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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 28 de agosto de 2020
En una sociedad de clases, la clase dominante crea una estructura «legal» y «jurídica» que le permita mantener y reproducir las condiciones bajo las cuales ejerce su dominio.
En nuestro país, muestra de ello son muchas de las modificaciones a la Constitución y otras leyes, para dar visos de legalidad a las acciones de la clase dominante y de esa manera construir un «estado de derecho» y una «democracia» a su modo, para asegurar su permanencia en el poder y el control del resto de la sociedad. Ello sucede en todos los aspectos de la vida. Ejemplos, tenemos muchos, sobre todo los que proliferaron durante los gobiernos neoliberales (1982-2018).
Un aspecto importante en el que ponen especial atención quienes ejercen el poder es el ideológico. Mediante el control ideológico nos han impuesto la visión de que vivimos en un régimen democrático, en el que por el hecho de acudir a las urnas cada tres o seis años, participamos en la vida política y en las decisiones que marcarán el rumbo de nuestras comunidades, regiones o del país.
En esa «democracia» juegan un papel importante los partidos políticos, dado que la existencia y «participación» de una amplia variedad de estas organizaciones son una característica de tal democracia, y en cierto modo la definen. De ese modo los partidos políticos, o la mayoría de ellos, se convierten en mecanismos del sistema y su función es preservarlo.
La imposición de tal visión lleva a la inmovilidad y la subordinación ante una minoría que detenta el poder y desde ahí establece las condiciones a que ha de ceñirse la sociedad, su «estado de derecho», y mantiene un estado de cosas en el que todas las ventajas son para esa minoría.
En nuestro país, la ley electoral otorga ciertas prerrogativas económicas a los partidos políticos, mediante financiamiento público, que se supone es para evitar la presencia e injerencia de intereses privados, y establece reglas que lesionan la autonomía que, también se supone, deben tener esas organizaciones, las que debieran regirse por la voluntad de sus miembros, estatutos y programas. Sin embargo, en la práctica se ha visto que la presencia e injerencia de intereses privados en los partidos políticos, y en las elecciones, ha sido una constante y elemento inseparable de muchos fraudes electorales.
En este contexto, Morena, partido político que se conformó con el concurso de miles de ciudadanos inconformes con la conducción del país y fue un factor de peso para el triunfo de López Obrador en la elección presidencial del 1 de julio de 2018, debido a la presencia de personajes y grupos provenientes de otros partidos que se incrustaron en posiciones clave, padece contradicciones que le han impedido organizarse adecuadamente.
Ello derivó en que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que el Instituto Nacional Electoral realice una encuesta entre militantes y simpatizantes de Morena parea elegir a sus dirigentes. De esa manera, cualquiera que se diga simpatizante de ese partido podría participar e incidir en la conformación de su dirigencia. Como si no fueran suficientes los problemas internos emanados de la forma en que se constituyó, ahora, desde afuera y con fundamento «legal», quieren agudizar sus contradicciones para ayudarle a bien morir.
El hecho de que un organismo del Estado, por muy independiente que sea, tenga atribuciones para inmiscuirse en la vida interna de los partidos, es sinónimo de control y una vigilancia para que no se salgan del cauce que les impone el sistema y en algún momento representen un peligro para el estado de cosas vigente.
El peligro de que el Estado se inmiscuya en la vida interna de Morena puede conducir a su neutralización o desaparición como fuerza política, que también pudiera ser el objetivo de los infiltrados, y preparar el terreno para recuperar el gobierno federal en las próximas elecciones, con vías a restaurar el neoliberalismo, corregido y aumentado.
La existencia de muchos partidos políticos en una sociedad, más que síntoma de democracia es indicativo del control político e ideológico que ejerce el sector dominante, mediante la dispersión y distorsión de «opciones», cuando en realidad solamente existen dos: la que representa los intereses del grupo dominante y la que contiene los intereses y aspiraciones de los dominados.
Por ello los pueblos, y el mexicano no es la excepción, se esfuerzan por la construcción de organizaciones que representen los intereses de la mayoría, para tener acceso a una vida digna. Sin embargo, no basta la mera existencia de muchas organizaciones políticas que digan representar los intereses de esa mayoría; es necesario que conformen una fuerza política capaz de oponerse a la del grupo dominante y disputarle el poder.
Ello implica desplegar esfuerzos en los planos teórico e ideológico, luchar contra vicios y desviaciones como el oportunismo, sectarismo, dogmatismo, reformismo, economicismo, aventurerismo, y otras presentes en el ambiente político, en busca de la unidad necesaria en torno a un programa común que permita la construcción de un país mejor.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: La Izquierda Socialista.
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