CIDH aprueba informe y «solución amistosa» en caso de tortura a médico en tiempos de Fox

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 15 de agosto de 2019

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy de su decisión de aprobar el acuerdo de solución amistosa relativo al Caso 12.986, José Antonio Bolaños Juárez firmado el 27 de junio de 2018, y publicar el correspondiente Informe de Homologación. Al mismo tiempo, de su determinación de incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA y continuar con la supervisión de su implementación hasta su total cumplimiento según el análisis contenido en el Informe de Homologación. «La CIDH congratula a los Estados Unidos Mexicanos, a la víctima y a los peticionarios por sus esfuerzos para alcanzar este resultado», afirmó.

El caso se relaciona con la petición presentada por el señor José Antonio Bolaños Juárez ante la CIDH, el 4 de mayo de 2004, en la cual se alegaba la responsabilidad internacional de México por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivada de la detención ilegal, tortura y violación de garantías judiciales de José Antonio Bolaños Juárez, por agentes del Estado mexicano.

De acuerdo con el informe admisibilidad de la CIDH 7/15, derivado de la petición 547/04, Bolaños Juárez, médico general de profesión, se encontró el 17 de julio de 2001 con que su consultorio de la Ciudad de México tenía los vidrios y las puertas rotas. Sus vecinos le informaron que 40 agentes de la entonces Procuraduría General de la República, encapuchados y vestidos de negro, lo estaban buscando. Diez días después, cuando se disponía a subir a su vehículo, cuatro policías lo interceptaron y con engaños lo llevaron al sótano del estacionamiento de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada de la PGR (UEDO). Ahí, fue objeto de malos tratos y tortura: lo golpearon en la cabeza y todo su cuerpo; le colocaron una bolsa plástica en la cara, hasta empezar a asfixiarse y convulsionar. Si bien los policías le habrían quitado la bolsa y le habrían dado masajes en el corazón, durante toda esta secuencia de hechos, a gritos y con insultos, lo amenazaron con dispararle si no aceptaba que era un secuestrador que amputaba los dedos a sus víctimas. Más tarde fue trasladado a otras oficinas en las que fue interrogado, y lo golpearon nuevamente. Al recibir un golpe a la altura del riñón –del que había sido recientemente operado– cayó al suelo donde uno de los agresores lo pateó en el recto y le introdujo un palo dentro del mismo. «El peticionario señala que sintió ‘se [le] rompió algo por dentro’ y que habría comenzado a sangrar por el recto». Debido a las lesiones, Bolaños Juárez fue trasladado al Hospital Gea González de Tlalpan, donde le indicaron que le fue destruido totalmente su recto, fue operado de urgencia y permaneció un mes hospitalizado hasta nivelar la sangre que perdió. Sin especificar fecha, al salir del hospital fue conducido a una casa de arraigo, donde permaneció dos meses y empeoró su salud.

Pese a todo ello, de durante todo ese tiempo no se le informó de manera formal la razón de su detención. Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde el juez a cargo de su causa (No. 166/2001) le informó que estaba acusado, junto con otras dos personas, de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia. «Señala el peticionario que la fabricación de estos delitos por parte de la PGR respondería a que esta entidad intentaba calmar a los medios de comunicación y a los familiares de personas que habrían sido secuestradas por la banda Los Colmeneros«.

De acuerdo al peticionario, con base en las declaraciones de dos testigos señalados como coacusados , así como en pruebas “escuetas” y fabricadas por la PGR, el 20 de marzo de 2003 fue condenado a 60 años de cárcel y a una multa por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. Frente a esta decisión, presentó una apelación que el 13 de agosto de 2004 fue confirmada por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Pasaron los años, y luego de presentar un amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le concedió la razón y el 17 de julio de 2013 le dictó la formal libertad, que obtuvo al día siguiente.

Bolaños Juárez señaló que en el proceso judicial en su contra existieron diversas irregularidades: ausencia de diligencias para demostrar que el arma que se encontró en su auto le pertenecía; falta de firmas del Ministerio Público o del secretario de Acuerdos para detenerlo; falsedad de declaraciones e informes judiciales; uso de documentos falsos; intimidación por medio de la crueldad y negligencia en la tramitación de la causa, y falta de consideración de diversas pruebas que acreditaban su inocencia.

