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POLÍTICA, POLÍTICAS Y DERECHOS HUMANOS
Víctor Ruiz Arrazola*
Viernes 13 de julio de 2018
Es de gran importancia escuchar a la sociedad para resolver los problemas graves y urgentes que aquejan al país, y particularmente hay que tomar en cuenta la opinión de las personas involucradas en los asuntos que más les importan. Por ello es trascendente que quienes van a tomar decisiones en materia de políticas públicas para la búsqueda de personas desparecidas tengan como prioridad la voz y la experiencia de las familias de las víctimas, activistas y personas expertas en la materia.
Un documento que ha tenido poca atención por parte de los medios de comunicación en México es la recomendación que acaba de emitir el Consejo Nacional Ciudadano dirigida al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Se trata de la recomendación 01/2018, la primera de este cuerpo colegiado, en la cual se le pide a la parte gubernamental garantizar la asignación de recursos para una adecuada y eficiente operación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Con motivo de los primeros seis meses de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al realizarse un primer balance de este instrumento jurídico se recordó que de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde 2007 y hasta el corte del 30 de abril de 2018 se registraron 36 mil 743 desapariciones.
Una de las recomendaciones de este consejo consiste en impulsar medidas para homologar el conocimiento de los contenidos de la Ley General por parte de todas las autoridades involucradas en su aplicación, ya que para un amplio sector gubernamental lo que impera es la ignorancia sobre la operación del instrumento.
Se propone establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, tomando en cuenta que existen distintos niveles, desde el general normativo y de política pública, hasta el operativo y de campo.
Es necesaria una estrecha comunicación y coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNB en todas las actividades de búsqueda e investigación.
Se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de participación efectiva de las familias en el proceso de redacción de los instrumentos de política pública establecidos por la Ley General, incluyendo los Protocolos Homologados de Investigación y Búsqueda.
El Consejo Nacional Ciudadano está integrado por familiares de personas desaparecidas; especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas y en materia forense, y representantes de organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.
SLP y su comisión de búsqueda
Cada entidad federativa, por medio de sus congresos y en particular por la persona titular del Poder Ejecutivo, interpretan la homologación de la referida ley general como mejor les parece y de acorde a sus capacidades técnicas y presupuestarias.
Por ejemplo, el pasado 6 de julio, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, ordenó la publicación del Decreto Administrativo que crea la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, para dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley General, vigente a partir del 16 de enero del 2018.
El 28 de mayo pasado se publicó la convocatoria para la elección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda. El 9 de julio fue designado como comisionado el ingeniero Jesús Juárez Hernández, quien entrará en funciones el 10 de agosto de 2018.
* Periodista y abogado defensor de Derechos Humanos.
@V_RuizArrazola
Foto de portada: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro / Archivo.
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