CNDH: Guardia Nacional vulneraría DDHH; México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 13 de diciembre de 2018

 

“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza, en modo alguno, que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta”, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien advirtió a diputadas y diputados que la creación de la Guardia Nacional «generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos (…), debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos».

Al asistir al tercer día de análisis de la iniciativa presidencial en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, González Pérez afirmó que «México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia», y pidió a diputadas y diputados que por más apremiantes y graves que sean las circunstancias en materia de seguridad no se renuncie a la institucionalidad civil y democrática, toda vez que la primacía de las instancias civiles sobre las militares no debe verse como un mero postulado teórico, sino como una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que el libre desarrollo de la convivencia social no se vea condicionado por intereses políticos o de cualquier otra índole de las estructuras militares, o sea, viciado por la amenaza de la fuerza pública.

Al reconocer también la labor en materia de seguridad y combate al crimen que han realizado las Fuerzas Armadas, se pronunció por no depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares.

Recordó la recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional el 28 de noviembre por la detención arbitraria y tortura de nueve personas a manos de elementos del Ejército, para luego señalar: «Porque quién puede desconocer que tienen una formación diferente con la interacción con la población. No es lo mismo la interacción, y es encomiable, lo hemos dicho, cuando se auxilia a la población en términos del DNIII. Pero tenemos el caso de Palmarito, alguna persona totalmente sometida y se incurre en el exceso de una ejecución. Y quiero ponerme en los zapatos de los elementos militares, lo que están viviendo en esos momentos, la adrenalina, pero parte de la formación es saberse contener ante (ciertas) circunstancias porque se está enfrente de civiles. Entonces lo que hay que evitar son los mayores riesgos».

Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo y en algunos casos se ha propiciado mayor violencia. De modo que repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanos y mexicanas han perdido la vida, miles están desaparecidos y hay un número indeterminado de víctimas que viven con miedo y dolor ante la impotencia de un sistema de procuración e impartición de justicia en el que reina la impunidad y sus derechos son más aspiraciones que realidades concretas, advirtió.

Fue ahí que González Pérez se sumó a las exigencias de contar con una fiscalía realmente autónoma, con los recursos y las capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores. «Ello no es optativo ni negociable, además de condición ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales para acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años».

Pero, además, la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma, y no se advierte, más allá de su enunciación, que la medida encuadre en una verdadera política pública o plan que enmarque una hoja de ruta para la atención de la seguridad pública. Y tampoco queda claro cómo se desarrollan las policías civiles, el destino que tendrán ni el papel de las que actualmente operan.

Por todo ello, y al recordar las recomendaciones que en la materia han hecho organismos internacionales, propuso a las y los legisladores que antes de tomar una determinación se establezca un grupo o panel de análisis especializado y plural para revisar las evidencias objetivas y concretas que sustenten la viabilidad y pertinencia de la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo federal; que aporte elementos para construir un esquema de seguridad pública que acepte y reconozca la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en ese ámbito, y que prevea una ruta para corregir las deficiencias y garantice el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones federales, estatales y municipales para que asuman la responsabilidad de la seguridad pública; para que haya un plan de retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.

No a la militarización

Luz Marcela Villalobos, del colectivo #FiscalíaQueSirva, consideró un error decir que la Guardia Nacional es la única solución que existe, porque «centraliza la seguridad y se le quita responsabilidad» a los gobernadores y presidentes municipales. «Me parecería escalofriante pensar que por el hecho de decir que la gente prefiere a los militares, se deje a los militares en las calles. Percepción no es realidad, o sea, no se puede decir que por que la gente confíe más en los militares que en los policías, entonces es la mejor solución».

Sostuvo que regular el artículo 29 Constitucional es la salida para no entrar en temas de seguridad interior, y recomendó redignificar a las policías y fortalecerlas en lugar de la militarización; retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas, no disfrazar Guardia Nacional o leyes de seguridad interior en una suspensión de garantías; y privilegiar la prevención sobre la represión.

Del colectivo de #SeguridadSinGuerra y de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Citlalli Hernández estimó que con la iniciativa para crear la Guardia Nacional se profundiza un modelo de militarización que se implantó desde 1999, que es la forma en que se han conformado las policías en el país. “Pedimos que este debate no se ciña a un espacio con poca presencia. El debate es sustantivo, toca una de las columnas vertebrales que tiene que ver con la guerra. Esta propuesta de Guardia Nacional no se discutió en los foros de pacificación. Estamos en un debate público para construir la paz, no desde la militarización, no desde la profundización de la violencia, sino del reconocimiento de las víctimas».

En tanto, Roberto Ribes Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pidió analizar y reformar el artículo 25 Constitucional para establecer que el Estado sea rector del desarrollo y seguridad de la Nación, lo que obligaría a visualizar un plan de desarrollo nacional de largo plazo.

Para Morena, la Guardia Nacional va

Si bien la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales fue para que las y los legisladores expresaran sus puntos de vista sobre la iniciativa de reforma a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política, ninguno se adentró en su análisis.

En resumen, y por diferentes razones, para las y los diputados del partido Morena la única opción para hacer frente a la crisis de inseguridad, violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos es crear la Guardia Nacional en los términos en que el titular del Ejecutivo federal planteó su iniciativa de reforma.

Por ejemplo, la diputada Juanita Guerra Mena sostuvo que en esta crisis se han violentado los derechos humanos de los mexicanos e incluso de extranjeros que están en nuestro país, y más aún, que los índices de corrupción entre los elementos y mandos de las policías están rebasados. Su compañero Esteban Barajas Barajas de plano dijo que en su bancada insistirán para que se dé una oportunidad «a este nuevo sistema de seguridad. Debemos intentarlo en esta nueva administración y no atenernos a los resultados de los dos gobiernos anteriores, en donde lo único que había era represión». La secretaria de la Comisión de la Defensa Nacional, María Guillermina Alvarado Moreno, pese a que reconoció que la Guardia Nacional estará integrada por policías federales, militares y navales, afirmó que «“no es algo que se va a militarizar” y que, además, los municipios y los estados no van a perder su autonomía. Y Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses sostuvo que la Guardia Nacional va a coadyuvar en donde haya policías militares, el Ejército y la Marina, así como federales o civiles, pero que si bien en los estados del país muchas veces no se cuenta con una policía eficiente por falta de recursos, cada uno también tiene la obligación de contribuir a la seguridad pública de todos sus habitantes.

El único que planteó alguna duda fue Lucio Ernesto Palacios Cordero, quien dijo que para analizar la estrategia de seguridad sería muy bueno conocer si se tiene un diagnóstico del estado de la seguridad pública en el país durante la última década, con el fin de tener un panorama «mucho más integral».

Algo similar expuso Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Partido Encuentro Social, al preguntar si la CNDH cuenta con un diagnóstico sobre la unificación de los mandos policiales, que es una preocupación de los gobiernos estatales, además de que «uno de los principales reclamos de la ciudadanía ha sido la falta de atención y seguimiento por parte de las estructuras burocráticas, que han sido ineficientes en la procuración de justicia».

Quien le tomó la palabra a Luis Raúl González Pérez fue la diputada Martha Tagle, al pronunciarse por la necesidad de establecer un panel de especialistas, que se base en la evidencia plural a fin de que se tenga el tiempo suficiente para discutir y encontrar una respuesta al tema de garantizar la seguridad y combatir la impunidad en el país.

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Imagen de portada: Pixabay.