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Gerardo Vivanco / Pressenza
Martes 30 de agosto de 2022
El 4 de julio 2022, la Convención de 154 miembros oficializó al país la entrega de la propuesta de una nueva Constitución, en una ceremonia en el salón de honor del ex Congreso Nacional, donde durante un año se escribió lo que la sociedad civil decidió por amplia mayoría (alrededor de 80%), en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cambiar la Constitución de 1980, heredada de la dictadura cívico-militar.
Este resultado se debe a una auto-convocación ciudadana que nació producto de movilización que se plegó a las protestas estudiantiles contrarios a un aumento de tarifas en el transporte público. Jóvenes que, hay que reconocerlo, tienen bien claro que, con este presente no tienen futuro, debido al sistema político-empresarial imperante.
Chile ha sido un país de muchas desigualdades sociales a lo largo de toda su historia, al igual que otras naciones de América Latina. Esto nació con la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la iniciaron, con la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Hoy en día, lo demuestra el eterno conflicto Mapuche-Estado Chileno, el rechazo a la clase política-empresarial y el descrédito institucional.
Lo más importante es dar a conocer este proyecto de nueva Constitución, por ese motivo, dedicaremos solo este párrafo a denunciar a la clase política-empresarial chilena, una minoría que defiende sus privilegios atacando, desde el comienzo, este cambio Constitucional, por intermedio una propaganda política al margen de la ética, a través de sus grandes conglomerados de medios de comunicación y desinformación, con intenciones de engañar e infundir terror. El mismo método que se utilizó hace casi 50 años, para justificar el golpe cívico-militar de 1973.
La Convención comenzó su trabajo hace un año, presidida en su primera etapa por la académica mapuche Elisa Loncón. Su última sesión se realizó con su relevo, la epidemióloga María Elisa Quinteros, de 39 años, quien destacó en su discurso final, el carácter de primera Constitución paritaria, mujeres, hombres en el mundo, escrita con una amplia convicción y con la esperanza que el nuevo acuerdo pueda cumplir con las demandas ciudadanas.
La propuesta final, se compone de 388 artículos y 57 disposiciones transitorias.
Se destacan los cambios en los cuales se define a Chile como Estado Plurinacional e Intercultural, donde serán reconocidos 11 pueblos de pueblos originarios y otros que puedan ser reconocidos en la forma que la ley lo establezca. Se plantea que, dentro de las entidades territoriales que forman el Estado chileno, los pueblos y las naciones deberán ser consultados y otorgar consentimiento en aspectos que afecten sus derechos.
La demanda principal del estallido social de octubre 2019, que dio paso a este cambio Constitucional, se centró en declararse contra el modelo económico que dicta la Constitución de 1980, que favorece ampliamente al sector privado por sobre el estado, en materia de provisión de bienes sociales, entre ellos la educación, salud y pensiones. Para proteger los bienes sociales, Chile pasará a ser un Estado social y democrático, es decir, que está obligado a proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas.
El próximo 4 de septiembre, Chile tendrá la oportunidad de optar democráticamente por una Constitución que incluye dignidad, justicia y moderación. Al conocerse hoy los detalles del funcionamiento e implicación de los convencionales (en su mayoría), hay que reconocer que con un procedimiento austero y a través de días de largas horas, durante todo un año, dejaron un promisorio e importante punto de partida hacia un Chile donde será posible cohabitar en una comunidad con dignidad y orgullo.
Aprobar la nueva constitución, es apoyar el regreso a la legitimidad democrática que permitirá a Chile entrar dentro del círculo de países con un constitucionalismo moderno, donde los derechos esenciales estarán presentes con vocación paritaria y ambientalista.
Aprobar es eliminar el legado de la constitución del pinochetismo, que representaba el control jurídico preventivo sobre la sociedad chilena.
Aprobar es, paso a paso, hacer realidad el “NUNCA MAS”, a las violaciones de derechos humanos, pedir justicia por los desaparecidos, victimas y libertad de los prisioneros políticos.
Aprobar es reconocer a los pueblos originarios, es obligar al Estado a dar legitimidad a los acuerdos internacionales, como el convenio 169 de la OIT y pagar una deuda histórica de recuperación de tierras usurpadas y su legado cultural.
Foto de portada: Ignacio Torres / Pressenza.
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