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Redacción / SomosMass99
Washington, EEUU. / Domingo 27 de enero de 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la iniciativa legislativa que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional en Guatemala, toda vez que vulnera los compromisos internacionales contraídos por ese país en materia de memoria, verdad y justicia, y llamó al Estado guatemalteco a abstenerse de realizar dichas reformas.
Esmeralda Arosemena de Troittiño, Relatora para Guatemala. | Foto: CIDH.
La CIDH, a través de un comunicado, recordó que el 17 de enero la Cámara de Diputados de Guatemala aprobó la iniciativa 5377 que impulsa la reforma al decreto 145-96, referido a la Ley de Reconciliación Nacional. Esta ley, añadió, incluye una disposición de amnistía para delitos comunes y, a la vez, exceptúa expresamente los delitos de genocidio, desaparición y tortura. Sin embargo, «la propuesta de reforma de la ley que hoy se encuentra en discusión en el Congreso amplía la amnistía a dichos delitos. En especial, incorpora una disposición de amnistía y sobreseimiento tanto para las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) como para las autoridades del Estado que estuviesen procesadas o condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, ya fuese como autores, cómplices o encubridores, y establece, asimismo, que se debe ordenar su libertad en el plazo de veinticuatro horas.».
El posicionamiento de la CIDH se da luego de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, resaltó que «la Ley de Reconciliación Nacional, en su forma actual, ha sido utilizada por los tribunales nacionales en varios casos emblemáticos que abordan violaciones graves de derechos humanos”, para luego afirmar que la reforma que analiza el Congreso guatemalteco «significa una total impunidad para todos los involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”.
Al respecto, la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora para la Unidad Memoria, Verdad y Justicia, expresó que “avalar amnistías en casos de graves violaciones a los derechos humanos no sólo contraviene los estándares y jurisprudencia interamericana, sino que en particular constituye un nuevo sufrimiento más para las víctimas y sus familiares». Por su parte, la Relatora para Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño, enfatizó: “la Comisión reafirma su compromiso histórico con las víctimas y con todos y todas quienes luchan contra la impunidad”.
La iniciativa a discusión propone sobreseer definitivamente a aquello que cometieron delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legislativos vigentes al 27 de diciembre de 1996 cuando hubiesen sido perpetrados con el fin de prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones de la URNG o sus unidades integrantes.
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido en múltiples ocasiones que las disposiciones de cualquier naturaleza –sean legislativas, administrativas u otras- que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, son incompatibles con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos; y en sus informes y sentencias, respectivamente, han dejado claro que «son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas».
Antonia Urrejola Noguera, Relatora para la Memoria, Verdad y Justicia. | Foto: CIDH.
Además, la Comisión reiteró que los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen, entre ellas el concepto de la humanidad como víctima y su función de garantía de no repetición de atentados contra la democracia y de atrocidades inolvidables.
Finalmente, la CIDH dijo alentar y acompañar a todos los sectores democráticos de Guatemala en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad y expresa su compromiso para continuar monitoreando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado de Guatemala a abstenerse de reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
Imagen de portada: Congreso de Guatemala. | Foto: Prensa Libre.
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