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Silvia Adoue/ Contrahegemonía
Martes 17 de enero de 2023
Los acontecimientos del domingo 8 de enero, con toda la espectacularidad de la destrucción de las sedes de los llamados tres poderes de la república, en Brasilia, pueden ser leídos como un mensaje mafioso. La masa bolsonarista que se movilizó de manera coordinada en la víspera, y que venía cebándose durante meses en los campamentos junto a los cuarteles y bloqueos de rutas, pretendía una intervención militar, la anulación de las elecciones que dieron el triunfo a la coalición encabezada por Lula-Alckmin, el retorno de Bolsonaro a la presidencia. Pero no bastaría la voluntad de esa masa, ni el patrocinio de sectores del agronegocio para garantizar la logística. Los resultados a los que llegaron no se habrían alcanzado sin la protección de las policías y las fuerzas armadas, cuyos servicios de inteligencia no podían ignorar tal articulación[1].
El nuevo gobierno dio señales de que retiraría de las manos de las fuerzas armadas el control de algunos organismos del Estado. Así, perderían parte del terreno ganado durante los últimos cuatro años. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), por ejemplo, entregados a los militares, fueron neutralizados en su papel fiscalizador durante el gobierno de Jair Messias Bolsonaro. Los efectos fueron particularmente sensibles en la región amazónica, la más dinámica en el avance del extractivismo de commodities minerales, insumos para la industria 4.0[2]. La militarización de la Amazonia brasileña a partir de la dictadura iniciada en 1964 ganó nueva intensidad durante el último gobierno. Lo que liberó la acción de la mano ilegal del Estado, para lanzar nuevas áreas al mercado de tierras para uso flexible, integrándolas rápidamente a las cadenas de acumulación.
Ya durante el comienzo de los primeros años de la década del 80, cuando la transición de la dictadura para lo que se llamó Nueva República, había un acuerdo tácito a propósito del control de las fuerzas armadas sobre los recursos de los territorios amazónicos y sus negocios. Pero el último mandato tornó la Amazonía un territorio de excepción, con áreas liberadas para la operación de milicias incendiarias y minería ilegal.
Hubo una operación sobre el funcionamiento del Estado y su marco legal de desmonte de lo que se consensuó en la Nueva República. Lo que hizo que la transición de gobierno tuviese tanta relevancia, con características semejantes a lo que fue la transición de la dictadura para un gobierno civil, involucrando el amplísimo frente que apoyó la candidatura de Lula-Alckmin, siendo el vicepresidente, Geraldo Alckmin, el garante de el consenso del gran capital. Pero las fuerzas armadas no participaron activamente de esas tratativas.
Las señales dadas por el nuevo presidente durante la jornada de asunción del nuevo gobierno fueron bastante claras[3]. No hubo mención a las fuerzas armadas en ninguno de los dos discursos de Luiz Inácio Lula da Silva: frente al congreso, y frente a la multitud reunida frente al Palacio del Planalto. Caminó rápidamente y con descuido en la ceremonia de pasar revista a las tropas de las tres fuerzas, siendo corregido varias veces por el jefe de ceremonial para que siguiese el protocolo de saludos. El destaque que dio a la constitución del Ministerio de los Pueblos Indígenas y el nombramiento de Sonia Guajajara, una de las líderes de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), para la cartera, debe de haber tenido también el efecto de una cachetada para los militares, quienes juzgaban haber recuperado la tutela directa sobre los territorios indígenas, perdida en la transición de la dictadura. Al mismo tiempo, el nombramiento de José Múcio Monteiro para el ministerio de Defensa, un civil que tiene vínculos con las fuerzas armadas, y que declaró que no reprimiría los campamentos bolsonaristas frente a los cuarteles, indica que hay disposición para acuerdos con las mismas. Los gestos de Lula pretenden negociar desde una posición de fuerza.
Las fuerzas armadas no se han quedado atrás. Los acontecimientos del domingo 8 de enero en Brasilia no habrían ocurrido sin la anuencia de las mismas. Y la necesaria participación directa del gobierno y de la secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ambos declaradamente bolsonaristas. El mensaje, en esta mano del truco, es: “podemos hacerles la vida imposible”, “podemos tornar este país ingobernable”.
