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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 5 de marzo de 2018
- Desde que inició guerra contra el crimen organizado en 2006 se ha acusado al Ejército de miles de personas torturadas, desaparecidas y ejecutadas: ONG’s
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición promovida por más de 120 organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra y personas en lo individual para que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) una opinión consultiva sobre la compatibilidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI) con las obligaciones en derechos humanos del Estado mexicano y los tratados internacionales suscritos por el país.
Así lo informó el periódico La Jornada en un reporte en el que cita declaraciones de Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDHDF todavía por sus siglas, en el sentido de que la CIDH elaborará un cuerpo de estándares internacionales para mandarlos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), «para que se haga, como hemos estado demandando, un análisis profundo y audiencias públicas respecto a la ley».
De izquierda a derecha, José Antonio Guevara Bermúdez, de la CMSPDH; Nashieli Ramírez Hernández, titular de la CDHDF, y Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, informó que la CIDH elaborará también un cuerpo de estándares internacionales para mandarlos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “para que se haga, como hemos estado demandando, un análisis profundo y audiencias públicas con respecto a la Ley”. Y sostuvo que la LSI representa un modelo contrario a una política de seguridad ciudadana, en el que preocupa el establecimiento de medidas propias de un Estado autoritario, además de que limita la autonomía de las comisiones de derechos humanos al permitir a las Fuerzas Armadas exigir información, incluidos datos protegidos de víctimas de violaciones a derechos humanos, y que en caso de negarse a proporcionarla puede ser motivo para solicitar la destitución del titular del organismo.
Torturas, desapariciones y ejecuciones
Ramírez Hernández participó el viernes pasado en la audiencia de la CIDH celebrada en Colombia, en la que miembros de las organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra expusieron ante los comisionados y representantes del Estado mexicano las inconsistencias de la Ley de Seguridad Interior.
José Antonio Guevara Bermúdez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, dio de algunos de los resultados de la guerra contra el crimen organizado emprendida desde el 2006 por el gobierno mexicano. «Ha implicado el despliegue de cientos de integrantes de las Fuerzas Armadas en la mayoría de los estados para desempeñar tareas de seguridad pública, así como la práctica de designar a militares en licencia o en retiro a la cabeza de las policías o de las instituciones de seguridad pública municipales y estatales.
«En los últimos once años, 80 mil personas han sido detenidas sin base legal por personal castrense, un gran porcentaje de ellas ha sido procesada y juzgada a partir de lo narrado en las puestas a disposición por las Fuerzas Armadas, en ocasiones con confesiones arrancadas por tortura. La Procuraduría General de la República no se ha caracterizado por su diligencia en verificar las circunstancias de las detenciones, su veracidad ni tampoco por corroborar la licitud de los medios de prueba presentados por aquellas. Integrantes de las Fuerzas Armadas han sido señaladas como responsables de torturar en más de dos mil 800 investigaciones penales en la Procuraduria General de la República, sin contar con base legal para hacer uso de la fuerza letal. En al menos cuatro mil ocasiones, personal militar se ha enfrentado con la delincuencia organizada, lo que ha dado como resultado cerca de cuatro mil 200 civiles muertos. Por lo menos, según datos de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militares y marinos han torturado a 389 personas, desaparecido por la fuerza a 118 y ejecutado sumariamente a 91».
Aseveró que la LSI es la conclusión normativa de esa política del gobierno mexicano, normaliza la actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas y la traduce en permanente. Las faculta para hacer labor de policía para fungir de primer respondiente y asegurar escenas del crimen; patrullar, arrestar y hacer uso de la fuerza letal en contra de las reglas del uso de la fuerza; hacer labores de inteligencia o espionaje, así como de ministerio público al investigar delitos; formaliza la subordinación de la autoridad civil a la militar en los operativos y operaciones contra el narcotráfico o para reducir la violencia, y trastoca los controles democráticos constitucionalmente establecidos. Las Fuerzas Armadas, además, podrán actuar en contra de quienes libremente se expresan, si consideran que determinada protesta social no se apega a lo dispuesto a la Constitución.
Por todo ello, el colectivo solicitó a la CIDH que, primero, realice una visita oficial a México para elaborar un informe sobre las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas al desempeñar tareas de seguridad. Y segundo, que dé trato prioritario a las peticiones individuales de México vinculadas a violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. | Fotograma CNDH.
Durante la misma sesión, se transmitió un mensaje del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien dijo que en concordancia con académicos, expertos, miembros de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, el organismo expresó su preocupación porque la LSI implica múltiples riesgos de que se vulneren los derechos y libertades básicas de las personas, y se afectara el diseño y el equilibrio constitucionalmente establecido entre la federación y los estados, así como entre las instituciones, órganos del Estado y poderes.
Dijo que la acción de incosntitucionalidad promovida por ese organismo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sustenta en que, en la parte sustantiva de la LSI, es un instrumento que posibilita el que sin parámetros objetivos, sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de las libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito de la seguridad individual por cuestiones tan imprecisas y de subjetiva interpretación, como preservar el Estado nacional o el Estado de derecho. Hace valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a las militares, contraviniendo criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Imagen de portada: Luis Ernesto Vargas Silva y Esmeralda A. de Troitiño, comisionados de la CIDH. | Fotograma: Canal CIDH / Youtube.
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