce los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, y promueve la provincialización de los recursos naturales como la tierra y el agua. Los movimientos indígenas y las organizaciones sociales han condenado la Constitución por permitir el desplazamiento de las comunidades indígenas que habitan territorios ricos en recursos y por negarles sus derechos colectivos a tierras y territorios ancestrales.
El descontento popular ha aumentado debido a la brutal represión policial contra los manifestantes. Es importante señalar que la policía de Jujuy reprimió violentamente la manifestación en Humahuaca el 30 de junio, dejando decenas de personas gravemente heridas, y algunas perdieron la vista.
Imagen de portada: El 13 de julio, cientos de personas volvieron a las calles de Jujuy, Argentina, para exigir la abolición de la nueva constitución provincial y la liberación de las personas detenidas el día anterior. | Foto: Edgardo Valera / Télam.
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