Asesinados 45 activistas en dos años en México

La Red considera que la respuesta gubernamental ha estado marcada por la inacción del Estado y por criminalización y estigmatización por parte de los tres niveles de gobierno y del sistema de procuración de justicia en contra de la labor de las personas activistas que defienden el territorio de sus comunidades ante mega proyectos de infraestructura y de minería, el agua y el medioambiente, así como los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, entre otros.

Isaac Medardo Herrera Avilés, ambientalista asesinado en marzo de 2020 en Morelos. | Foto: Archivo.

La Red TDT encontró que los activistas se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales.

“Los principales actores que buscan desacreditar y/o menoscabar la defensa de los derechos son las autoridades en sus tres niveles de gobierno, quienes a través de declaraciones o notas periodísticas, señalan a personas y organizaciones de tener ‘intereses ilegítimos’ o ‘estar financiados’ por opositores. Se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo una lógica de apoyo o no a la política federal y, en especial, a megaproyectos insignia”.

En cuanto al uso del sistema de justicia penal contra las personas defensoras, la Red documentó pruebas infundadas, acusaciones sin fundamento, testigos falsos, múltiples carpetas de investigación por persona defensora, el abuso de tecnicismos jurídicos y la utilización de la ambigüedad de la ley para detener y encarcelar personas defensoras, además, se caracterizan por ser procesos largos y tortuosos que buscan causar agotamiento de las personas judicializadas.

El informe completo se puede leer aquí.

Con información y foto de portada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.