Chilapa, Guerrero: persiste impunidad en desapariciones forzadas

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Guerrero / Jueves 12 de mayo de 2017

 

A dos años de la desaparición forzada de por lo menos 30 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, a manos de un grupo armado, familiares de las víctimas y organizaciones civiles demandaron a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero que desista de sus intentos de hacer entrega de cuerpos sin las confrontas completas de ADN y sin los peritajes de odontología y forenses.

A través de un comunicado, el Colectivo de Familias de Desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad recordaron que el 9 de mayo de 2015 un grupo de hombres armados incursionaron en la ciudad «sembrando el terror y el pánico» en toda la población, y «a pesar de la fuerte presencia de elementos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Fedral» secuestraron a al menos 30 personas de las que hasta el momento no se conoce su paradero.

«Las víctimas se enfrentaron a la impunidad y la aquiescencia de las autoridades desde un primer momento, cuando se permitió la violación de derechos humanos de las personas que hasta hoy se encuentran en calidad de desaparecidos (…) Los familiares, principalmente las madres, comenzaron a encontrarse en la comandancia para reclamar a sus hijos, esposos o hermanos, sin embargo no hubo noticia de ellos».

Como resultado de la inconformidad, se integró el Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, encabezados por el profesor José Días Navarro, vocero de la agrupación. A raíz de este hecho más familias que de tiempo atrás padecían la desaparición de algún familiar se integraron al reclamo de inconformidad e indignación.

Actualmente el Centro Morelos tiene coadyuvancia en 13 casos y asesora jurídicamente a más de 37 familias del Colectivo de Familias de Desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos. Esto permitió que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) colabore en la búsqueda e identificación postmortem, cuya primera etapa ha sido la toma de muestras de los familiares de desaparecidos. La segunda etapa consiste en realizar la toma de muestras y la posterior confronta de resultados de los estudios que se practiquen a los 11 cuerpos que a finales de noviembre de 2014 fueron dejados en el crucero de Ayahualulco y trasladados, sin la presencia de peritos forenses, por elementos de Protección Civil Municipal, y a los 33 cadáveres encontrados el 25 de noviembre de 2016 en una fosa clandestina del municipio de Zitala.

El hallazgo de cuerpos en la fosa clandestina de Zitala se dio, precisamente, luego de que el 4 de noviembre del año pasado Pilar San Martín y Daniel Zapico, representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, visitaron Chilapa de Álvarez y se reunieron -parar dar seguimiento al tema de los desaparecidos- con José Díaz Navarro, del colectivo Siempre vivos, integrado en su mayoría por personas indígenas que viven en condiciones vulnerables, lo que les impide exigir de manera constante a las autoridades la investigación de su caso y así poder dar con el paradero de sus familiares.

Sin embargo, «en estos 24 meses, las instancias de gobierno que deben atender esta problemática han burocratizado toda la atención, tal es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las familias del colectivo no cuentan, como víctimas, con atención médica, ni becas educativas para que sus niños o niñas sigan estudiando, tampoco (…) con becas alimenticias que les ayude a sobrellevar la ausencia de quien solía ser el sostén del hogar».

Resaltaron que «ante la negligencia de quienes deberían realizar las investigaciones», integrantes de ese colectivo emprendieron búsquedas ciudadanas y localizaron los restos de cuatro personas en el cerro Tepehuizco, en Chilapa de Álvarez; han realizado marchas en Chilpancingo e incluso se han reunido con el gobernador Héctor Astudillo Flores y con autoridades federales, «sin embargo nada ha avanzado.

«Nos preocupa que a pesar de las fotografías que circulan en las redes sociales sobre los hechos ocurridos del 9 al 14 de mayo de 2015 y los fuertes operativos del Ejército y la policía estatal, no hayan podido detener y procesar a los responsables y tampoco (…) localizar a ninguna persona desaparecida en esas fechas. Sin embargo, se han incrementado la criminalidad, el número de personas desaparecidas (…), y el alto número de  personas ejecutadas en estos primeros cuatro meses y medio nos muestra que este año será igual o peor que el 2016».

Por todo ello, las organizaciones exigieron lo siguiente:

• Que la recién creada Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, realmente funcione, dotándola de autonomía plena, con personal interdisciplinario y recursos económicos y materiales suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el Estado de Guerrero.
• Que el Congreso del Estado reglamente  La Ley General de Víctimas 694 de víctimas del estado libre y soberano de Guerrero, apruebe la iniciativa sobre la Declaración de Ausencia de personas desaparecidas, para que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
• Que a la Dirección General de Servicios Periciales se le dote de Autonomía e independencia y por lo tanto deje de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
• Que en vista de que el análisis de ADN desempeña una función primordial para la identificación de cuerpos o restos y cuya confronta con el ADN de las familias de personas desaparecidas nos puede ayudar para dar con la identificación, es de suma importancia que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, que posibilite obtener los resultados de las confrontas en el menor tiempo posible y así mismo poder identificar los más de 400 cuerpos que hay en los SEMEFOS de Guerrero en calidad de desconocidos.
• Que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero se le dote de los recursos materiales, económicos y humanos  para que las familias de las personas desaparecidas sean atendidas como lo  estable la Ley General de Victimas.
• Que la Secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, ya que hasta estas fechas no han tenido la sensibilidad para acercarse y apoyarlas de acuerdo a sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
• Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con solo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual, debe de estar más completa las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense.

También firman el comunicado los Padres y Madres de los 43, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón y el Colectivo de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.

Fotos de portada e interiores: José I. Hernández / Cuartoscuro.