Colectivo #FiscalíaQueSirva Guanajuato rechaza a Carlos Zamarripa como fiscal general

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Guanajuato, Gto. / Lunes 22 de octubre de 2018

 

Más de 50 activistas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas del estado y del país, que decidieron conformar el colectivo #FiscalíaQueSirva Guanajuato, exigieron hoy al Congreso del Estado derogar «de inmediato» el pase automático del procurador Carlos Zamarripa Aguirre a la Fiscalía General del Estado y que se le llame a rendir cuentas sobre el estado de la institución y de la procuración de justicia en la entidad, en un formato de parlamento abierto en el que se garantice la participación de víctimas, de sus representantes y la formulación de cuestionamientos.

A través de un manifiesto público, las y los integrantes del colectivo pidieron modificar el artículo transitorio contenido en la reforma al sistema de procuración de justicia, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de julio de 2017, y una reforma integral al artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato que contemple: la eliminación del pase automático de todo el personal de la actual Procuraduría General de Justicia del Estado a la Fiscalía General y se establezca el servicio civil de carrera; un método de designación del titular de la Fiscalía transparente, con participación efectiva de la sociedad civil, y que garantice la llegada de un perfil idóneo e independiente de poderes fácticos; la obligación de la Fiscalía para elaborar un plan de persecución penal que atienda los fenómenos delictivos en apego a la realidad del estado; la creación de órganos ciudadanos que vigilen el funcionamiento de la Fiscalía; y una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

#FiscalíaQueSirva Guanajuato sostuvo que la crisis de seguridad e impunidad en Guanajuato «es innegable» y que «el deshonroso» primer lugar nacional en homicidios dolosos de los meses pasados es «el botón de muestra más claro y alarmante».

La impunidad mata, añadió, y «el incremento de la violencia es el reflejo de una deficiente procuración de justicia». Pero «lejos de existir señales que pudieran indicar algún cambio profundo desde los órganos políticos del Estado, ​la ratificación de altos funcionarios de justicia por parte del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y la eventual creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, son una preocupación mayor ante la crisis que se agudiza.

«La reforma constitucional al sistema de procuración de justicia​​, que el Congreso del Estado llevó a cabo el año pasado, ​es un obstáculo ​​para el surgimiento de una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político». En suma, obstaculiza la creación de una ​Fiscalía que sirva​​, toda vez que la reforma aprobada «copió los vicios» de la reforma a la Constitución Federal de 2014 ​​que estableció el pase automático del titular de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República hasta por nueve años.

«Se trató de lo que la sociedad civil denominó en su momento el intento de imposición de un ​Fiscal Carnal​ designado por el titular del Poder Ejecutivo, para que se diera un cambio sin que nada cambiara de verdad. ​Siglas y no instituciones​​. Pero la sociedad civil cerró el paso al Fiscal Carnal» y «cuando el Senado ratificó fast track a Raúl Cervantes, se exigió una reforma profunda al artículo 102 de la Constitución que incluyera la eliminación del pase automático contemplado en el artículo décimo sexto transitorio de la reforma de 2014».

El colectivo, incluso, hizo énfasis en las inconsistencias al interior del Partido Acción Nacional. Recordó que sus legisladores federales, junto con diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, impidieron en septiembre del año pasado la instalación de la Cámara de Diputados hasta que el PRI aceptó eliminar el pase automático -lo cual se concreto hasta el pasado mes de agosto- y que, en la campaña presidencial de este año, «el PAN se asumió como el principal impulsor de ese cambio y una y otra vez insistió en la creación de una Fiscalía autónoma y en no más fiscales carnales», hasta convertir ese punto en fundamental de su plataforma electoral. Pero mientras todo eso sucedía a nivel federal, la bancada panista en ​el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 95 de la constitución, en julio de 2017, e incluyó la cláusula del pase automático del procurador a la Fiscalía General del Estado, y también por 9 años​​.

«Por si fuera poco, las diputadas y diputados establecieron que la Fiscalía General del Estado naciera ​30 días después ​​de que se cumpliera lo establecido en el artículo décimo sexto transitorio ​​de la Constitución Federal (la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la FGR), lo cual, según las intenciones expresadas por MORENA a nivel nacional, sucederá antes del 1o de diciembre. Con ese texto vigente, nuestro estado estaría a punto de convertir a Carlos Zamarripa, quien ya lleva nueve años en el cargo, en el #FiscalCarnal de Guanajuato por nueve años más, al haber sido mantenido en su cargo por el gobernador Sinhué, sin oposición del Congreso».

Las y los integrantes de #FiscalíaQueSirva consideraron que las y los guanajuatenses «merecemos saber las razones que sostienen a uno de los responsables de la crisis de seguridad y justicia que cada día suma más víctimas. ¿Qué cambio sería uno en el que ni las personas ni las instituciones cambian?». Y advirtieron: «La procuración de justicia es una función sustancial en una sociedad, sin la cual es imposible la convivencia en paz. Ante la quiebra del Estado de derecho que vivimos en Guanajuato observamos que resulta complejo reformular el diseño de atención a las víctimas de delitos sin una participación ciudadana efectiva. Un modelo de procuración de justicia que haga a un lado el interés y la participación de la sociedad, nos mantendrá en la ruta del fracaso que hemos experimentado hasta ahora».

Entre las organizaciones y personas que conforman el colectivo se encuentran Alberto Chavarría Millán, Alfredo Lecona, Andrés Treviño Luna, Arnoldo Cuéllar Ornelas, Carlos Alberto Guzmán Mendoza, Chango Pons, Emma Aguado López, Esaú González, Fabricio Lorusso, Ixchel Cisneros, Kennia Velázquez Carranza, Layda Negrete, Miguel Sarre y Sergio Aguayo Quezada. También, las organizaciones Artículo 19; Causa en Común; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para la Seguridad y la Democracia; Observatorio Acambarense de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y el apoyo internacional de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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Imagen de portada: Carlos Zamarripa, procurador de Justicia de Guanajuato. | Foto: Es lo cotidiano.