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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Soberanía, dice el Diccionario de la Real Academia Española en su tercera acepción referente a lo nacional, es “la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. Soberano, indica el mismo libro, es el “que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente”.
Luego de pasar por el Senado de la República, el pleno de la Cámara de Diputados federal aprobó ayer la minuta enviada por la presidencia de la República con la que se reforma y adiciona la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La votación fue dividida, 288 votos a favor por parte de legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal contra 82 en contra de Morena, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, más nueve abstenciones.
Con estas modificaciones se da el aval para que agentes extranjeros de migración, aduanales y de seguridad puedan portar armas cuando se internen en México y vengan con un visitante distinguido, como un jefe de Estado o de Gobierno, o de un funcionario de alto nivel. Con permisos de seis meses, que podrán revocarse en cualquier momento, y que en cualquier caso serán otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional a partir del principio de reciprocidad.
Casi como las reformas estructurales, esta iniciativa del Ejecutivo federal estaba destinada a caminar con buena suerte, como se vio a su paso por el Senado de la República. Nadie es tan ingenuo como para pensar que las bancadas del PRI, PAN, PVEM y Panal, que en conjunto forman una sobrada mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, iban a modificar y menos a rechazar una propuesta de tal naturaleza dictada desde Los Pinos.
Esta reforma, se explica con claridad desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, permitirá “fortalecer la cooperación aduanera con los principales socios de México”; reducir costos y tiempos de las operaciones aduaneras; incentivar el turismo e incrementar el número de visitantes internacionales al país; e impulsar la inversión, al contar con un mayor número de aeropuertos que puedan ser destino u origen para los viajes de negocios.
En esa información destaca sobremanera un dato: los cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que autorizan la entrada al país de agentes extranjeros armados hacen posible “otorgar más garantías para la protección de los jefes de Estado, ministros y altos funcionarios de otras naciones”. Las negritas corren por cuenta mía, no lo que ello significa.
Lo dicho por el Diccionario de la Real Academia Española dicho está y no pasa nada, si se quiere, sobre todo ahora que los regionalismos, nacionalismos y otros ismos están en desuso y hasta bajo menosprecio. Lo que dicta la Constitución General de la República, en cambio, es mandato legal. En la primera línea de su Artículo 39, capítulo I relativo a la Soberanía Nacional y Forma de Gobierno, indica que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Y establece, en el Artículo 41, que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores”. ¿Será que el Estado mexicano se reconoce incapaz de brindar protección a sus visitantes distinguidos y que necesita ayuda? ¿Alguien habrá renunciado de sus responsabilidades y obligaciones?
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