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Redacción / SomosMass99
Chiapas / Lunes 26 de junio de 2017
Con el acompañamiento de tres organizaciones mexicanas y una canadiense, este día la familia del defensor ambiental Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 en el municipio de Chicomosuelo, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales.
Así lo informó Otros Mundos Chiapas / Otros Mundos México, que junto la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y MiningWatch Canada, conforman el grupo de co-peticionarios ante la CIDH para que se haga justicia al ambientalista Mariano Abarca asesinado presuntamente por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire Exploration.

Foto: MAPDER.
El informe Minería Canadiense en México: Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un caso de corrupción y homicidio, elaborado por las organizaciones MiningWatch, United Steelworkers y Common Frontiers, reveló en mayo de 2013 que Blackfire Exploration, a través de su proyecto Payback, en 2008 empezó a explotar barita en Chiapas, un mineral no metálico utilizado para la perforación de pozos petroleros.
La minera operó durante casi dos años, hasta que autoridades mexicanas la clausuró por infringir normas ambientales. «En ese contexto, otros dos escándalos ocurrieron: 1. Una semana antes de la clausura, Mariano Abarca, activista antiminero local, fue asesinado; 2. Días después, en los medios informativos canadienses se presentaron acusaciones en donde señalaban (que) la empresa había participado en la corrupción del presidente municipal de Chicomosuelo». Todo esto, mientras la minera era presuntamente apoyada por la embajada canadiense en México.
Otros Mundos Chiapas recordó que el agricultor chiapaneco, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 frente a su casa en Chicomuselo «por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, porque denunciaba los daños ocasionados por la mina de barita La Revancha en su pueblo.
«Antes de su muerte a los 50 años, Mariano había interpuesto denuncias por haber sido víctima de actos de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de trabajadores de la empresa Blackfire, pero las autoridades mexicanas nunca le hicieron caso, generando una situación de peligro y de permisibilidad que facilitó el crimen».
La petición que se presentó ante la CIDH, añade Otros Mundos Chiapas, señala que la Embajada de Canadá en México estuvo realizando un cabildeo frente al Estado mexicano durante todo el conflicto en Chicomuselo, y con amplio conocimiento de ello, para preservar los intereses de Blackfire. Esto abonó al conflicto social y pudo haber influenciado en la actuación de las autoridades mexicanas en el caso de Mariano Abarca Roblero.
«A siete años y siete meses del asesinato, las instancias judiciales mexicanas no han realizado una investigación plena e imparcial que esclarezca los hechos y responsabilice a los autores intelectuales y materiales del crimen. Varias personas sospechosas, todas relacionadas con la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, fueron detenidas -una de ellas incluso fue llevada a prisión, pero fueron liberadas porque la investigación no se realizó con la debida diligencia (…)

Foto: desInformémonos.
«Entre 2007 a 2009, durante su lucha en defensa de los derechos humanos y ambientales en Chicomuselo, Mariano fue víctima de amenazas, hostigamiento e intimidaciones físicas y legales por parte de trabajadores y representantes de la empresa Blackfire. Unos meses antes de su asesinato, fue víctima de criminalización, cuando un gerente de la empresa minera lo acusó de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos, por haber participado en un plantón pacífico en una vía de acceso a la mina La Revancha de junio a agosto de 2009. El 17 de agosto, policías vestidos de civil lo detuvieron bajo arraigo por ocho días. Lo liberaron sin haber formulado cargo alguno».
Pese a todo ello, hasta el día de hoy nadie ha sido condenado por el asesinato de Mariano. Por el retardo extraordinario en la investigación, la cual sigue abierta en el Ministerio Público, es que la familia Abarca decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «para que se haga justicia».
Foto de portada: Papel Revolución.
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