SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 13 de abril de 2016
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones y pueblos originarios del país que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI) se declararon en alerta máxima por «la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho (otomí) de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca-Naucalpan y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán».
En un pronunciamiento dirigido a los pueblos del mundo, llamaron a la solidaridad con la comunidad de Xochicuautla y denunciaron los acontecimiento del lunes 11 de abril en que policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y Fuerzas de Acción y Reacción (FAR) del Estado de México cercaron la casa de Armando Díaz Salazar para que maquinaria pesada la derribara.
Recuerdan que García Salazar es sobrino de David Ruiz García, delegado del CNI y «asistente a la compartición entre el congreso y el EZLN en agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad Zapatista». Y luego de hacer una relatoría de lo sucedido el lunes, en que fue agredida físicamente Isabel Hernández, de 64 años e integrante del Consejo Supremo Indígena, manifiestan que «nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto Estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando éstas estén en contra de los pueblos».
Hacen énfasis también en que «el despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM (Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México), que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio» para la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, concesionada por 30 años a la empresa Autovan, filial del Grupo Higa.
Respecto de Santa María Ostula, el EZLN y el CNI denuncian que la noche del pasado domingo fueron atacados 10 integrantes de la policía comunitaria en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fueron atacados los comuneros Francisco Grajeda y Abraham Girón. El primero murió y el segundo resultó herido, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.
«Denunciamos el intento del mal gobierno por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.
«Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros».
A la vez, responsabilizaron «a Eruviel Ávila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha».
Defender es un derecho
Antes, el martes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos lanzó la campaña Defender es un derecho. En la presentación realizada en el Club de Periodistas de México, sus impulsores dijeron que la iniciativa se da «en un contexto de crisis de derechos humanos negada por el gobierno a través de la opacidad y mentira», cuya dimensión se puede apreciar por «una virulencia que si se expresa contra Emilio Álvarez Icaza o el GIEI, podemos imaginar cómo se expresará, por ejemplo, contra los defensores comunitarios que son, hoy día, los más vulnerables en nuestro país», según palabras de Fernando Ríos Martínez, secretarío ejecutivo de la Red.
Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, refirió a su vez la situación por la que atraviesa el pueblo de Xochicuautla, donde el lunes, «para permitir una construcción patrocinada por el Grupo Higa, pasando por encima de una suspensión definitiva dictada por un juez federal (…), ingresaron dos helicópteros y aproximadamente 300 elementos de la policía del Estado de México (…) sitiando al pueblo sin permitir la entrada ni salida de ninguna persona».
También denunciaron una nueva agresión en las inmediaciones de la localidad San Juan de Alima, en Michoacán, donde la noche del domingo «un grupo desconocido de personas armadas disparó a dos miembros de la Policía Comunitaria de Ostula que viajaban en una motocicleta. Falleció Francisco Grajeda, policia comunitario, y resultó herido Abrahm Girón, comisionado de la comunidad al Congreso Nacional Indígena».
Sostuvieron que «este fue el terrible marco en el que se expresó crudamente la realidad cotidiana que viven las personas defensoras de derechos humanos», por lo que se pronunciaron en contra de la llamada Ley Eruviel, que legaliza el uso de las armas de fuego en contra de la sociedad al libre albeldrío de los cuerpos policiacos; en favor de la verdad y la justicia en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; por que el Estado mexicano permita y facilite las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y por el cese a los ataques y hostigamiento a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
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