SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes de 28 julio de 2015
La Constitución Mexicana en su artículo 20 establece que la justicia penal tiene 4 propósitos: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esto aplica para cualquier delito y en caso de delitos socialmente relevantes esos propósitos deberían acentuarse.
Hace un par de día se cumplieron diez meses de sucedidos los hechos de Iguala, Guerrero donde murieron seis personas, tres de ellos normalistas, 20 personas fueron heridas y 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos. Han sido trescientos días de constante exigencia de resultados, pero en ¿qué medida se han cumplido los propósitos arriba señalados?
El siete de noviembre de 2014 el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presentó lo que hasta ahora es la versión oficial de lo había sucedido con los normalistas. Los 43 estudiantes fueron asesinados y posteriormente quemados en el basurero de Cocula por el grupo delictivo Guerreros Unidos; sustentaba su explicación en declaraciones de tres detenidos y pruebas periciales. El mismo Procurador insistió que el caso no estaba cerrado pero en realidad hasta el día de hoy no conocemos nuevas investigaciones que apunten en una dirección distinta.
Las familias de los desaparecidos nombraron el 4 de octubre de 2014 al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como peritos independientes en la investigación que lleva la Procuraduría General de la República (PGR). Este grupo, el 11 de noviembre (http://bit.ly/1Inq5f8), afirmo categóricamente que hasta el momento, no han habido identificaciones entre los restos recuperados en las 3 localidades mencionadas [Cerro Viejo, La Parota y Basurero de Cocula así como a la orilla del Río San Jua]) y los 43 normalistas.
El 24 de noviembre el mismo (EAAF) informó (http://bit.ly/1Ku1dsF) que acompañó el traslado y la entrega de una selección de muestras óseas provenientes del basurero y vera del río de la localidad de Cocula, Guerrero, al laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria. Los restos fueron llevados a dicho laboratorio pues era el único con capacidad técnica para analizarlos dado el grado de deterioro que presentaban. A la postre, el 7 de diciembre, supimos que uno de los restos pertenecía al estudiante Alexander Morales Venancio y que los demás restos seguían en estudio. A la fecha no conocemos más resultados.
El 7 de febrero de 2015 en el último comunicado emitido por el EAAF (http://bit.ly/1zs3ol7) plantea, entre otras, las siguientes conclusiones:
- El EAAF desea reiterar que esto [restos encontrados en el basurero que pueden no corresponder con los estudiantes] no excluye la posibilidad de que algunos de los normalistas hayan corrido la suerte señalada por la PGR; aunque aún, en nuestra opinión, no hay evidencia científica al respecto en el basurero de Cocula.
- La investigación sobre Ayotzinapa no puede darse por concluida toda vez que aún falta procesar una cantidad importante de evidencia tanto por los peritos de la PGR como del EAAF. Se necesita mayor tiempo de análisis de los restos óseos y toda evidencia asociada a ellos. Esta tarea llevará varios meses más de trabajo.
En razón de la relevancia del caso y las dificultades para que la PGR esclarezca satisfactoriamente los hechos, las familias de los desaparecidos y las organizaciones civiles que las acompañan, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formar un grupo de expertos internacionales para cooperar en la investigación de las desapariciones. Esta solicitud fue retomada por este órgano y con el acuerdo del gobierno mexicano dicho equipo empezó a funcionar a partir de marzo pasado.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su última comunicación pública (http://bit.ly/1GL4NHu) del 29 de junio, presenta puntos de vista como los siguientes:
- A 9 meses de los hechos, los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos.
- Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos.
- Desde que comenzó su mandato, el GIEI ha hecho más de cien peticiones de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación. Dada la complejidad y la amplitud de las mismas, se ha establecido un sistema para verificar el cumplimiento de dichas solicitudes. Hasta ahora se ha cumplido un 30% de forma completa, un 24% de forma parcial y un 47% aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR. La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo en el tiempo establecido.
El mandato del GIEI es de 6 meses y concluye los primeros días del mes de septiembre. De acuerdo con su último comunicado se puede decir que aún estamos lejos de una repuesta clara, objetiva y sustentada a la pregunta de ¿qué paso en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014?
Por último el 23 de julio último la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Estado de la investigación del caso Iguala (http://bit.ly/1TUs17e), dando cuenta de su trabajo aún parcial. Ahí plantea un conjunto de 32 observaciones y propuestas dirigidas a la PGR (26), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (3), la Fiscalía del estado de Guerrero (2) y al Municipio de Iguala (1).
El mismo documento en la parte final asevera. Los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 necesitan ser totalmente esclarecidos y todos los responsables, independientemente de su modo de participación, sancionados en los términos que establecen las leyes… Para este Organismo Nacional la investigación sobre el “Caso Iguala” no ha concluido.
Hace más de 8 meses que el entonces Procurador Murillo Karam, presentó su explicación sobre la desaparición de los normalistas. Cuando menos tres grupos de expertos diferentes muestran que la conclusión oficial es insostenible y que la PGR está muy lejos de esclarecer los hechos y por ende mantiene insatisfechos los otros objetivos que la constitución le marca a la justicia.
¿Qué hará diferente la nueva Procuradora para cumplir con el mandato constitucional y satisfacer con el reclamo de las familias y de la sociedad?
@edgarcortezm
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