Emma Aguado / SomosMass99
Acámbaro, Gto. / Domingo 15 de marzo de 2015
- La diputada panista Yatziri Mendoza Jiménez adelantó que desde el Congreso impulsarán la creación de albergues ciudadanos para que atiendan a los migrantes, porque “el Instituto de Migración no se da abasto”.
En su más reciente visita al municipio de Acámbaro, el pasado 7 de marzo, Adriana Rodríguez Vizcarra directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense aceptó que el gobierno del estado, y en particular la institución que ella dirige, tienen la obligación de velar por el bienestar de los centroamericanos que cruzan actualmente por suelo guanajuatense en condiciones de vulnerabilidad, y que en el caso de las mujeres que son acompañadas por sus hijos, el tema es mucho más preocupante, sin embargo la funcionaria no quiso abundar más sobre el asunto.
Por su parte Yatziri Mendoza Jiménez, diputada federal panista y secretaria en la comisión de asuntos migratorios, tampoco atinó a dar una respuesta clara en torno al tema. La originaria de Uriangato fue cuestionada por SomosMass99 sobre los avances en la protección a migrantes centroamericanos en tránsito y aceptó que nuestro país no ha logrado brindar protección adecuada por lo que consideró que, “México se ha quedado corto para ayudar a los centroamericanos, si no hacemos el trabajo de darles trabajo u hogar, lo mínimo es pelear por ellos en cuestión de seguridad y derechos”. Más adelante agregó que estarían por generar una minuta en la cámara que garantice recursos para fomentar la creación de albergues ciudadanos porque dijo, “el Instituto de Migración no se da abasto”, además de que en la actualidad las embajadas, consulados y DIF´s en todo el país están obligados a darles atención por ley.
- Desde diciembre existe una Ley para la protección y atención del migrante y sus familias del estado de Guanajuato, pero sólo considera migrantes a los oriundos de la entidad.
Ante un escenario que se plantea nuevamente la imposibilidad del Estado Mexicano para resolver el problema por sí mismo y que transfiere esa responsabilidad a la sociedad civil (debido a que la instancia responsable, en este caso el Instituto Nacional de Migración (INM) “está rebasada” como dice la legisladora Yatziri Mendoza Jiménez), defensores de derechos humanos en el estado consideran que el mensaje de las autoridades y en especial de la legisladora no es claro debido a que por un lado los, “albergues que ahora pretenden apoyar han sido golpeados por el propio gobierno federal y estatal como el caso de Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca y el de Manos Extendidas de Celaya Guanajuato, entonces ahora no entendemos por qué ahora pretenden echar mano de ellos para solucionar el problema”.
En lo que concierne a la responsabilidad del estado, apenas en el mes de diciembre de 2014 se aprobó la Ley para la protección y atención del migrante y sus familias del estado de Guanajuato, en donde por un lado se acepta que la entidad es responsable de reconocer y aplicar las leyes que protegen a los migrantes dispuestas en la Constitución Mexicana y tratados que ha firmado en dicha materia, y por otro lado los deja en plena indefensión al centrar única y exclusivamente el concepto migrante a quienes son originarios del estado, como sucede en el artículo 21 donde para acceder a programas y beneficios se debe ser en primer término guanajuatense.
En la actualidad Guanajuato (en especial León, Irapuato, Celaya y Salamanca) sigue considerándose como un territorio que las y los centroamericanos recorren con tranquilidad, de acuerdo a especialistas en el tema como el doctor Daniel Vega Macías, investigador de la Universidad de Guanajuato; sin embargo el cambio de rutas, obligado por la inseguridad a la que se enfrentan, ha provocado que en la actualidad estén llegando a lugares donde anteriormente no se les veía como el caso de Acámbaro en donde su presencia es mucho más notable en los últimos meses. “Están llegando mínimo de cinco a diez a la semana, se paran en los cruceros del tren procedentes de Honduras, Nicaragua, Guatemala, pernoctan en lugares cercanos a la vía y están expuestos a ser víctimas de extorsión sobre todo, incluso de secuestro, así que Guanajuato no es tan pacífico o tranquilo como se cree. Incluso ya se tiene conocimiento de que han sido golpeados en el municipio por elementos de la policía federal y municipal”, comenta en entrevista un habitante de Acámbaro quien además recuerda que a través de las redes sociales y otros grupos, están pidiendo a la población les apoye con chamarras, cobijas y comida.
- Guanajuato no es tan pacífico para los migrantes como se cree, señala el investigador de la UG, Daniel Vega Macías. Están expuestos a las extorsiones e incluso al secuestro, advirtió.
Por último, en meses recientes, el comisario de Seguridad Pública de Acámbaro, Iván Orozco aceptó que el problema de los migrantes centroamericanos debe atenderse, comenta que desde su oficina ha girado instrucciones a sus elementos para brindarles protección, aceptando que hay mucho qué hacer en la materia debido a la imposibilidad, sobre todo de recursos económicos, para trasladar a cada centroamericano a San Miguel de Allende, lugar donde se encuentra la oficina más cercana del INM para su deportación; ante estas declaraciones defensores de derechos humanos advierten una vez más que no se debe olvidar que el INM no cuenta con la preparación y mucho menos con la estructura necesaria para darle atención a los migrantes atendiendo a diagnósticos serios como el proporcionado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, por lo que exigen se implemente una estrategia segura para este grupo de población que hasta ahora queda en la deriva.
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