Crean Foro Mexicano por la Seguridad Democrática; Se requieren políticas con perspectiva en DDHH

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 26 de octubre de 2017

 

Como parte de las conclusiones de la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, la Universidad Iberoamericana (UIA), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunciaron la creación del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, una red para la construcción de conocimiento, intercambio e incidencia en políticas públicas para la seguridad pública en un contexto democrático y con perspectiva de derechos humanos.

En la iniciativa, y como principios fundacionales, las personas son el centro de las políticas de seguridad hacia el fortalecimiento del paradigma de seguridad ciudadana en un contexto democrático y con perspectiva de derechos humanos; las políticas de seguridad deben ser coherentes con la promoción y respeto de los derechos humanos; tales políticas deben construirse con base en la evidencia y los más avanzados conocimientos científicos y técnicos; la seguridad ciudadana debe anteponer la prevención de la violencia y la delincuencia; las políticas de seguridad deben ser conducidas por autoridades civiles responsables, competentes, profesionales y sujetas a rendición de cuentas, a su vez auxiliadas de manera excepcional, subsidiaria y temporal por las autoridades militares; y las políticas de seguridad deben enfocarse en estimular la creatividad y la innovación, para así construir casos de éxito susceptibles de replicación.

El Foro se plantea como primeros objetivos estratégicos el diseño y puesta en marcha de una agenda de investigación científica orientada hacia la incidencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades civiles responsables de la seguridad; la integración y puesta en marcha de una oferta educativa de nivel superior y de posgrado dirigida a la formación de cuadros especializados entre autoridades y sociedad civil; la construcción y puesta en operación del primer laboratorio de innovación para la seguridad ciudadana; diseño y lanzamiento de un ranking nacional de intervenciones en seguridad ciudadana que incluirá una plataforma de reconocimientos a las mejores prácticas; construcción de alianzas estratégicas con foros de seguridad de otros países; y la integración y publicación del manifiesto del Foro, mismo que incluirá el marco teórico y conceptual que enmarcará su trabajo, la estrategia política de incidencia y el plan de trabajo de los primeros tres años de operaciones.

Todo ello en razón de que las políticas de seguridad en México requieren una revisión profunda, de cara a la persistente crisis de inseguridad, violencia y delincuencia, a su vez asociada a un extendido conflicto con los derechos humanos.

«Las evidencias disponibles permiten afirmar que las políticas públicas vigentes en estas materias no están dando los resultados deseados y sí en cambio con frecuencia parecen agudizar los problemas. En el lugar más importante de esas evidencias está la reiterada confirmación del incremento de las víctimas, cuya experiencia en incontables ocasiones suma múltiples embates desde actores no estatales, pero también desde representantes de las propias autoridades», señalaron.

Así lo demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada anualmente desde el 2011, que señala que cada vez hay más víctimas. Por ejemplo, en su edición del año 2016 reportó que hay una víctima del delito en uno de cada 3 hogares visitados y más del noventa por ciento de ellas no presentó denuncia ante la autoridad.

«Muchas de las víctimas padecen experiencias de indescriptible sufrimiento producto de los peores crímenes, a su vez acompañados por las más graves violaciones a sus derechos humanos, hechos intolerables que, por si no fuera suficiente, con enorme frecuencia terminan en la impunidad (…) La cara más visible de todo esto es el homicidio violento, mismo que en este año enseña ya los más altos registros desde que el Sistema Nacional de Seguridad Pública los comenzó a acumular en 1997. En aquel año la tasa de homicidios por 100 mil habitantes fue de 13.94; en 2016 ascendió casi a 20; la Organización Mundial de la Salud reconoce que un país sufre una epidemia de violencia cuando esta cifra es igual o mayor a 10».

En tanto, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), también del INEGI, levantada trimestralmente desde el 2013, encontró apenas en septiembre de 2017 que el 80 por ciento de las mujeres y el setenta por ciento de los hombres entrevistados se siente inseguro en la ciudad donde vive. De tal manera que en promedio el 76 por ciento de la población adulta en México se siente insegura, por igual en ciudades de menores y mayores condiciones de desarrollo.

Todo ello a pesar de que las autoridades hay hecho esfuerzos sin precedentes para contener la inseguridad, la violencia y la delincuencia con la creación de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la entrada en vigor de un régimen especial de investigación y persecución de la delincuencia organizada; la modificación de los ejes del sistema de justicia penal y la aprobación en 2011 de profundos cambios constitucionales en materia de derechos humanos. Pero sobre todo, no obstante que desde 2007 se multiplicó el despliegue militar en tareas de seguridad pública, hasta el punto de que hoy en día, como lo han informado las propias Fuerzas Armadas, se mantiene a más de 52 mil militares tareas de “reducción de la violencia”, y de que el presupuesto federal se ha duplicado en términos reales de 2006 a 2016.

Sin plan, el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública

Al final de la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, a la que convocaron la UIA, el Centro Prodh, el IIJ-UNAM, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la CNDH, además del Centro de Investigación y Docencia Económicas, los expertos, activistas y académicos participantes concluyeron que la actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla.

Respecto de la Ley de Seguridad Interior que se prepara en el Congreso de la Unión, los especialistas coincidieron en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas presentadas no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

«La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país».

Advirtieron, además, que la crisis de derechos humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre-transicionales, toda vez que esos modelos enfrentan obstáculos como la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

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Foto de portada: Centro Prodh.