Crisis de DDHH: OSC exigen al Estado mexicano «renunciar a la simulación»

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 18 de mayo de 2017

 

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• Han teñido a mayo de rojo, pero nosotros lo volveremos emblema de la esperanza.

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Funcionarios del Estado mexicano pretenden eludir su responsabilidad en la crisis de derechos humanos minimizando hechos, cuestionando evidencias y responsabilizando a las víctimas. Todo como una política de propaganda, en la que los casos de Palmarito, en Puebla, y el asesinato de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en Tamaulipas, no son casuales sino una estrategia de desmovilización social.

Así lo afirmaron 84 organizaciones de 23 estados de la República integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos Red (TDT), las que a su vez denunciaron que «la ineficacia del Estado mexicano alcanza un nivel grave que pone en riesgo no sólo la seguridad, sino la estabilidad nacional».

Así denunció Miriam Rodríguez,le fueron quitando todo hasta la vida.Quería ver a @JaimeRochin d @CEAVmex el día 30 q para ella nunca llegará pic.twitter.com/JQVXtSfZZh

— ️Ǻпa (@Ana_Bunker) 13 de mayo de 2017

A través de un comunicado de prensa, señalaron que ante hechos de suma gravedad, no sólo desde una mirada de derechos humanos sino incluso de gobernabilidad, representantes de los distintos niveles de gobierno minimizan las evidencias y pretenden distraer el debate nacional ante su evidente incapacidad para garantizar a la población sus derechos más básicos.

Ante todo ello, la Red TDT exigió a los funcionarios del Estado mexicano que «renuncien a la simulación» y llamó a la sociedad civil del país «a fortalecer sus articulaciones para continuar la construcción de alternativas técnicamente viables que ofrezcan una vía de salida a la actual crisis de derechos humanos.

«Las respuestas de los funcionarios del Estado en sus distintos niveles sólo buscan alimentar la desesperanza de la población y la certeza de que esta crisis no tiene salida: ante un operativo que dejó como resultado seis civiles y cuatro militares muertos, en el cual se ha denunciado la ejecución por parte de militares de uno de los civiles en Palmarito, Tochapan, Puebla, la respuesta de estos actores públicos es minimizar los hechos, cuestionar las evidencias y responsabilizar a las víctimas no sólo en el caso de Palmarito sino como una política de propaganda.

«Ello no es inaudito, pues no se pretende encubrir a un militar desbordado por el stress o a un mando que haya comunicado una orden ilegal: se busca ocultar la incapacidad de un sector de la sociedad que además ha logrado una bonanza a partir de la barbarie. Las personas en función pública están sujetas a responsabilidad por sus acciones, por lo cual es inminente reconocer que, más allá de los hechos denunciados, existe una realidad en la cual las más de 23 mil muertes violentas de 2016 reportadas por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (que nos colocan sólo debajo de Siria a nivel global) no es fruto de errores metodológicos en los estudios que reflejan sus resultados, sino de políticas públicas erróneas que implican responsabilidades legales para personas concretas».

Hicieron énfasis en que si acaso «las escandalosas cifras citadas» no describen «la brutalidad de la descomposición que vivimos», el asesinato el día de las madres de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de los derechos humanos decidida, es el botón de muestra que confirma «la consigna que miles de familias lanzaron por la mañana de ese mismo día al exigir la presentación con vida de sus hijos desaparecidos: #NoHayNadaQueCelebrar».

En este caso, las organizaciones recordaron que Miriam Rodríguez advirtió con anticipación a las autoridades del riesgo que corría y había solicitado protección que le fue negada. «No parece una casualidad la forma en que se instrumentó su asesinato, sino una estrategia de desmovilización social».

Pero, añadieron, «creemos que la sociedad no debe de confundirse. Tampoco estos hechos responden al infortunio o a la fatalidad. La muerte y la desaparición de civiles y de personas defensoras de derechos humanos tienen responsables que trascienden a quienes cometen esos delitos de manera material e intelectual. Para empezar, los funcionarios públicos que han sido incapaces de honrar sus compromisos y aprobar una Ley sobre los distintos tipos de desapariciones que cumpla con las exigencias de las familias y con los compromisos internacionales del Estado mexicano. Pero además, las políticas públicas que han permitido que esto ocurra han sido diseñadas e instrumentadas por funcionarios que tienen nombre y apellido. E insistimos, esto implica responsabilidades políticas e incluso penales».

Estimaron que la salida a la violencia y desesperanza en esta crisis de derechos humanos es el trabajo constante y comprometido de las organizaciones de la sociedad civil, así como las articulaciones legítimas y creativas, como es la construcción, denuncia y exigencia colectiva, la construcción de alternativas como las de los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva.

«Lo grave parece ser que los principales responsables de esta crisis están obstinados en negarla y mirar hacia otro lado. Cuando los caminos del diálogo parecen cerrarse, la sociedad civil advierte que el pueblo está legitimado para buscar alternativas a la violencia y la inseguridad que el Estado no puede resolver. Es inaceptable la crisis en la que estamos sumidos, pero lo es aún más el cinismo y la incapacidad de los funcionarios del Estado (…) Ante la barbarie y la violencia, parece cada vez más claro que sólo la sociedad civil puede impulsar una paz con justicia y dignidad(…) Han teñido a mayo de rojo, pero nosotros lo volveremos emblema de la esperanza.

Foto de portada: Tercero Díaz / Cuartoscuro.