Bosawas: Los invasores

SOMOSMASS99

 

Carlos Salinas / Confidencial*

(3 de 4 partes)

Nicaragua / Octubre de 2015

 

Indígenas señalan a alcaldesa sandinista de Siuna de comprar una finca en zona protegida que fue invadida. Denuncian desidia de las autoridades y complicidad de la policía local con los invasores. De 148 expedientes recopilados por los abogados, sólo cuatro fueron juzgados. Batallón ecológico del Ejército crea un “muro de contención”, pero indígenas están desesperados

Sobre las faldas del cerro Waska Muka, a orillas de la ribera del río Uly, en el territorio indígena mayangna Sauni Bas, se levanta una choza hecha con viejas maderas y techo de paja, al lado de un establo que encierra varias cabezas de ganado. La propiedad pertenece a la alcaldesa de Siuna, Onilda Reyes, a quien los indígenas mayangnas acusan de haber invadido el terreno, de aproximadamente 370 manzanas. Los mayangnas han exigido a Reyes que abandone la zona, pero ella alega que el terreno fue adquirido de forma legal. La historia de Reyes ha sido una de las más sonadas de las denuncias de invasión y tráfico de tierras relacionadas con la reserva de biósfera de Bosawas.

Reyes fue electa como alcaldesa de Siuna en las elecciones municipales de 2012, cuando se presentó entre las listas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La mujer se defendió de las acusaciones de invasión en un encuentro con líderes comunitarios realizado quince días antes de los comicios, cuando estaba en plena campaña por la Alcaldía. “No me pude meter así a ese terreno que tengo”, dijo en alusión a los señalamientos de invasión. “Ese terreno me lo ofrecieron. Tal vez tuve el error de comprar eso sin hacer consultas. Pregunté si el terreno era del territorio indígena y me dijeron que no, incluso algunos líderes de la zona”, explicó la funcionaria, quien dijo que compró la tierra a un hombre que identificó como Antonio Martínez.

“Yo estoy trabajando, he tratado de ir reforestando el área. Es cierto que tengo mis animales, porque soy una productora más, y de eso vivo, pero no he destruido el bosque, porque el bosque que me encontré ahí está. Mis vecinos no tienen ni un palo, todos tienen cortado hasta el río, lo que tienen es pasto”, agregó Reyes, según una grabación de la reunión facilitada a Confidencial. “Ustedes saben que estamos en un proceso de campaña. Yo compré el terreno, no fui a invadir. Pero si ese es el problema, para que ustedes no digan ‘no vamos a votar’, yo se los dejo en sus manos, me salgo de mi propiedad, pero tampoco quiero perder lo que invertí ahí. Les dejo mi propiedad que compré, pero en su conciencia está. Yo no quiero que me saquen así, pero no quiero que me digan mañana salite, porque ahí tengo mis cosas. Ahí queda mi propiedad, pero no quiero perder mi dinero, en sus manos lo dejo”, rogó la mujer.

Propiedad de la alcaldesa sandinista de Siuna Onilda Reyes, acusada por los indigenas mayangnas de estar ubicada en zona protegida.

Líderes mayangnas acusaron a Reyes ante autoridades de la Policía y el Ejército durante una reunión pública, en las que las autoridades analizaron los casos de invasión con líderes políticos de la región, dijo una fuente que estuvo en la reunión. Sin embargo, los líderes mayangnas no han interpuesto una denuncia formal contra Reyes, porque, dijeron, ella se comprometió públicamente a dejar las tierras adquiridas —según representantes legales consultados para este reportaje— de forma ilegal, con un documento de compra hecho a mano.

“El terreno está dentro del territorio indígena, áreas protegidas y zona núcleo de la reserva”, dijo Celestino Taylor, miembro de la comunidad mayangna Sauni Bas y guardabosques del Marena. “Antes de ser alcaldesa conversamos con ella y se comprometió a dar salida, pero hasta ahora no ha dado una respuesta”, explicó Taylor. “Ella dijo que buscaría al vendedor para salir del área, pero hasta ahora no ha hecho nada”, agregó.

