«Borrón y cuenta nueva es enterrar la verdad, la justicia»

Pero la posibilidad de lograr esos objetivos «se complica con dos propuestas recientes del nuevo gobierno: los anuncios de “punto final”o “borrón y cuenta nueva” ante casos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos cometidos por las administraciones anteriores, y la creación inminente de la Guardia Nacional». Porque hacer “borrón y cuenta nueva” frente a la corrupción y violaciones a derechos humanos del pasado supone mantenerlas en la impunidad, hacer infructuoso cualquier esfuerzo en pos de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos». Y la creación de la Guardia Nacional implica elevar a rango constitucional la militarización permanente del país, lo cual contribuye al recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos contra civiles, no a la construcción de paz.

«La indefensión»

Araceli Rodríguez sostuvo: «Efectivamente, borrón y cuenta nueva es enterrar la verdad, la justicia (…) Dar borrón y cuenta nueva es de un Estado fallido, de un Estado de inacción e indefensión, porque no pueden ser juzgadas las personas que como funcionarios en el pasado castigaron a nuestras familias, inundándonos en el abismo de la incertidumbre y la agonía. Son miles de casos, y no sólo de asesinatos y desapariciones».

Recordó también que en el encuentro celebrado el año pasado en el Centro Cultural Tlatelolco, Andrés Manuel López Obrador no habló del «punto final» o del «borrón y cuenta nueva». «Para nosotros, las miles de familias, que él tomara el cargo de presidente (…) fue una luz de esperanza, una luz de verdad, de justicia, de memoria, de reparación y de medidas de no repetición. (Pero) con esta frase a nosotros nos mete en un estado de indefensión (…) y esto nosotros no lo queremos, nosotros queremos tener verdad y justicia. Nosotros no queremos que quede enterrada (la verdad) bajo tierra como quizás están enterrados miles de los nuestros que ahora buscamos y que no vemos en casa de regreso».

Andrés Manuel López Obrador durante el encuentro con familiares de desaparecidos en el Centro Cultural Tlatelolco. | Foto: SomosMass99.

El abogado Miguel Moreno, de Arantepacua, Michoacán, dijo que es increíble lo que se puede vivir en lugares escondidos del país donde los medios de comunciación no dan a conocer lo que sucede. Lo que sucedió en Arantepacua demuestra la gran incapacidad política del gobierno del estado de Michoacán y altos funcionarios que no han sabido sacar adelante a su gente, y cuando las personas llegan a un hartazgo de la situación económica que padecen, entonces las tratan de pisotear. Eso no es justo. Cuando gusten lean, por favor, les va a sorprender lo que es capaz un gobierno de hacerle a gente tan humilde que no tiene nada que ver con situaciones políticas ni de crimen organizado ni nada por el estilo.

El 5 de abril de 2017, consideramos todos los compañeros de la comunidad indígena de Arantepacua, que es uno de los días más oscuros de la historia de nuestro estado. Y yo lo pido porque muchos de los medios de comunicación de Michoacán se quedaron callados, simplemente no abrieron la boca (…) Se saca provecho de las culturas indígenas para muchos efectos turísticos, pero por el otro lado los tienen en la total marginación.

Aquel día, más de 400 policías estatales y ministeriales, con apoyo de dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, irrumpieron en esa comunidad y desataron una balacera que se prolongó por más de una hora. El saldo fue de un comunero muerto y 12 detenidos.

Moisés Hernández, del Comité de Víctimas del 19 de junio de 2016 de Nochixtlán, Oaxaca, comentó a su vez que hasta ahora no se ha castigado a los responsables de los hechos en que policías estatales y federales dispararon contra pobladores y maestros que mantenían bloqueada la carretera Oaxaca-México en protesta por la reforma educativa, operación que dejó saldo de ocho personas muertas, y que tampoco ha habido justicia para las viudas y huérfanos.

«Las propuestas del gobierno actual, la verdad, a mí me suenan algo inhumano. Cuando él (López Obrador) dice borrón y cuenta nueva no estamos de acuerdo, porque al aceptar eso es decir ahí murió todo y no pasó nada. Lo que nosotros queremos es justicia para nuestros compañeros y ver a esas personas tras las rejas pagando su culpa, porque directamente fue el Estado, el gobierno federal, municipal, los que ordenaron para que eso pasara aquel día domingo en Nochixtlán. Desde aquí decimos que no, que no haya una víctima más, que no haya repetición y (sí) reparación de daños. Nosotros no vamos a aceptar eso que dice el gobierno de borrón y cuenta nueva», afirmó.

Las propuestas

Edgar Cortez, del IMDHD, explicó que la propuesta para una Comisión de la Verdad tiene como aspectos clave la necesidad de creación de una comisión que permita reconstruir desde las víctimas lo que ha pasado a lo largo de un extenso periodo de historia del país, en donde en muchas ocasiones la voz de las víctimas ha sido silenciada y se les ha impedido contar su versión, y donde se ha negado oficialmente esta crisis y la responsabilidad de las instituciones.

Por eso se propone una comisión sobre dos periodos, uno que abarque de 2006 a la fecha sobre toda la violencia y todas las víctimas que se han generado a partir de esta guerra contra el narcotráfico. Es claro que este periodo que ha tenido un alto costo social hay que vincularlo con el segundo periodo, que hemos llamado el de la violencia política con numerosas acciones de represión y que abarcaría desde 1965 hasta 2006.

Se buscaría establecer los posibles patrones que permitieron la violencia en estos periodos, la posible conexión que pudiera existir entre uno y otro periodo. Pero también, muy importante es dignificar a las víctimas, darles centralidad, darles parte en la construcción de esta historia que hemos vivido en el país. Por eso se plantea como una comisión nacional que tenga una oficina central, pero descentralizada en los estados para estar más cerca y a la mano de las víctimas, con mecanismos y protocolos para ofrecer protección a quienes aporten sus testimonios, a testigos, a quienes participen en la comisión para garantizar su integridad y su vida.

En cuanto a la reparación del daño, Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas, comentó que la propuesta plantea un nuevo modelo de reparación. Si bien se ha logrado un marco conceptual y jurídico adecuado, y tenemos una Ley General de Víctimas, el problema es que las instituciones no están funcionando, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Uno de los elementos centrales de cualquier proceso o modelo de una política integral de verdad y justicia tiene que ver con las reparaciones. Esa reparación integral tiene que ver con recuperar la buena fe y la flexibilidad para la reparación. Es decir, a las víctimas les debemos creer lo que están diciendo y por eso hay que revisar el tema del registro de víctimas en este proceso de construcción de un programa de reparación.

Mariclaire ACosta y Juan Carlos Gutiérrez. | Foto: I(dh)eas.

La propuesta es crear un programa administrativo integral de reparaciones, que tenga flexibilidad probatoría y tenga la posibilidad de avanzar en una reparación emergente e integral. Es importante mencionar que no se trata de donativos, becas ni programas sociales. La reparación integral es un derecho que surge para las víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos. No es un programa social, es un derecho que tienen las familias de víctimas de turtura, de violencia sexual… Es el derecho que tienen estas familias de acceder a estos recursos, pero más allá de los recursos económicos, a recuperar la confianza en las instituciones del Estado. Por eso planteamos ideas colectivas de reparación y medidas de rehabilitación para las personas. Entre tanto eso sucede, se debe trabajar en programas de atención inmediata para muchas de las víctimas que hoy no tienen acceso a la justicia, a la salud, a la educación por desplazamiento ni a una serie de derechos que el Estado está obligado a darles.

• Comparte en Facebook
• Twittéalo
• 
•