Más aún, el médico denunció las torturas a las que fue sometido por agentes de la Procuraduría General de la República desde el 25 de septiembre de 2001, cuando Rafael Macedo de la Concha fungía como su titular, y posteriormente al entonces presidente Vicente Fox; al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ministro presidente era entonces Genaro David Góngora Pimentel; el Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En cuanto a las torturas señaladas, el Estado mexicano respondió a la CIDH que desde que tuvo conocimiento de ellas los médicos adscritos a la Agencia del Ministerio Público Federal, el 27 de julio de 2001, y al Servicio Médico del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2001, certificaron que Bolaños Juárez «no presentaba lesiones externas». Y respecto del proceso judicial, el Estado mexicano señaló «que se habrían observado todas las garantías y etapas procesales previstas en el juicio, tales como inmediatez procesal, equidad de las partes, contradicción y celeridad». Es decir, que Bolaños Juárez había tenido acceso a los «recursos internos» y que, de hecho, por ello había logrado acreditar su inocencia y obtenido su libertad.

En enero de 2002, el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha presentó un informe sobre su primer año de gestión en el cargo. Ahí, al final de la página 22, señala: «Durante los meses de septiembre y octubre de 2001 se decretó auto de formal prisión a José Antonio Bolaños Juárez, Abel Benítez Albiter y/o Martín Aguilar Flores, Pedro Sánchez González, El Enano o El Chaparro o El Pollo, Silvia Benítez Albiter, Ramón Martínez Ruiz y José Vázquez Muñoz, por los delitos, entre otros, de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, lesiones calificadas y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Todos ellos, integrantes de la organización delictiva de El Güero Colmeno, misma que como medio de presión para obtener el rescate, amputaban los dedos de sus víctimas». Así, ante los medios de comunicación, la fabricación de culpables a manos de agentes a su cargo la hacía pasar como verdad, aunque se tratase de personas a quienes se detenía de forma arbitraria y se sometía a tortura, como fue en el caso del médico Bolaños Juárez.

El acuerdo

La CIDH dio a conocer hoy, a través de un comunicado de prensa, que a más de 15 años de los hechos, el 6 de septiembre de 2016 las partes (José Antonio Bolaños Juárez y el Estado mexicano) iniciaron la búsqueda de una solución amistosa y que, para tal fin, se realizaron reuniones para la negociación de un acuerdo el 25 de abril y el 31 de agosto de 2017, a partir de las cuales se logaron consensos que se materializaron con la firma de un acuerdo de solución amistosa el 27 de junio de 2018.

El acuerdo suscrito con las víctimas contempla el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, debido proceso, garantías judiciales y protección judicial y consigna el compromiso del Estado para impulsar las investigaciones correspondientes privilegiando en todo momento el interés superior de las víctimas, evitando cualquier posible tipo de re victimización.

Adicionalmente, contempla varias medidas de reparación. En materia de salud, el Estado incorporó a las víctimas al Seguro Popular para garantizar su acceso a los servicios y bienes farmacéuticos establecidos en la cobertura médica del mismo; se comprometió a otorgar a una de las víctimas atención médica y psicológica adecuada, preferencial y gratuita a través de una institución privada; y a que en caso de que las víctimas requieran que el servicio médico o psicológico se brinde en instalaciones fuera de su lugar de residencia, pero dentro del territorio nacional, hacerse responsable de erogar los gastos correspondientes.

Como medidas de satisfacción, el 27 de junio de 2018 el Estado Mexicano realizó un acto privado de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa en el Complejo Constituyente de la Secretaría de la Gobernación. En cumplimiento de lo pactado, se entregó a las víctimas un documento escrito en el que se expresó el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa por los hechos sucedidos. Además, se realizaron gestiones a fin de eliminar los antecedentes penales de José Antonio Bolaños Juárez y para eliminar la referencia a su supuesta responsabilidad penal en medios de comunicación.

Como garantías de no repetición, los días 29, 30 y 31 de octubre y 26 de noviembre de 2018 la entonces Procuraduría General de la República impartió un curso denominado Cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa 12.986 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se impartió un taller en materia de abolición de la tortura dirigido a funcionarios de la institución, en el que se capacitó a un total de 28 servidores y servidoras públicas adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En reparación por los daños materiales e inmateriales que le fueron ocasionados al señor Bolaños, el Estado mexicano realizó el pago correspondiente al monto equivalente por daño emergente y al monto equivalente por los daños inmateriales que se determinó en atención a los estándares establecidos en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en casos similares respectivamente. «El Estado aún debe pagar un desembolso por concepto de lucro cesante, cuyo cumplimiento según lo acordado entre las partes, se realizaría con posterioridad a la aprobación y publicación del acuerdo de solución amistosa por parte de la CIDH».

La CIDH dijo haber seguido de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso, y valorar altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa.

«La Comisión felicita al Estado mexicano por el cumplimiento sustancial del acuerdo de solución amistosa sobre el cual se cumplieron totalmente cinco de las siete medidas de ejecución acordadas relacionadas con las mencionadas medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición; y se logró el cumplimiento parcial de los dos puntos restantes sobre compensación por daño material y salud», a los que continuará dando seguimiento hasta su cumplimiento total.

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Foto de portada (ilustrativa): Amnistía Internacional.