CIDH: Acusan crisis de justicia en México, y gobierno de EPN sostiene «verdad histórica»

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Agustín Galo Samario / SomosMass99

Guanajuato,Gto. / Viernes 17 de marzo de 2017

 

Víctimas y organizaciones civiles denunciaron una vez más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en audiencias públicas distintas, que en México existe una severa crisis del sistema de procuración de justicia, en el que el 98 por ciento de los delitos queda en la impunidad, y que a más de dos años del caso Ayotzinapa no existen «resultados de justicia ni de verdad» y que el gobierno mexicano les ha mentido una y otra vez a los padres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

El gobierno mexicano, a través de una delegación de funcionarios encabezados por el embajador Luis Cabañas, evitó responder los planteamientos expuestos, justificó la tardanza y la opacidad en el proceso de designación del nuevo fiscal general de justicia; afirmó que el procedimiento por el que se nombra al actual procurador general tiene contrapesos democráticos, y en voz de Roberto Campa Cifrián, subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, defendió otra vez la «verdad histórica» del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, porque «podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis».

Reviven la «verdad histórica»

En el marco de su 161 periodo de audiencias públicas de la CIDH, durante la mesa Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa en México, que la comisión sigue de oficio, cuatro padres y madres, y sus abogados, hablaron en representación de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Expresaron el dolor que han sufrido por casi dos años y medio al no saber nada de sus hijos, tiempo en el que las autoridades mexicanas les han mentido diciéndoles que los 28 cuerpos encontrados en una fosa clandestina eran los de los jóvenes, con aseveraciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descubrió que eran falsas y que hoy «podemos afirmar que hay nuevos agravios contra las víctimas», que se ha corroborado que, «de manera deliberada, distintas instancias del gobierno mexicano le ocultaron información al GIEI que podría confirmar el móvil del ataque a los estudiantes, vinculada al trasiego internacional de narcóticos.

«Hoy podemos afirmar que material de prueba que la PGR tuvo desde los inicios de la investigación fue ocultado a la coadyuvancia y a la propia asistencia internacional, poniendo en entredicho la buena fe del Estado mexicano para con la ilustre Comisión. Hoy podemos informarles también que, de manera vergonzosa, se ha incumplido una de las principales recomendaciones del GIEI: indagar las irregularidades cometidas durante la investigación». El hecho, simple, es que a dos años y medio de los hechos, no se sabe nada del paradero de los estudiantes y que de los 128 detenidos, el 77 por ciento fueron sometidos a torturas y que los policías presuntamente involucrados de manera directa en la desaparición no han sido consignados.

A nada de eso respondió la representación del gobierno mexicano encabezada por el embajador Luis Cabañas, que se limitó a repetir al inicio de cada una de las audiencias que se acudía con una delegación integrada por funcionarios de alto nivel. En este caso, la que intervino fueron la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera.

Ambos funcionarios aportaron alguna información sobre el avance en las recomendaciones del GIEI, de las propias investigaciones y del compromiso que tiene el gobierno mexicano para resolver este caso, al que señalaron como «absolutamente prioritario». Hablaron de miles de teléfonos investigados como seguimiento al uso que se le dio a algunos celulares de los jóvenes después de su desaparición, el uso de tecnología de punta para encontrar fosas clandestinas, el número de detenidos (128) y de la invitación a reunirse el 20 de abril en la Ciudad de México para dar a conocer más avances.

Los señalamientos de los padres y de sus representantes quedaron sin respuesta, lo mismo que las preguntas concretas del presidente de la IDH, James Cavallaro, en particular sobre el visitador César Chávez que debió renunciar a la PGR al recibir presiones para que cambiara su dictamen sobre las irregularidades en la investigación y ocultara la responsabilidad penal de altos funcionarios, incluido Tomás Zerón de Lucio; la tortura a los detenidos; la participación de militares en la desaparición; la investigación sobre el trasiego de droga a Chicago a través de autobuses y la colaboración con las autoridades de Estados Unidos.

Si Alfredo Higuera alegó que no podía responder por la reserva que obliga la investigación, pero que podría dar más detalles en la reunión del 20 de abril, fue Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el que con su intervención y los reclamos que desató prácticamente obligó a que se diera por terminada la sesión.

Roberto Campa afirmó que el gobierno ha sido sensible a los cuestionamientos de los padres. «Se han investigado otras líneas, se han realizado cientos de búsquedas, se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio (…) y me parece que podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis» más que la de la verdad histórica, 2que no hay consolidada otra línea de investigación».

– ¿Entonces la hipótesis del gobierno sigue siendo el basurero? Nada más para que se clarifique, ¿esa es la hipótesis del Estado mexicano, secretario?-, preguntó Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

– Voy a responder puntualmente a la pregunta de Mario Patrón, porque me parece que la pregunta también es si hay alguna disposición para considerar como una posibilidad la hipótesis que ha presentado el Estado, de que las casi 130 personas que hoy están sujetas, sean las responsables de la desaparición-, contestó Campa Cifrián.

