SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 27 de octubre de 2023
«El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general».
– Carlos Marx. Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política.
En la misma fuente de donde se tomó el texto que se utiliza como epígrafe de esta reflexión, Marx dice: «[…] en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social».
En México, como en gran parte del mundo, las relaciones de producción dominantes son las capitalistas y, por tanto, la superestructura jurídica y política se erige sobre la base económica que caracteriza a esas relaciones y modo de producción.
No es de extrañar, pues, que el sistema judicial ─y de manera general todos los elementos que conforman la superestructura de nuestra sociedad─ esté subordinado a la clase dominante, la burguesía, especialmente a su segmento hegemónico: la oligarquía. Cabe señalar que esto no es privativo de nuestro país. Se da en todos los países capitalistas, al grado que en algunos ha sido el factor central en derrocar gobiernos que desagradan a esa clase o a sus amos extranjeros.
Las crisis de este sistema se han tornado más graves, complejas y frecuentes al grado que vivimos una que parece interminable y que cada vez con más fuerza afecta y altera todos los aspectos de nuestro entorno: sociales, políticos, económicos, culturales, naturales; es decir, al medioambiente por completo.
La respuesta del sistema a esta crisis fue el neoliberalismo, que en el plano económico hizo más poderosa a la clase dominante y a su sector hegemónico, debilitó a los Estados nacionales, extendió y potenció la corrupción en los ámbitos público y privado, despojó a los pueblos de bienes y derechos y devastó, contaminó y alteró significativa y peligrosamente la naturaleza.
Es precisamente en esta modalidad del sistema, el neoliberalismo, en la que los poderes del Estado son secuestrados por la clase dominante para crear ─en no pocas ocasiones violando la Constitución─ un entramado jurídico y una nueva «legalidad» que le permitió y facilitó tal despojo y la afectación a la naturaleza. Además, se crearon algunos organismos «autónomos» desde los cuales también se defiende esa «legalidad». Todo ello en complicidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Tras 36 años de gobiernos neoliberales (1982-2018), en la elección federal de 2018 el pueblo votó por un cambio.
El cambio ocurrió en el Ejecutivo y Legislativo. El Poder Judicial, como no es sujeto de elección popular, permaneció tal como los neoliberales lo habían conformado y desde esa posición lleva a cabo acciones que favorecen los intereses de la clase dominante.
En nuestro país, el Poder Judicial ha estado fundamentalmente al servicio de los económicamente poderosos, condición que los gobiernos neoliberales llevaron a niveles ofensivos e insultantes para el país y el pueblo.
No es una exageración decir que el Poder Judicial está al servicio del poder económico y actúa en complicidad con este. Porque, de qué manera se explica el hecho de que no avancen, o de plano se cancelen por ese Poder, las políticas y medidas favorables al país que por iniciativa del titular del Ejecutivo se intentan aplicar, cuando este tiene un muy elevado nivel de aceptación de su gestión y aquellas, además, se sustentan en reclamos del pueblo.
Situaciones como la anterior, contradictorias y paradójicas, terminarán con una reforma a fondo del sistema judicial, la cual procederá si en la próxima legislatura las fuerzas que promueven la transformación del país obtienen la «mayoría calificada» en la elección federal del próximo año.
Alcanzar esa mayoría en el Congreso dependerá de qué tanto se involucre la ciudadanía en la próxima contienda electoral. Y vaya más allá.
Porque, como comenta un compañero: «[…] la lucha se debe dar en todos los planos, y así también diversificar una perspectiva de conjunto. Nuestra lucha debe ir más allá de las contiendas electorales y/o electoreras, […] que pueden ser mejores si se proyectan en la organización de todos los sectores sociales y que además se armen de propuestas que respondan a las necesidades, demandas y aspiraciones de la mayoría y, a la vez, sirvan para elevar el nivel de participación política en nuestras comunidades y barrios». [1]
Nota:
[1] Gonzáles Mendoza, Agustín. Comentario a un artículo anterior. Puede leerse completo en: https://www.somosmass99.com/la-derecha-la-soberania-y-la-dignidad/
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Ministra Norma Lucía Piña Hernández en sesión solemne de su toma de protesta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal el lunes 2 de enero de 2023. | Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comparte en Facebook
Twittéalo
