SOMOSMASS99
Agustin Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 3 de octubre de 2019
La Procuraduría General del Distrito Federal se transformará en Fiscalía General de la Ciudad de México bajo un modelo que establezca un «potente» órgano de vigilancia y control contra la corrupción al interior, que genere un nuevo método de investigaciones para que no se incurra en ilegalidades ni se violen derechos humanos, y que privilegie la atención a las víctimas del delito, para que sean éstas las que evalúen y califiquen a la institución.
Se trata, dijo Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e integrante de la Comisión Técnica la Transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de un proceso que se plantea desde un inicio la ruta a seguir, que identifica el estado en el que se encuentra la Procuraduría y propone el modelo de Fiscalía al que se pretende llegar: una institución que se organiza alrededor de la calidad del servicio que se brinde a las víctimas. Supone más policías de investigación y un fortalecimiento de los servicios periciales. Una Fiscalía que responda a la exigencia de ser la segunda que más denuncias recibe a nivel nacional y con características acordes al tamaño y necesidades de la ciudad.

Aspecto de la ceremonia de presentación del Plan de Transición de Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. | Foto: Congreso de la Ciudad de México.
En el Plan de Transición que la Comisión Técnica entregó el lunes al Congreso de la Ciudad de México se reconoce que la procuración de justicia en México ha sido una forma de ejercer el poder y que la Procuraduría fue diseñada para dar certeza a la élite política y económica de que ninguno de sus miembros, salvo que el Ejecutivo lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar su gravedad. La corrupción estaba blindada, a través de un pacto político implícito.
En tal contexto, la Procuraduría funcionó para controlar los mercados ilícitos y se caracterizó por su gran capacidad de negociar la impunidad. De tal cuenta que la estructura fundacional del sistema de procuración e impartición de justicia no tuvo nada que ver con las tareas prototípicas de ese sistema: investigar, acusar, juzgar y sancionar a quienes cometen delitos.
Pero el problema central «es que ese viejo sistema penal no ha cambiado y (…) hoy tenemos una alta incidencia delictiva y una acentuada descentralización del poder que exigen otro modelo de gobernabilidad».
Por ello, la Comisión Técnica propone una ruta de transformación para la Procuraduría con seis elementos: diversificación en la recepción de denuncias; manejo de flujo de casos; resultados en delitos de alto impacto; protección a víctimas y testigos; profesionalización de la gestión institucional; y control interno.
El proceso de transición, dice Edgar Cortez, inició formalmente con la entrega del documento de más de 600 páginas al Congreso de la Ciudad de México, cuyos legisladores están ya en posibilidades de iniciar los trabajos para elaborar una ley orgánica que recoja el modelo propuesto para la Fiscalía General de Justicia. En enero del próximo año empezará la instalación básica de la nueva institución, proceso que se prolongará dos años, más otros dos para su consolidación. Es decir, se trata de una transición a cuatro años.
Explica que la idea central es transformar la Procuraduría en una Fiscalía que se organiza alrededor de la calidad del servicio hacia las víctimas, de manera tal que sean ellas las que en última instancia evalúen el servicio y digan si están satisfechas o no.
Se propone entonces ampliar a todas las formas posibles la recepción de las denuncias: agencias desconcentradas, SSC, MP Virtual y MP Tel, ad hoc en alto impacto. La intención es que la visita de una persona al Ministerio Público sea una opción e incluso la última, y que la atención sea rápida y diligente.
Edgar Cortez señala que una propuesta clave es generar un nuevo método de investigación, en el que se cambie el rol de los agentes del Ministerio Público, de los policías de investigación y peritos, para que éstos últimos sean los que diseñen e implementen las investigaciones. Y el Ministerio Público, como órgano, desempeñe un papel de conducción con dos características: una, revisar y verificar la legalidad de la actuación de la policía y los peritos, que no hagan nada ilegal ni violen derechos humanos; y dos, que evalúe la calidad de la investigación para decidir si está lista para llevarla ante un juez.
«Esto implica abandonar el mito de que los agentes del Ministerio Público investigan. Porque ellos son abogados, llevan los casos ante el juez, lo presentan y lo argumentan, pero no investigan, los que investigan son los policías. Eso supondría pedirles cuentas a los policías y a los Ministerios Públicos de la calidad de la investigación».

Foto: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Respecto de la corrupción, recordó que la actual Procuraduría tiene varias áreas encargadas de ese tema, pero con muy poca capacidad. Lo que se propone es la creación de un órgano interno de vigilancia y control «muy potente», que cree una plataforma electrónica que desde que se presente una denuncia permita saber qué pasa con el trámite, con la investigación, con las personas que tienen intervención y que tenga capacidad de monitorear posibles actos de corrupción o de mal funcionamiento, para que de inmediato se realicen las correcciones necesarias.
La ventaja para llevar a buen término la transición es que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la procuradora Ernestina Godoy están convencidas y tienen la voluntad para cambiar a la institución, y todas las fuerzas políticas en el Congreso de la ciudad coinciden en que realmente los problemas de justicia requieren de una efectiva transformación de la Procuraduría.
«Creo -sostuvo Edgar Cortez- que hay las condiciones políticas para lograrlo, ahora combinadas con un plan que permite trazar la ruta de hacia dónde se quiere ir». Además, el Plan de Transición es resultado de la labor de nueve meses de siete personas que conocen a fondo a la Procuraduría General de Justicia, pero que han trabajado con la distancia necesaria por no formar parte de la institución.
Foto de portada: Armando Monroy / Cuartoscuro / Archivo.
Comparte en Facebook
Twittéalo