– Se están rechazando las conclusiones del GIEI en este momento por el Estado. Pedimos que eso lo tome en consideración la Comisión Interamericana-, dijo Patrón. Entonces la comisionada Esmeralda Arozamena de Trotiño, que conducía la sesión, dio por terminados los trabajos.

Crisis severa

La CIDH dedicó la mañana completa al caso México. En la primera sesión, titulada Situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México, el colectivo de organizaciones civiles #FiscalíaQueSirva denunció ante los comisionados vicepresidente Francisco Eguiguren, segunda vicepresidenta Esmeralda Arozamena de Trotiño y el relator Pablo Pablo Banuqui, que el 98 por ciento de los delitos que se denuncian en nuestro país quedan en la impunidad, la cual -según en Banco Mundial- cuesta al menos el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y que  las instituciones encargadas de la procuración de justicia son las «más criticadas y menos confiables» para los ciudadanos. Y alertó sobre la grave consecuencia de «simular» y dejar pasar la oportunidad de reformar el sistema de procuración de justicia: «20 años más de impunidad en México».

Ana Lorena Degadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que trabaja para migrantes y personas desaparecidas y ejecutadas en México, llamó la atención desde un principio sobre lo que sería la postura del gobierno mexicano, la que al final se cumplió.

Lo que no va a decir el gobierno, sostuvo, es que la reforma constitucional de 2014 para la creación de una nueva fiscalía general de la república «trae dos túneles falsos: se permite que el nuevo fiscal sea el menos autónomo» porque es designado «sin pasar por un proceso de selección y auscultación», «y se permite que el personal que está actualmente en la PGR pase a la nueva fiscalía sin un proceso real de auscultación basado en el mérito».

Pero lo que «no va a decir que esta ley es una simulación» ni que «el nuevo procurador fue nombrado en un proceso que podemos llamar de fast track, poco transparente, sin controles democráticos», un procedimiento que «no pudimos impugnar» porque el Poder Judicial «nos ha dicho que esa no es la vía para impugnar, y no la es simplemente porque en México no existe una vía para que se pueda impugnar un nombramiento tan importante».

Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), preguntó cuáles las razones no dichas por la PGR o qué significa para las instituciones de gobierno, los partidos políticos o actores externos, el que no quieran aprovechar la alternativa para fortalecer esta institución. “Nos preguntamos: ¿qué hay adentro?, ¿qué misterio guarda la PGR para que no se quiera una verdadera innovación en un organismo que debería ser democrático?

“La transición de la procuraduría a una fiscalía no debe ser tomada como un botín político. Debe ser tomada como la oportunidad para hacer frente a la impunidad, que por cierto estamos observando que se está creando un blindaje en el gobierno (…) Nosotros como defensores de derechos humanos hemos observado durante muchos años que, ante a funcionarios rebasados por la carga de trabajo, se da que los únicos casos que avanzan son los que tienen un padrino político o bien una madrina económica».

Dijo que las organizaciones que integran el grupo #FiscalíaQueSirva están dispuestas al diálogo, «pero en un escenario abierto y transparente, y donde realmente por primera se vez tome en serio nuestra opinión. Nosotros queremos un sistema de justicia para todos. La procuraduría, recuerden (dirigiéndose a la delegación del Estado mexicano), se paga también con nuestros impuestos y queremos que nuestros impuestos funcionen”.

Úrsula Indocochea, oficial del programa para la independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso, también alertó sobre «la puerta falsa» en la reforma constitucional de 2014 que introdujo en el sistema una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo. Porque si bien es el camino correcto, “no puede haber autonomía en un país en el que (…) se introducen disposiciones transitorias por medio de las cuales el último procurador pasa automáticamente a ser fiscal por nueve años y sin proceso de selección». Tampoco puede haber autonomía, pues el proceso de selección para nombrar al siguiente fiscal no tiene garantías de transparencia, participación ciudadana, publicidad y no tiene herramientas orientadas a la identificación del mérito; no la puede haber si la carrera judicial se reconoce formalmente, pero en la misma norma se establece la posibilidad de designaciones especiales para casos específicos, y no puede haber autonomía si el fiscal puede ser libremente removido por el presidente de la República.

¿Cuál es el problema? La propia CIDH en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México emitido en diciembre de 2015 ha reconocido que la falta de autonomía de los órganos encargados de la investigación de los delitos es una de las causas estructurales de la impunidad. ¿Por qué significa que es una causa estructural?, porque una fiscalía no autónoma, impuesta por el poder político sin los contrapesos necesarios y salvaguardas, es una fiscalía que no va a investigar a los funcionarios estatales cuando cometan crímenes, que no va a atreverse a resistir las presiones indebidas».