Confidencial entrevistó a la alcaldesa Onilda Reyes por teléfono. La funcionaria negó que el terreno haya sido adquirido de forma ilegal, y de haberse comprometido a salir de él durante su campaña a la Alcaldía. «Durante las campañas el FSLN no hace promesas», dijo Reyes. A continuación la conversación telefónica con la edil:

—Buenos días, ¿con la alcaldesa Onilda Reyes?

—Así es

—Le llamamos de la revista Confidencial porque líderes mayagnas la señalan de haber comprado un terreno en la reserva de Bosawas de forma irregular. El terreno, dicen los líderes, es territorio indígena y protegido. Son 370 manzanas y estamos interesados en conocer su versión sobre esta compra.

—Yo le compré a un señor que tenía 40 años de vivir en la zona.

—¿Se trata de Antonio Martínez?

—Así es.

—Los líderes mayagnas dicen que el terreno fue invadido.

—Yo no lo invadí cuando lo compré.

—¿Usted compró el terreno de forma legal?

—De forma legal.

—Nuestras fuentes dijeron que fue a través de documentos sin peso legal, hechos a mano.

—No, no, no. Yo tengo mi documento que me entregó el señor que tenía 40 años de vivir en la zona.

—Alcaldesa, días antes de las elecciones municipales se reunió con líderes políticos y mayagnas a los que prometió salir del terreno a cambio de indemnización.

—No, no. Nosotros nos reunimos antes de la campaña, no días antes, y ahí estaba el secretario político municipal. La idea era platicar y hablar concerniente de mi terreno. Pero ahí salieron cosas y fui atacada por una compañera abogada que trabaja con estos líderes. Se les dejó bien claro que yo no estoy pidiendo indemnización ni nada. Yo compré y hay que darle curso legal.

—¿Por cuánto compró el terreno, alcaldesa?

—Yo le compré a don Toño y otros señores. Les pagué a varias personas.

—¿Cuánto pagó por el terreno?

—¿Tengo que decirle a usted?

—Es una funcionaria pública y ese terreno es señalado de haber sido adquirido de forma irregular.

—Sí, pero eso lo vamos a ver en la parte legal.

—Los líderes mayagnas dicen que usted se comprometió a buscar una solución a la controversia una vez llegara a la Alcaldía.

—No, no, yo no me comprometí. Nosotros andamos en campaña.

—Dicen que fue una promesa.

—El Frente no se comprometió a hacer compromisos en tiempo de campaña. Vamos a pedir el voto, buscar cómo ganar las elecciones cuando el Frente está en campaña.

Reyes cortó la conversación por teléfono. Minutos después llamó a la redacción de Confidencial pidiendo el nombre del periodista que la entrevistó. Le solicitamos una segunda entrevista, pero colgó nuevamente la llamada.

A pesar de que el Estado nicaragüense ha aprobado leyes que garantizan la propiedad de las tierras comunales a los indígenas, como la Ley 445 o de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas, la región de Bosawas sufre una gran inseguridad jurídica, debido al incumplimiento de las leyes, la poca presencia de las autoridades del Estado y la corrupción que envuelve a abogados y funcionarios públicos que, según denuncias de los indígenas mayangnas, trafican terrenos en zonas protegidas. Confidencial accedió a documentos que muestran la forma prosaica en la que se da este tráfico, a través de cartas de compra y venta de terrenos escritas a mano, con errores ortográficos y hojas de cuadernos escolares.

Caminan largas distancias para acarrear agua o víveres.

En una de esas ‘cartas de venta’, fechada el 13 de septiembre de 2009, una mujer identificada como Gertrudis Barrera Blandón, afirma que “hago constar que recibo 10 mil córdobas por la venta de ocho manzanas de tierra al señor Juan Sevilla Gadea, delante de la presencia del señor Carlos Centeno Tercero y Bismark Espinosa”. El documento está escrito en hoja de cuaderno, sin firmas ni sellos legales. También hay otros acuerdos de venta escritos en papel legal y con la ayuda de abogados que, según los mayangnas, se prestan a este tipo de delitos.

