SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 30 de julio de 2021
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno».
– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 39
La consulta popular es una de las formas de participación democrática y del ejercicio de la soberanía, no es una concesión desde el poder sino una facultad del pueblo para manifestar su opinión acerca de algún tema o aspecto de su interés; de ahí que aun con todas las objeciones de la oligarquía local, de partidos y grupos de derecha, la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto revista particular importancia, pues aborda aspectos relativos al desempeño y responsabilidades de administraciones anteriores cuyo incumplimiento causó graves daños a la independencia y soberanía de nuestro país y a la mayoría del pueblo mexicano.
Quienes son objeto y motivo de esta consulta, los cinco anteriores expresidentes de la república que en el ejercicio de sus funciones, y en el contexto de una extendida corrupción tanto en el ámbito público como privado, impusieron una serie de medidas y acciones que además de significar beneficios personales, familiares o de grupo, favorecieron a poderosas corporaciones económicas privadas, locales y extranjeras, en grave detrimento de los intereses de la nación.
Con esas medidas y acciones despojaron a la nación y a comunidades rurales de bienes y riquezas; a millones de trabajadores de parte importante de sus derechos y conquistas; y, de manera general, vulneraron la independencia y soberanía de nuestro país.
En las administraciones de esos personajes se llevó a cabo un verdadero saqueo a la nación que fue realizado mediante «reformas» a la Constitución, leyes generales, secundarias y disposiciones legales, en no pocos casos posteriores a la comisión del atraco. Para conseguir su objetivo realizaron «consultas» a modo, en las que el pueblo estuvo ausente y solamente participaron los cómplices del despojo, con previstos resultados favorables a sus lesivas propuestas.
Además de su responsabilidad por el despojo y saqueo a la nación, previsores, porque no son tontos, crearon una serie de entramados legales y de organismos autónomos para protegerse tanto ellos y sus cómplices en cada administración, como los grupos privados favorecidos por los atracos y la corrupción. Y por si lo anterior fuera poco, aún operan a su favor una serie de elementos corruptos del poder judicial, los partidos políticos desplazados —principalmente el Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática—, y algunos miembros de la administración actual y del partido que ganó la elección presidencial en julio de 2018, Morena.
Ahora, con un gobierno empeñado en la lucha contra la corrupción y que pretende recuperar parte del despojo a la nación, los defensores del anterior orden de cosas, el neoliberal, se desgarran las vestiduras y acusan al gobierno de autoritario y dictatorial, llegando incluso a solicitar a la inefable Organización de Estados Americanos, el ministerio yanqui de colonias, que intervenga en asuntos que únicamente competen a los mexicanos.
La actitud de esos personajes y grupos de derecha es una muestra palpable de los intereses que defienden y de a quién sirven, así como de su desprecio al pueblo, al que consideran incapaz para opinar en asuntos públicos y tomar decisiones para definir el rumbo del país..
Si algunos sectores de nuestro pueblo han sido dañados gravemente por los neoliberales, ellos son los trabajadores del campo y la ciudad, manuales e intelectuales, que conforman la mayor parte de la población y han padecido la precarización de sus condiciones de vida y trabajo; los pequeños y medianos empresarios, con cada vez mayores obstáculos y problemas para desarrollar sus actividades; los jóvenes, quienes en muchos casos han visto canceladas las oportunidades de un mejor futuro; y los adultos mayores, que una vez concluida su vida productiva son prácticamente abandonados por el sistema, y para el neoliberalismo representan una carga. Son estos grupos sociales quienes, a juicio del autor de estas líneas, debieran manifestarse en la consulta del 1 de agosto.
Y aun cuando se trata de una forma de participación democrática y de ejercicio soberano, tanto la democracia como la soberanía implican alcances y acciones mucho más amplias y complejas que los de una simple, aunque importante, consulta; por citar algunos aspectos: la elección de candidatos a puestos de elección debe realizarla el pueblo, mediante asambleas, sin intervención de ningún tipo de grupos de intereses económicos; el establecimiento de los salarios de quienes ocupen puestos públicos; la rendición periódica de cuentas; la revocación de mandato, en cualquier momento y a cualquier nivel, de quien por fallas personales incumpla en sus funciones; la organización popular que permita la participación en las decisiones trascendentales; y una serie de mecanismos de organización y participación que den vida a la democracia y promuevan todo aquello que deba ser cambiado, siempre en favor del pueblo.
Por vía de mientras, y como un avance, no dejemos de manifestar nuestra opinión en la consulta popular del 1 de agosto próximo.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Epigmenio Ibarra (@epigmenioibarra) Twitter.
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