Explicó a los comisionados que no acudieron a la audiencia para pedirles un desarrollo teórico nuevo de una institución ya reconocida. «Estamos pidiéndoles un énfasis en la autonomía de las fiscalías. Los que estamos en esta mesa normalmente estaríamos, probablemente, en muchos temas en posiciones contrapuestas: organizaciones de derechos humanos, academia, periodistas, empresarios. Pero en este tema estamos todos sentados en el mismo frente, porque en México la necesidad de autonomía no es un deseo nada más, no es un anhelo, es un clamor».

Valeriano Suárez Suárez, de la Coparmex, dijo que la corrupción en México cuesta miles de millones de dólares. Citó cifras del Banco Mundial que señalan que representa el 9 por ciento del PIB.

Pero el mayor problema que incide «en el aumento exponencial de la corrupción es la impunidad en los sistemas de procuración de justicia. Resulta paradójico que con un nivel tan elevado de corrupción,  manifiesta en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, la cantidad de imputados sea irrelevante o nula. El mismo auditor superior de la federación, máxima autoridad en la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, reconoce que son cientos de expedientes por casos de corrupción que involucran a funcionarios y servidores públicos turnados a la PGR sin resolución».

La investigadora Layda Negrete dijo que la procuración de justicia en México “funciona perfectamente, pero sólo para unos cuantos. Los procuradores les sirven muy bien a los gobernadores, y el procurador general es un muy buen empleado del presidente y por eso es algo inusitado, o imposible, perseguir a altos funcionarios, especialmente por actos de corrupción.

“En términos de la falla estructural que tiene (respecto) al resto de la ciudadanía, los datos son más que contundentes. Por un lado, el 50 por ciento de todas las causas son derivadas de flagrancia y 30 por ciento más de a unos días de ocurrida la flagrancia. Es decir, no hay investigación, no hay investigación sofisticada de crímenes complejos. Por otro lado, por el tipo de delito, es una historia muy similar: el 50 por ciento, la mitad de la carga de trabajo, es por posesión de arma que en realidad es un desglose de las procuradurías locales, de crímenes comunes, pero el otro 30 por ciento del resto es posesión de droga.

«Una petición que hicimos al Poder Ejecutivo federal, nos dice que existen actualmente sólo 36 causas judicializadas de crimen organizado por parte de la procuaduría. Es decir, estos recursos están siendo mal destinados y esta procuración o persecución penal explícita que tiene la estadística, nos dice que no está atendiendo el crimen que importa a los ciudadanos.

Alfredo Lecona, activista de derechos humanos, resumió que por todas esas razones le piden a la CIDH que exhorte al Estado mexicano a retomar el camino iniciado en 2014 hacia la consolidación de una fiscalía general de procuración en un proceso de cara a la sociedad, para reformar integralmente el artículo 102 constitucional y que se derogue el pase automático del actual titular de la PGR, y regular un servicio profesional de carrera de la institución para que tampoco exista un pase automático de todo el personal a la nueva fiscalía. «Esto puede iniciar ahora mismo”.

No hay garantía

Roberto Andrés Ochoa Romero, titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR, sostuvo que la reforma de 2014 al apartado A de artículo 102 constitucional produjo un cambio profundo en la naturaleza jurídica de la PGR: “Se trata de una Fiscalía General de la República con naturaleza del órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, con lo cual pretende alejar a la futura fiscalía de cualquier injerencia de cualquier actor público o privado, especialmente del procedimiento para la designación del titular. En efecto (…), el régimen de designación y remoción del titular de la FGR habrá de realzarse a través de un procedimiento complejo en el que intervienen el senado de la República y el Ejecutivo Federal”. En términos similares se establece para la sustitución de la PGR por la FGR, de modo que “no existe un plazo fatal para la Fiscalía General de la República, lo cual no supone posponer el desarrollo de las mejores estrategias que permitan fortalecer la función pública de procuración de justicia en todo el país”.

Hizo énfasis en que la designación del procurador como primer fiscal se realiza conforme al ordenamiento actual, establecido antes de la reforma de 2014, en el cual “el titular del Ejecutivo (federal) realiza el nombramiento, pero sus efectos están en toda regla supeditados a la ratificación que se produzca en el Senado. Conforme a esta regla, el nombramiento del procurador General de la República no es una facultad reservada en exclusiva al Ejecutivo federal, se trata de sólo una propuesta que ha de ser validada por un órgano del Poder Legislativo que tiene la facultad de tomar la decisión final. Así, se genera un contrapeso democrático que no puede ser absoluta”.

También dijo que uno de los aspectos importantes para la implementación del nuevo sistema de procuración de justicia es la existencia de un ministerio público autónomo, “pero dicha autonomía no es garantía de su independencia. Para ello es importante profesionalizar a sus funcionarios y generar controles internos y externos a su imparcialidad”. “La autonomía e independencia, hay que subrayarlo, no se logran en automático con la apuesta a favor de tal suerte de organismos constitucionales, sino mediante la profesionalización de los operadores, la homologación de los procedimientos y de las estructuras, así como de la creación de mejores condiciones de trabajo y estabilidad en el empleo”.

Foto de portada: Tercero Díaz / Cuartoscuro.