El Gobierno territorial mayangna Sauni Bas, con ayuda de organizaciones que han trabajado de cerca el tema de la destrucción de la reserva, ha preparado una lista con nombres y apellidos de 41 jefes de familia que supuestamente han invadido la región. En la lista, además, aparecen las zonas invadidas, el estado legal en que se encuentran esas tierras y las denuncias realizadas contra los supuestos invasores. En el documento aparecen personas que se han hecho con más de 400 manzanas, como el caso de Simón García Castro, que tiene un terreno de 460 manzanas en la región del río Uly, dedicado a la agricultura y la ganadería. Según la base de datos facilitada a Confidencial, García Castro no tiene ningún documento legal que lo acredite como propietario del terreno. En esa misma situación están 26 de las 41 personas identificadas. De las otras 15 no se pudo obtener información. La mayoría de los casos han sido denunciados ante la Policía de Bonanza.

Una fuente que durante varios años ha trabajado el proceso de saneamiento de los terrenos indígenas con ayuda de organismos internacionales, explicó que tras varios meses de trabajo intensivo en el campo logró reunir 148 expedientes de invasores de los territorios indígenas y protegidos. La fuente, que accedió a conceder una entrevista a cambio de no publicar su nombre, dijo que de esos expedientes sólo 32 llegaron a la Fiscalía y que esta institución sólo envió trece a los juzgados correspondientes. De los trece sólo cuatro llegaron a juicio, dos fueron declarados inocentes por un juzgado de conciencia y dos fueron condenados. Uno de ellos fue Heriberto García, señalado por la fuente de liderar una mafia encargada de invadir y traficar con la tierra. A pesar de la condena, García actualmente está prófugo de la justicia, después de fugarse de la cárcel de Siuna donde cumplía la pena.

Los documentos de la acusación oficial contra García muestran que éste cuenta con la cédula de identificación 610-160375-0001G. Según los documentos, García engañaba a sus compradores afirmándoles que contaba con el permiso de la Policía, el Ejército y autoridades ambientales para vender terrenos en la reserva de Bosawas. Por ejemplo, Cándido Rodríguez Espinoza dijo que compró a García 50 manzanas de tierra en una región conocida como Nawahwas, por un monto de 10 mil córdobas. García entregó supuestas copias de títulos de la tierra, con permisos aparentemente falsos de la Policía, el Marena, el Ejército y el Magfor. Andrea Martínez Castillo dijo por su parte que ocupaba un terreno en la misma zona porque García le había prometido entregarle títulos de propiedad.

La misma fuente vinculada al saneamiento de las tierras reveló que García trabajaba con un grupo de hasta 60 personas, que se encargaban de invadir un terreno y limpiarlo. Luego García acordaba la venta, apoyado por abogados corruptos que redactaban escrituras de “cesión de derechos posesorios”. Gracias a las pruebas reunidas contra García, éste pudo ser juzgado y condenado, aunque más tarde logró fugarse. El de García, sin embargo, es de los pocos casos que logran prosperar dentro del sistema legal del país.

“Hay corrupción en la Fiscalía y la Policía”, dijo la fuente. “Hay casos que no pasaron porque había involucrados familiares de policías locales”, afirmó. “Hay corrupción y tráfico de influencias y los jueces tienen mucho miedo de llevar estos casos. Hay jueces que dan órdenes a la Policía y ésta no las cumple. Entre los jueces hay apatía y miedo, no quieren tocar estos casos. Saben lo que está pasando, tienen conciencia de ello, pero tienen miedo”, alertó. La fuente aseguró que la Policía ni siquiera ejecuta las órdenes de captura. En 2012, explicó, había 13 órdenes de captura contra invasores, pero sólo se ejecutó la de Heriberto García, pero porque éste fue capturado en Siuna por líderes mayangnas que lo entregaron a las autoridades. “La Policía Nacional da por perdidas las órdenes, o dicen que no saben qué se hicieron”, afirmó la fuente.

Un equipo de Confidencial viajó a Bonanza a inicios de febrero para entrevistar a las autoridades locales de la Policía, con el fin de conocer el estado de las investigaciones en curso contra los supuestos invasores de tierra. En la estación policial local, un edificio de concreto pintado de celeste y azul –los colores oficiales de la institución– y dividido en largos y oscuros pasillos a cuyos lados se encuentran las oficinas de los oficiales locales de alto rango, un policía nos dijo que el jefe de Bonanza, el comisionado Otilio Duarte Herrera, no estaba en el edificio, pero que le consultarían si podía atendernos. El oficial fijó un encuentro para la tarde de ese mismo día, pero tras cuatro horas de espera en una banca frente a un televisor que retransmitía series de la cadena National Geographic, un segundo oficial nos dijo que Duarte había salido a una misión a zonas rurales de la región y que no llegaría al municipio en diez días.

