SOMOSMASS99
Resumen
Chile / Miércoles 10 de noviembre de 2021
Por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la acusación constitucional contra el imputado Sebastián Piñera por la compraventa de la minera dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Ahora, será el Senado quien actúe como jurado, mientras se discute si debe ser suspendido de su cargo de presidente mientras dure el proceso.
La maratónica intervención del diputado Jaime Naranjo, que tardó 14 horas para leer 1300 páginas del libelo acusatorio, permitió conseguir el tiempo que se requería para que Giorgio Jackson pudiese salir de su aislamiento obligatorio como contacto estrecho de Gabriel Boric, contagiado de Covid-19, y así poder asistir hasta el Congreso para conseguir los 78 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, por el romper el principio de probidad y de anteceder sus intereses personal por sobre los de la nación.
Por lo que este segundo intento de acusar Piñera logró pasar la cámara baja, luego de lo vivido a finales de 2019 por motivo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social, que fue rechazada en primera instancia durante su votación en la cámara.
Esta vez, la acusación apunta a la compraventa de la Minera Dominga en en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas, tras la revelación de los Pandora Papers, particularmente la cláusula de la venta de el último paquete de acciones a su amigo personal, Carlos «Choclo» Délano a cambio de asegurar que el lugar donde se instalaría la minera no se transforme en una zona protegida.
Con este resultado, será entonces el Senado quién decidirá el destino final de la acusación que podría destituir por primera vez de manera legal a un presidente de la república de sus funciones, situación que se resolverá a partir de la próxima semana. Además, comienza la discusión procede la suspensión del cargo de presidente mientras dure el proceso, en caso de aplicarse, el cargo recaería temporalmente en el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Finalmente, cabe precisar que también existe una investigación penal en este punto a cargo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que tiene al presidente en funciones en calidad de imputado.
Querellante contra Piñera, Mañalich, Paris y Zúñiga solicita que los imputados declaren y se levante el secreto bancario de sus cuentas
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CchDH), querellante en el proceso penal seguido por delitos de Corrupción en contra de Sebastian Piñera Echenique, Jaime Mañalich Muxi, Enrique Paris Mancilla y Arturo Zuñiga Jory, solicitó a la Fiscalía que tome declaración a cada uno de los querellados y se realicen diligencias ante distintas instituciones, además del levantamiento del secreto bancario de los acusados.
Según el escrito, la Comisión solicitó diversas diligencias a la fiscalía que investiga la responsabilidad que le cabe al presidente de la República Sebastián Piñera, el ex ministro de salud Jaime Mañalich, el ministro de salud Enrique Paris y el ex subsecretario de redes asistenciales Arturo Zuñiga, en los delitos de Fraude al Fisco, Negociación Incompatible, Trafico de Influencias, entre otros ilícitos, a objeto de avanzar en la investigación en curso que está tramitando la justicia.
La solicitud indica que se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobe los graves delitos investigados.
Además, solicitó se tome declaración a todos los querellados: el presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, al actual Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla y al ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga Jory.
Según la querella presentada las autoridades imputadas por estos delitos «habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.
La existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente el compromiso del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos.»
Finalmente, la parte querellante señala que «El Estado chileno, a través de todos sus órganos y Poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile.».
Fotos de portada e interiores: Resumen.
Comparte en Facebook
Twittéalo
