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Alberto De la Torre Gleason*
Martes 27 de julio de 2021
Las Consultas Públicas son un instrumento legal de una sociedad con amplias miras democráticas, permiten transparentar la toma de decisiones al tiempo de enriquecerlas en busca del mayor bien común de una población.
En un país como el nuestro en dónde se han violado muchas veces los derechos humanos y democráticos, incluyendo los aspectos ambientales como en muchos megaproyectos desarrollados en los últimos 30 años, que no consideraron a los habitantes de la región en dónde se desarrollaron estos megaproyectos y que gran parte de los impactos ambientales negativos han sido absorbidos con graves perjuicios en la vida y salud de los habitantes; todo esto por no realizar Consultas Públicas o las que se llevaron a cabo, fueron manipuladas, mal informadas y simuladas para “taparle el ojo al macho” y disfrazar de “democracia” una franca tropelía e imposición maléfica.
Aunque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, está claro el proceso de Consulta Pública, la corrupción del periodo neoliberal (1988 – 2018) la convirtieron en letra muerta, de aquí la importancia trascendental de enjuiciar esa corrupción y nada mejor que iniciar ese proceso realizando una Consulta Pública sobre el Juicio a expresidentes de ese periodo.
El Papa Francisco menciona en su Encíclica Laudato Si’ lo siguiente:
“Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control de los daños ambientales”.[1]
No en vano La Carta de la Tierra observa con gran claridad que para que exista un medioambiente sano, debe ir de la mano de principios justos y democráticos reales y no simulados:
“Principio No. 3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
- Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales, y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.
- Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable. […]
“Principio No. 13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
- Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan interés.
- Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones.
- Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y disensión.
- Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza de tales daños.
- Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.[2]
[…]”
Referencias:
[1] Encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común, Papa Francisco. Consulta en Línea: http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
[2] La Carta de la Tierra. Consulta en Línea: https://cartadelatierra.org/lea-la-carta-de-la-tierra/
* Alberto De la Torre Gleason es miembro del integrante del Observatorio Ambiental Ciudadano Biósfera.
Imágenes de portada e interiores: Observatorio Ciudadano
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