La abogada y experta en temas ambientales Blanca Molina García, quien trabajó entre 2009 y 2010 como asesora legal de la comunidad indígena mayangna Sauni Bas a cargo de un estudio que intentaba delimitar los territorios indígenas de Bosawas, dijo que en los municipios que rodean la reserva ni la Policía, ni el Ejército, ni la Fiscalía muestran interés de detener, juzgar y condenar a quienes atentan con la selva, considerada el pulmón de Centroamérica. “Hay un rechazo de tratar estos tipos penales como todos los tipos penales que se cometen en Nicaragua”, aseguró Molina. “No hay conciencia ambiental y no han asumido la importancia de proteger la reserva. No creo que el Estado no tenga recursos para combatir el tipo penal de usurpación al dominio comunal y público, específicamente la tala a la biósfera. Así como se tratan otros delitos, se debería tratar también este tipo de casos, porque dañan a la humanidad”, agregó.

Molina hizo hincapié en la pobre estructura judicial que el país ha destinado para combatir los delitos ambientales. “No hay mucho interés de judicializar estos casos, pero no es un problema del Poder Judicial. Las autoridades argumentan que tienen pocos fiscales, que no hay fiscales especializados en esta área, que no tienen medios para movilizarse, ni oficiales suficientes, ni celdas para mantener a personas detenidas. Así se justifican. En la Policía de Siuna hay más de 80 casos que deberían estar a la orden del Ministerio Público, pero que no han pasado”, dijo Molina. Mientras tanto, agregó, las quejas y denuncias de los indígenas no son escuchadas. “Si un mayangna llega a poner una denuncia no lo atienden, le dicen que es un caso especial, que no son los competentes para ventilar esos procesos, que tienen que ser ventilados en otra instancia, que hasta que el Gobierno dé la orden, pero la orden está dada, porque el Gobierno ha creado leyes muy buenas, lo que hay que hacer es implementarlas”, argumentó.

A unas cuadras de la sede policial de Bonanza está la de los juzgados de este municipio, a cargo de la jueza único local Kellineth Campbell Wong, una mujer regordeta, de piel morena, que lleva el cabello peinado hacia atrás. Sentada en el scritorio de su oficina en la sede de los juzgados, dando la espalda a un amplio mueble de madera lleno de expedientes judiciales y adornado con una réplica de la Justicia, ciega y cargando una balanza, y una foto de ella abrazada al comandante Daniel Ortega, Campbell explicó que en tres años que lleva al frente de estos juzgados locales se ha enfrentado a cinco casos relacionados a la invasión de la reserva de Bosawas.

La jueza explicó que dos de los casos fueron fallados en 2012, cuando se condenó a dos personas por usurpación del dominio público comunal. En esa ocasión, la jueza impuso la condena máxima de tres años. «En la relación de hechos se habla de invasión a propiedades indígenas, de colonos, de personas que vienen de otros departamentos, de Río Blanco, de Waslala, personas que se han venido a asentar dentro de las tierras indígenas y parte de las reservas», explicó.

Otra forma de vida de los mayangnas es buscar oro en los ríos.

Cuando la entrevistamos, Campbell preparaba otro juicio contra tres hombres acusados de invadir y devastar el bosque. Dos de los acusados son Jorge Wilfredo Aragón y Tomás y Walter López (padre e hijo), imputados por usurpación de dominio público y violación de la veda forestal. Los hombres esperaban su juicio, programado inicialmente para el 27 de febrero –dos semanas espués de la entrevista concedida por la jueza–, en las celdas de la cárcel local de Bonanza, pero se aplazó por razones que la judicial no explicó a Confidencial. Semanas después, en una nota de prensa sin fechar y publicada en el sitio web de la Procuraduría General de la República, se informó que Tomás López y Walter López fueron “declarados culpables en el Juzgado Local Penal de Bonanza, por ser Usurpadores de Tierras Indígenas pertenecientes al Territorio Indígena mayangna Sauni As, además del corte, aprovechamiento y veda forestal ocasionado en la Reserva de Biosfera de Bosawas, Sector Kipau Asang, también conocido como Biltignia I”. La misma nota de prensa informa que el 18 de marzo fue encontrado culpable Jorge Wilfredo Aragón.

Estos juicios se realizaron sin avisar a la prensa, a pesar de que la jueza admitió que las invasiones representan uno de los problemas que más preocupan a los habitantes de las zonas indígenas que rodean Bonanza. “Es un impacto social. La reserva de biósfera de Bosawas es el pulmón de nuestro país, y al ser afectada, lo más lógico es que se tomen medidas, como las que se están tomando: ya se están denunciando casos, prueba de eso es que aquí en el Juzgado ya tenemos radicadas causas, se han procesado a personas que han cometido ese delito, ya se han condenado a dos, y ahora que tenemos a tres personas en proceso”, dijo.

La jueza Campbell, que ha condenado a tres traficantes de tierras en Bosawas desde enero del año pasado, también dio ejemplo de otros casos que reflejan la actuación de los invasores en Bosawas. La judicial explicó que las ventas se hacen de boca o en hojas sueltas en el caso de Víctor Manuel Taleno, de 51 años, el más reconocido de ellos porque tenía en sus manos al momento de su captura 10,000 manzanas en la zona de Mayangna Sauni As.

Campbell recuerda que Taleno, que vestía una camiseta azul a rayas amarilla el día de su condena, se presentaba como el propietario de tierras indígenas y comunales y convencía a campesinos que venían de Río Blanco y Matiguás, la zona lechera de Nicaragua, que llegaban hasta la zona de la reserva atraídos por la esperanza de una vida nueva.

“Los engañaba. Los tratos eran de palabra o con documentos privados que decían por ejemplo ‘Yo Kelineth vendo tantas manzanas’”, dice Campbell sobre este hombre enjuto, una verdadera sombra para las autoridades que, antes de sentarlo en el banquillo, lo buscaron durante tres años debido a sus constantes cambios de domicilio.

En su sentencia, la judicial calificó como compras y ventas ficticias los tratos realizados por Taleno. Según informes militares a los que tuvo acceso Confidencial, vendía la manzana en Bosawas a 500 córdobas (20 dólares) y a 2,000 córdobas ($80) si la propiedad se encontraba junto a un río, algunas veces el precio podía ser mayor como demuestra la sentencia donde el costo de la manzana se dice oscilaba entre 2,200 y 9,000 córdobas.

El expediente de Taleno dibuja a cabalidad el problema. El líder campesino, que se identificó como dirigente de la cooperativa Pedro Altamirano, a la que se encontraban afiliadas 300 familias, vendió 8, 000 hectáreas a 20 kilómetros al este del casco urbano de Bonanza, donde fue juzgado con una ciudad dividida entre los indígenas que celebraron el fallo y quienes en comunidades aledañas pedían su liberación.

“El primero de junio de 2011, la familia del sujeto antes mencionado fue desalojada de la cabecera del río Wawa, en esa ocasión este sujeto tenía 2,000 hectáreas despaladas dentro de la zona núcleo de la reserva, las utilizaba para la siembra agrícola”, precisa el parte militar consultado por Confidencial.

A las ventas informales de propiedades se suma la corrupción del sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sancionado con cinco años de inhabilitación a dos notarios, David Rocha e Irma Forbes, despidió al registrador de Bilwi, David Rodríguez Gaitán, e investiga a otros 32 abogados involucrados supuestamente en la venta de propiedades del bosque.

La abogada Blanca Molina comparte la opinión de que el problema de Bosawas está más relacionado a falta de educación e inversión en el sector agropecuario del país, que promueve las invasiones. “El problema de Bosawas no es la comercialización de madera, porque el maderero llega, escoge la especie y se la lleva. El problema que está causando daños muy serios a la reserva, hasta el punto que podemos perder la masa boscosa, es el avance de la frontera agrícola. Esta gente que llega de fuera especialmente a talar los árboles, hasta 35 manzanas por familia en la zona núcleo, y eso es muy grave. Luego de talar la madera, le prenden fuego. Cuando nosotros entramos tuvimos la gran decepción de encontrar hirviendo a Bosawas”, dijo.

El clamor de los indígenas ante las máximas autoridades del país, para que tomen medidas para frenar la invasión y destrucción de la reserva, encontró eco en el Ejército de Nicaragua. En 2011, el presidente Daniel Ortega ordenó al jefe del Ejército, Julio César Avilés, crear un batallón especial de cara a proteger las reservas naturales del país, principalmente Bosawas. El 28 de enero de 2011 nació el llamado Batallón Ecológico, a cargo del teniente coronel Marvin Paniagua Pineda, y con 700 soldados en activo para los 20 mil kilómetros que conforman la reserva.

Entrevistamos a Paniagua en su oficina del cuartel de Siuna, a donde nos trasladamos desde Bonanza, a través de una carretera en pésimo estado, en la que los vehículos se hundían en hoyos parecidos a los cráteres lunares que presentan las películas sobre el espacio. Buses enteros, cargados de pasajeros y mercancías, eran tragados por estos hoyos en su esfuerzo por sortearlos. El recorrido entre Siuna y Bonanza fue de cinco horas en una camioneta 4×4. Un viaje espantoso, aunque el adjetivo puede quedarle pequeño.

El despacho de Paniagua es amplio y cómodo. Entrar fue un respiro tras el agotador viaje y las altas temperaturas y humedad que dominan toda esta región del noreste del país. El teniente coronel Paniagua nos recibió con amabilidad y a través de una presentación de Power Point, explicó los logros alcanzados por el Batallón Ecológico desde su creación. El militar dijo que se han organizado planes de control para reducir el número de invasores a los territorios protegidos, como el denominado Plan de Acción para la Defensa de la Madre Tierra.

Paniagua dijo que uno de los problemas que han detectado con su trabajo es el de la siembra de marihuana en áreas protegidas. Según el militar, bandas de narcotraficantes, principalmente de Honduras, entran a la selva, derriban árboles y llevan a personas para que siembren las plantas, con el engaño de que les dejarán la tierra una vez que cosechen el “producto”. “Los civiles son llevados de comunidades de Jinotega, Matagalpa y Waslala”, aseguró.

Los ‘narcos’ son apenas una parte del problema. La gran amenaza siguen siendo los invasores que llegan atraídos por la tierra, la humedad de la zona y la posibilidad de sembrar pastos para el ganado. El Ejército ha registrado 2,843 familias asentadas en la reserva entre 2011 y 2012, que, dijo Paniagua, han llegado hasta estas zonas en busca de mejorar su calidad de vida, por promesas de políticos en tiempos de campaña o engañados por los traficantes de tierra.

En mayo de 2013 el Batallón Ecológico realizó la “Operación Oro Verde”, que según Paniagua fue exitosa. El militar relató que gracias a ella pudieron decomisar 1,361 metros cúbicos de madera, 231, 607 plantas de marihuana y detuvieron a 105 familias, para un total de 630 personas, invasores de la reserva, además de 386 cabezas de ganado y 218 bestias. “Fueron captados 123 delincuentes en Bosawas en 2013, por siembra de cultivos de marihuana, carrileo y asalto y robo”, detalló Paniagua. El militar también dijo que 16 traficantes de tierra han sido identificados y cinco “fueron puestos a la orden de las autoridades”, además de 30 abogados y notarios públicos que se prestan al tráfico de tierra. “Si no hubiera Batallón la invasión de colonos sería tremenda. La reserva sería ya una poquedad. Hay mucho que hacer, pero el Batallón ha sido un muro de contención para el despale y la invasión”, dijo el teniente coronel.

Los mayangnas, sin embargo, aseguran que las invasiones se dan todos los días y cada vez con mayor violencia y a la vista de las autoridades. “Cada día entran más y más. Ahorita (en abril) están quemando el bosque. Hasta las instituciones del Estado participan: El Minsa y el Mined entran a nuestras tierras sin permiso y construyen sus escuelas. Los religiosos avalan documentos ilegales para construir sus iglesias evangélicas. Y nadie hace nada”, se lamenta Celestino Taylor, miembro del territorio indígena mayangna Sauni Bas.

 

Colaborador: Octavio Enríquez
Fotografía y videos: Carlos Herrera
Edición de videos: Xavier Mántica
Periodismo de datos: Camilo de Castro
Asesoría: Gustavo Faleiros

*Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.