El actual gobierno no podía no saber lo que se preparaba. Las señales estaban a la vista. Los grupos de extrema derecha preparaban algo grande en Brasilia, con decenas de ómnibus fletados desde diferentes regiones del país. El presidente Lula optó por venir a esta ciudad, de Araraquara, en el interior del estado de San Pablo, gobernada por el Partido de los Trabajadores, para atender la situación ocasionada por fuertes y copiosas lluvias de diciembre que afectan la región sudeste del país. Para eso, se desplazó, en pleno domingo, con su esposa y con el ministro de las Ciudades y el de Integración Regional, ostensivamente vestidos con chaleco para la actuar en medio de un desastre[4]. A pesar del impacto que produjo la muerte de seis personas de la misma familia, al caer su auto en un cráter de una avenida, oculto por la inundación, a finales de diciembre, no hubo otros efectos igualmente intensos en la ciudad. Fue desde Araraquara, y ladeado por los dos ministros, que Lula se dirigió al país, sobre la destrucción operada en las sedes de los tres poderes en Brasilia, decretando la intervención civil del gobierno del Distrito Federal. El escenario presentaba a Lula y su gobierno, en pleno feriado, trabajando por la reconstrucción. Mientras una turba, con la complicidad del gobierno del Distrito Federal, destruía el corazón de la República. Los gestos de unos y otros eran espectaculares.
Rápidamente, los gobernadores de estado, aun los confesadamente bolsonaristas, deslindaron responsabilidades de la destrucción. El propio Bolsonaro, desde Orlando, donde también está el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, también lo hizo.
El grueso de la izquierda brasileña convocó manifestaciones ”en defensa del Estado democrático” de derecho y contra la amnistía a los crímenes cometidos durante el gobierno anterior. Algunos llamaban a movilizarse contra la ”ultraderecha fascista”. El problema es quién le pone el cascabel al gato, ya que no proponían ninguna acción práctica. En última instancia, el enfrentamiento a la acción directa de la derecha sólo podría ser realizado por las instituciones del Estado, y contando con las fuerzas de seguridad que ya habían mostrado anuencia y simpatía por los campamentos bolsonaristas y las caravanas que culminaron en la destrucción de los predios en Brasilia. El ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes está demostrándose proactivo en la represión a los que realizaron la destrucción. El congreso ha votado a favor del decreto de intervención del Distrito Federal. Después de la complicidad de las fuerzas de seguridad de la capital, que han querido disfrazar de incompetencia, hubo más de 1500 detenciones en Brasilia. Y se instauran investigaciones penales para los participantes que se han identificado con cierta facilidad, ya que ellos mismos se han incriminado divulgando sus acciones en las redes sociales. También se investigan los empresarios patrocinadores de la caravana y los campamentos. Pero nada se hace con relación a las fuerzas armadas, que han protegido a los acampados frente a sus cuarteles durante los últimos meses.
Los únicos que han actuado directamente contra los bloqueos de ruta en algunos puntos del país han sido las hinchadas organizadas de los clubes de fútbol[5] y, en un caso específico, los trabajadores de un astillero en el litoral de Río de Janeiro[6]. Fuera de esas iniciativas, en ningún momento los movimientos y organizaciones populares han llamado a la acción directa contra la ultraderecha, con el argumento de que sería aceptar la provocación de los fascistas y contribuir para la guerra civil abierta y el caos.
Detrás de esas acciones de una ultraderecha con una base extendida en la sociedad están las fuerzas armadas y sus exigencias frente al nuevo gobierno. En febrero de 2022, el propio vicepresidente Hamilton Mourão lanzó el “Proyecto de Nación-2035”[7]. Las formas republicanas se han demostrado vaciadas para atender las necesidades dinámicas de las cadenas de acumulación. Y las fuerzas armadas se proponen a jugar un nuevo papel como garantes de la explotación extractiva en América Latina[8]. Creo que es necesario ver los acontecimientos del domingo 8 de enero como parte de esos reacomodamientos.
Notas:
[1] https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2023/01/11/mapa-online-onibus-brasilia-ato-golpista-8-janeiro-preparacao-confronto.htm
[2] Ver el estudio de Maria Orlanda Pinassi y Gisele Sinfroni: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/10/30/en-dos-compases-para-el-abismo/
[3] https://contrahegemoniaweb.com.ar/2023/01/04/asume-lula-en-medio-de-grandes-expectativas-se-podran-satisfacer/
[4] https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2023/01/08/lula-visita-araraquara.ghtml
[5] https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/11/01/orientacao-para-furar-bloqueio-foi-passada-para-organizadas-que-vao-viajar.htm
[6] https://www.esquerdadiario.com.br/Trabalhadores-mostram-o-caminho-pra-enfrentar-os-bloqueios-bolsonaristas
[7] https://sagres.org.br/artigos/ebooks/PROJETO%20DE%20NA%C3%87%C3%83O%20-%20Vers%C3%A3o%20Digital%2019Mai2022.pdf
[8] https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/11/12/hacia-un-nuevo-papel-para-las-fuerzas-armadas/
Foto de portada: ALAI.
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