Cabildo Ciudadano Irapuatense: No a la Ley de Seguridad Interior

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

Guanajuato, Gto. / Domingo 11 de junio de 2017

 

Integrantes de las organizaciones Cabildo Ciudadano Irapuatense y Congreso Nacional Ciudadano rechazaron la Ley de Seguridad Interior, que se discute para su aprobación en el Congreso de la Unión, porque lo que pretenden políticos y legisladores es criminalizar la protesta social y militar la seguridad pública, aunque con ello se violen los derechos humanos de los ciudadanos.

Ante la falta de respuestas de las diputadas federales Lorena Alfaro García y Yulma Rocha Aguilar, a quienes desde hace más de un mes han buscado para que expliquen su postura respecto de la nueva ley, anunciaron que buscarán reunirse con los otros 17 legisladores por Guanajuato en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El miércoles 7 de junio, Joan Ochoa y Enrique Bobadilla, miembros de ambas organizaciones, se presentaron en las oficinas de la diputadas en la ciudad de Irapuato para preguntar sobre las citas que había solicitado. Las asistentes de la panista y de la priista les dijeron que ninguna de las dos se encontraban porque estaban ocupadas en otras actividades y que probablemente podrían recibirlos la próxima semana o que se comunicaban con ellos cuando tuvieran una respuesta.

Joan Ochoa relató en entrevista que el viernes sucedió algo curioso: «La chica que nos atendió en sus oficinas nos dijo que Lorena Alfaro no tenía tiempo, pero fuimos a manifestarnos a León en la presentación del libro de Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura presidencial del PAN, y ahí nos la encontramos. Bueno, no tiene tiempo para atendernos en su casa de gestión, pero sí para asistir a un acto proselitista eminentemente».

Consultados de manera conjunta, Joan Ochoa, Jessica Hernández y Augusto Coradini rechazaron la Ley de Seguridad Interior porque viola los derechos humanos de los mexicanos; otorga facultades a los gobiernos municipales y estatales para «activar las fuerzas militares» en operativos que deben ser implementados por instituciones civiles; en casos de supuesta flagrancia, basta el dicho de un elemento para que las fuerzas de seguridad, sin necesidad de solicitar una orden de cateo a un juez, puedan allanar viviendas para ir en busca de un presunto delincuente; de cara a las elecciones de 2018, faculta a las autoridades a hacer uso de la fuerza para desactivar manifestaciones pacíficas que consideren que ponen en riesgo la paz y la tranquilidad social, incluso con la utilización de armas letales; y legaliza la actuación de la policía militarizada en tareas que les corresponden a las policías ordinarias, como el combate al crimen organizado.

Augusto Coradini comentó que es preocupante que se autorice esa ley porque militariza la seguridad pública y, además, por décadas se ha demostrado que la incursión del Ejército no ha resuelto ningún problema. Por ejemplo, desde hace 40 años militares han intervenido en el combate al narcotráfico en el estado de Guerrero y no han podido resolver el problema: «Hay crimen organizado, hay guerrilla. No hay paz porque no está en el interés. Lo que se pretende, en principio, es proteger a las empresas, las concesiones mineras, a las petroleras, los parques industriales. Todo es parte del Plan Mérida, no quieren permitir las manifestaciones de la sociedad, quieren que nadie proteste, igual que en Venezuela».

Para Jessica Hernández lo que buscan los legisladores que impulsan la Ley de Seguridad Interior es prevenir para que los ciudadanos no protesten en el futuro. O como señala Joan Ochoa: «Esta ley permitiría reprimir manifestaciones sociales como las que hubo con las reformas estructurales. Muchos ex funcionarios o ex asesores han comprado concesiones autorizadas con las reformas, pero como por las protestas todavía no está garantizada su seguridad ahora buscan hacerlo con esta ley».

Los tres activistas alertaron sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la ley, pues prácticamente se estaría legalizando a nivel nacional una norma como la Ley Bala de Puebla o la Ley Eruviel del Estado de México, que han sido utilizadas para reprimir la protesta social, y que en el caso de la primera cobró la vida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Y, además, legalizaría incursiones del Ejército como las Tlatlaya y Apatzingan, o acciones como la del viernes de policías de Aguascalientes contra estudiantes normalistas.

Foto de portada: Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro.