SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 4 de octubre de 2021
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Centro Tlachinollan), Abel Barrera, y el titular de la Secretaría del Migrante del gobierno de Guanajuato, John Robert Hernández, firmaron el viernes el primer convenio de colaboración para la atención de la población jornalera migrante de la Montaña de Guerrero.
El convenio tiene como propósito implementar acciones orientadas a proteger los derechos de las familias jornaleras. Se atenderá a las personas que sean víctimas de un delito; las mujeres jornaleras contarán con atención con las instancias competentes para prevenir y erradicar la violencia que se ejerce contra ellas. También se brindarán los servicios básicos como atención médica, apoyo educativo para niñas y niños indígenas en los municipios donde hay mayor número de familias jornaleras. Se implementarán acciones orientadas a proteger los derechos laborales en participación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También se buscará el apoyo para atender situaciones graves que enfrenta la población jornalera como accidentes y defunciones.
El Centro Tlachinollan afirmó que se trata de una iniciativa inédita que conjunta esfuerzos entre un gobierno estatal con organizaciones de la sociedad civil para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la niñez indígena y de los trabajadores agrícolas.
La colaboración para la atención integral de las familias indígenas jornaleras de la Montaña de Guerrero estará encabezada por Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, quien cuenta con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y tendrá la facultad suficiente para hacer que las partes pueden dar “cumplimiento a las obligaciones del presente instrumento legal”, informó el Centro Tlachinollan a través de un comunicado. Barrera Hernández estuvo acompañado en la firma del convenio por el consejo de coordinadores del Centro y miembros del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
En México, explicó Tlachinollan, es la primera vez que una entidad firma un convenio de trabajo de colaboración con una organización de derechos humanos para velar por los derechos y las condiciones laborales de cientos de familias jornaleras.
Las familias jornaleras indígenas de la Montaña se enrolan en los trabajos agrícolas de 20 estados del país, donde los malos tratos por las empresas o agricultores rayan en la discriminación y racismo. La explotación es constante, sin atención ni protección de parte de las autoridades estatales y federales. Este viernes 1 de octubre se estableció un acuerdo interinstitucional para atender con presteza a un sector de la sociedad que es víctima de abusos, maltratos y engaños por parte de los enganchadores y empresarios agrícolas. Se logró tender un puente de esperanza desde el bajío hasta la Montaña de Guerrero.
El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, junto con el Centro Tlachinollan, del 2020 a agosto 2021 registró más de 23 mil 347 jornaleras y jornaleros que migran a los estados del norte del país. El 93% de las familias jornaleras son indígenas Na Savi, Me’phaa y Nahua. De febrero a diciembre de 2020 se tiene 15 mil 423 indígenas que migraron, 6 mil 372 sin estudios, mientras que de enero a agosto de 2021 hubo 7 mil 924 personas que migraron a los campos, y más de 6 mil 553 son niñas y niños que tienen que dejar la escuela para trabajar con sus padres en el corte de chile, jitomate y tomatillo, entre otras verduras. El derecho a la educación queda relegado en el fango de los surcos, ensanchando aún más la brecha de la desigualdad y el analfabetismo.
Entre los municipios más pobres de México se encuentran Cochoapa el Grande y Metlatonoc que expulsan un gran número de familias pobres que no encuentran un trabajo remunerado en la región. Le siguen Atlamajalcingo del Monte, Xalpatlahuac, Tlapa, Alcozauca, Atlixtac, Malinaltepec, Iliatenco, Huamuxtitlán, Tlacoapa, Alpoyeca, Tlalixtaquilla y Cualac. La mayoría de familias llega a los campos de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Morelos.
«Estas familias indígenas jornaleras que buscan mejorar sus condiciones de vida pasan por un calvario, donde al final son víctimas de vejaciones, explotación laboral y tratos discriminatorios. El 23 de agosto fallecieron seis integrantes de una familia Me’phaa de la comunidad de Juanacatlán, en un accidente carretero en el tramo de Atotonilco-La Barca, Jalisco. Seis días después un padre de familia, Ricardo Marcos García, del pueblo Me’phaa de la comunidad de Francisco I Madero, municipio de Metlatonoc, murió en un accidente en la carretera de Parral, Chihuahua, igual que Albino Maldonado Flores en Colonia de los Valles», relató el Centro Tlachinollan.
Aunado a ello, «en estas últimas dos semanas han muerto 5 migrantes de la Montaña en Nueva York y 10 personas se encuentran desaparecidas en la frontera con Estados Unidos. Lo más cruento es que ninguna autoridad atiende ni protege a los migrantes, son los mismos familiares y amigos los que se cooperan para pagar los servicios funerarios y el traslado de los cuerpos. Las remesas también se destinan para pagar de 6 a 10 mil dólares el viaje en avión de quienes truncaron sus sueños en la frontera de la muerte».
Imágenes de portada e interiores: Centro Tlachinollan.
0 Comentario