Redacción SomosMass99
Domingo 10 de mayo de 2015
- Este lunes se espera una manifestación en solidaridad con los jornaleros en la sede de la representación política del gobierno del estado de Baja California en el Distrito Federal. Alto a la represión será la demanda.
El grupo sindical de la Nueva Central de Trabajadores de México (NCT) condenó este sábado la “brutal” represión protagonizada por fuerzas policiales del Estado mexicano contra trabajadores jornaleros de San Quintín, en Baja California, cuyos hechos dejaron 70 heridos y al menos 5 detenidos. En un comunicado, la NCT, exigió al Gobierno Federal y del Estado de Baja California, “detener la escalada represiva en contra de los jornaleros y reanudar, en forma inmediata, la mesa de negociación con los jornaleros de San Quintín y para dar solución a sus justas demandas”.
En tanto, en conferencia de prensa en la ciudad de México, Max Correa Hernández, de la Central Campesina Cardenista (CCC), y Fidel Sánchez Gabriel, vocero del Movimiento de Jornaleros Agrícolas de San Quintín, enlazado vía telefónica, ratificaron la decisión de iniciar el boicot internacional en Estados Unidos, para evitar la compra de frutas, legumbres y hortaliza que son exportadas de esta región, como una forma de protesta por la violación de derechos humanos y laborales que sufren los trabajadores en la siembre y cosecha de estos alimentos.
Precisaron que esta acción se definirá este lunes y martes, pues “todavía estamos en el proceso de reunión con las organizaciones y sindicatos existentes en la Unión Americana para que también apoyen este boicot”, dijo Fidel Sánchez.
Los dirigentes y trabajadores agrícolas responsabilizaron al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, y a los agroempresarios de la violencia y represión perpetrada por elementos policiacos, quienes utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos y balas verdaderas en contra de jornaleros agrícolas, de acuerdo a información del diario La Jornada.
- Los hechos del sábado dejaron al menos 70 trabajadores agrícolas heridos, 7 de gravedad.
Asimismo, las organizaciones que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, expresaron su preocupación por los hechos en contra de las y los trabajadores agrícolas, los cuales se enmarcan entre las protestas que han realizado en los últimos meses para exigir condiciones laborales dignas.
Este sábado unos 70 jornaleros resultaron heridos, siete de ellos de gravedad, tras un ataque policial en la comunidad Triqui de la colonia Nueva San Juan Copala, en San Quintín. De acuerdo con información de La Jornada se rumoró que hubo tres muertes, incluso una residente dijo contar con sus identidades, pero el gobierno de Francisco Vega aseguró en un comunicado que las corporaciones policiacas confirmaron que no se cuenta con registro de decesos de persona alguna.
El pasado 5 de mayo, los jornaleros lanzaron una campaña de acción internacional por la red social twitter exigiendo aumento salarial y condiciones dignas de trabajo. Los jornaleros mantienen una huelga desde el 17 de marzo cuando se cansaron de ser maltratados y explotados, por lo que decidieron salir a las calles a protestar por las condiciones de semi esclavitud a la que son sometidos, especialmente niños y mujeres. Anunciaron una caravana que realizarán el 11 de mayo. Los jornaleros destacaron que la situación que ellos atraviesan se vive en 19 estados del país.
No a la criminalización de la protesta
En su página de internet, Artículo 19, organismo defensor de la libertad de expresión, señala en un comunicado que frente a la zozobra en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y las niñas en San Quintín, han tenido conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos en los acontecimientos que tuvieron lugar después de que el Subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de dialogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo.
- Desde hace semanas, las y los jornaleros de San Quintín iniciaron un movimiento para denunciar las condiciones de semi esclavitud en las que trabajan en los campos de Baja California.
Y luego de los sucesos del día 9 de mayo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, reprueba el uso de balas de goma y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California, en aparente colaboración con la policía municipal; así como los allanamientos de morada que éstos emprendieron sin orden judicial.
Dichos acontecimientos se dan en un contexto de criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la CIDH en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado, prosigue el texto. “Por ello, las organizaciones que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestamos enérgicamente nuestro rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de Seguridad Pública. Más aún, resulta preocupante que se privilegie el uso de la fuerza frente a demandas de grupos sociales. Ello es un signo claro de la pérdida de libertades democráticas en el país y el incremento de prácticas autoritarias por parte de autoridades locales y federales, que refuerzan la crisis de derechos humanos en el país”.
Así mismo, el frente integrado por Artículo 19; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.: Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. exigen que las autoridades encargadas de proteger derechos humanos -específicamente la CNDH- brinden una protección efectiva ante estos hechos. Exigimos también el retiro inmediato de la policía de la zona, el respecto al derecho al debido proceso para las personas detenidas, el cese de la criminalización del derecho a la protesta y la investigación y sanción efectiva contra los responsables del operativo en San Quintín.
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