SOMOSMASS99
Redacción / SomoMass99
México, D.F. / Jueves 11 de febrero 2016
A más de ocho años y medio de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, durante el sexenio de Felipe Calderón, «ha quedado demostrado que el Estado mexicano no tiene la más mínima voluntad política para esclarecer este crimen de lesa humanidad», afirmaron los integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda y de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, quienes exigieron el cumplimiento de la resolución judicial que ordena a los gobierno federal y estatal buscar a los desaparecidos en instalaciones militares y realizar diversas diligencias.
- «El gobierno federal reconoce (…) la desaparición forzada, sin embargo, no realiza las acciones necesarias para dar con los desaparecidos».
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. Reivindicada su pertenencia al Ejército Popular Revolucionario por este mismo grupo armado, en distintos medios de comunicación nacionales y estatales se informó que presuntamente ambos habían detenidos en un operativo conjunto de fuerzas policiales municipales, estatal, la Agencia Federal de Investigaciones, la entonces Policía Federal Preventiva, el Ejército y la Armada de México.
El 30 de julio, la madre de Edmundo Reyes Amaya denuncia la desaparición de su hijo y exige su presentación con vida. Se unen a la demanda Nadine Reyes Maldonado, hija de Edmundo, y Margarita Cruz, hermana de Alberto Cruz Sánchez. En abril de 2008, el Ejército Popular Revolucionario emite un comunicado en el que propone la creación de la Comisión de Mediación para establecer un diálogo con el gobierno federal y un mes después, el 25 de mayo, el obispo Samuel Ruiz, la activista Rosario Ibarra de Piedra, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el antropólogo Gilberto López y Rivas aceptan formar parte de la comisión, con el propósito de encontrar a los desaparecidos, pero con la condición de que el grupo guerrillero no emprenda acciones armadas.
Para el 26 de abril habían sido detenidos en Oaxaca siete personas. Entre ellas, Romero Ruiz, director de servicios periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y primo del gobernador Ulises Ruiz, y Ricardo Canseco, subdirector técnico administrativo de la PGJE. Aún así, el mandatario estatal se deslinda de los hechos y se suma a la exigencia de los familiares, al tiempo que Nadine Reyes denunciaba intimidaciones y acoso hacia ellos por parte de las autoridades encargadas de investigar las desapariciones. Estos hechos constan en el libro Desapariciones Forzadas en México, documentos del proceso de mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno federal, publicado por la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Ahora, a ocho años y ocho meses de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, las comisiones Civil de Seguimiento y Búsqueda y de la Verdad de Oaxaca emitieron un posicionamiento con motivo del incumplimiento por parte de las autoridades federales de la resolución 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, en el que enuncian varios hechos que consideran significativos y que ocurrieron desde el 2008, cuando se integró la Comisión de Medicación (COMED) entre el PDPR-EPR y el gobierno federal, a petición del EPR.
- El Estado les trató de entregar restos humanos que no correspondían a los de sus seres queridos.
El 29 de abril de ese año, recuerdan, «la PGR informó que contaba con indicios para considerar que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz estaban muertos, esto sin tener líneas claras de investigación dentro de la averiguación». El 14 de agosto, «la COMED presenta documentos relevantes con respecto a la desaparición de ambos luchadores sociales y ese mismo día, el gobierno federal reconoce en un comunicado la existencia de la desaparición forzada, sin embargo, no realiza las acciones necesarias para dar con los desaparecidos».
Al año siguiente, el 13 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 07/2009 dirigida a los tres niveles de gobierno, «en la que se evidencia que el caso se trata efectivamente de una desaparición forzada. Sin embrago hasta la fecha el Estado no ha cumplido esta recomendación». El 21 de abril , «debido a la falta de respuesta del gobierno federal, la COMED decide suspender sus actividades», pero a petición de la organización armada se vuelve a conformar en enero de 2010 con nuevos integrantes: Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano.
Para mayo de 2012, «y como un hecho que destacamos de todo este proceso, se trata de imponer a toda costa la hipótesis de que uno de los desaparecidos está muerto, llegando asegurar que había más del 80 por ciento de probabilidades de que se encontraría un cuerpo que correspondería a uno de ellos, que se encontraba enterrado en un panteón de Puerto Escondido, Oaxaca». Por ello «se realizó una diligencia de exhumación con el apoyo de expertos independientes del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF), ante la desconfianza de los familiares en los peritos de la PGR, hecho que nos permitió determinar una vez más el engaño y la perversidad del Estado al tratar de entregar a las familias los restos de otra persona que no era el de sus seres queridos, y que de no ser por el apoyo del EAAF, tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado esos restos a los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso.
«Así, una y otra vez el Estado en múltiples ocasiones, con argumentos falsos, ha buscado la manera de deslindarse de su responsabilidad y de no garantizar el acceso a la verdad y la justicia, así como imponer como única verdad la supuesta muerte de ambos desaparecidos, hipótesis que siempre tratan de imponer en todos los casos de desaparición forzada.
«La sistematicidad de esta práctica, así como de la impunidad ha quedado demostrada nuevamente con el incumplimiento de la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el 19 de junio del 2014, por la cual se dio origen a esta Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda a petición del EPR y que a más de un año no ha obtenido respuestas favorables».
Por todo ello, los integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda declararon lo siguiente:
- «Continuaremos exigiendo el cumplimiento de la resolución judicial 29/2014 hasta dar con el paradero de Edmundo y Gabriel».
1. Continuaremos exigiendo el cumplimiento de la resolución judicial 29/2014 hasta dar con el paradero de Edmundo y Gabriel, debido a que su cumplimiento significaría un gran avance no sólo para esclarecer este caso, sino como precedente para muchos más. Además se impulsará que el cumplimiento de este tipo de resoluciones quede plasmado en la futura ley general sobre desaparición forzada para obligar a las autoridades a desarrollar la búsqueda de los desaparecidos en instalaciones militares y cárceles.
2. La Comisión de la Verdad en su informe final estará realizando un informe detallado con respecto a este caso y emitirá importantes recomendaciones que se impulsarán para que sean cumplidas por el gobierno del estado y el gobierno federal.
Firman el posicionamiento, por la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano; abogados del caso, Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez; y familiares, Margarita Cruz Sánchez y Nadine Reyes Maldonado. Y por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, Alejandro Solalinde, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Diego Enrique Osorno.
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