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Arena Sofía Solari / Internacionalista 360°
Bolivia / Lunes 9 de enero de 2023
Más de una semana después de la detención del gobernador Fernando Camacho, el departamento opositor ha profundizado su confrontación con el gobierno nacional y busca «asfixiar» la economía boliviana.
A poco más de una semana de la detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el departamento más rico de Bolivia profundiza su juego y se centra en «aislarse» para dañar al gobierno central, mientras las tres fuerzas de la coalición gobernante no pueden dejar atrás su propio conflicto interno. El conflicto entre este departamento y La Paz es histórico y siempre se ha agudizado cuando el Palacio del Quemado fue gobernado por fuerzas progresistas. Sin embargo, las autoridades de Santa Cruz son conscientes de que no pueden volver a entrar en un paro laboral porque los costos de haberlo realizado durante 36 días el año pasado dejaron su economía bastante maltrecha. Por lo tanto, por ahora buscan mantener el nivel de actividad pero cortar todos los vínculos con La Paz.
Dos días después de la detención de Camacho, todas las fuerzas de Santa Cruz que lo apoyan se reunieron en el marco de una Asamblea de la Cruceñidad y votaron por cerrar las vías departamentales para aislar el territorio así como realizar «vigilias» en las instituciones públicas que realizan funciones de recaudación tributaria con el fin de sabotear los ingresos que el estado central recibe de ese departamento. «Esta medida es para aislarnos», explicó a El Destape Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), una de las instituciones que forma parte del Comité Cívico pro Santa Cruz, una especie de mesa política donde están representados todos los poderes del departamento. La apuesta de Santa Cruz es fuerte y podría complicar al gobierno de Luis Arce porque el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en todo el país se producen allí y Santa Cruz también es responsable de cerca del 40 por ciento del PIB.
Santa Cruz tiene comunicación terrestre con Argentina, Paraguay y Brasil y comercializa una parte de su producción en esa triple frontera, por lo que podría seguir recibiendo recursos a pesar de su «bloqueo» parcial. «Nuestra intención no es bloquear el comercio con los países vecinos, sino solo hacia el interior. Sin embargo, es bueno reconocer que hemos sido superados por nuestro ‘plan’ porque estábamos ‘patrocinando’ tres o cuatro puntos de bloqueo y ahora tenemos 12», explicó a este portal Fernando Larach, vicepresidente del Comité de Santa Cruz, y reconoció que el reclamo del departamento tomó cierta autonomía. El gobierno boliviano, sin embargo, ha reducido la estrategia de la oposición, argumentando que los recursos que Santa Cruz recibe del exterior provienen del Banco Central.
El arresto de Camacho pone al rojo vivo el histórico conflicto regional.
Como parte de la cruzada que mantiene el departamento más rico con el poder central, en los últimos días salió a buscar apoyo de todas las regiones bolivianas y también de fuerzas políticas de otros países. Así fue como este miércoles el Comité Cívico Nacional se reunió en Santa Cruz y decidió dar su apoyo al distrito más opositor de todo el país. En el comunicado que salió de la reunión, manifestaron que apoyan los bloqueos y se declararon en estado de movilización. Además, también recibieron el apoyo de las fuerzas ultraderechistas de VOX de España y del Partido Republicano de Chile, que nominaron a Antonio Kast para la Presidencia, a través de dos diputados de ambas fuerzas que volaron a Santa Cruz.
Santa Cruz apostó por esta estrategia para tratar de afectar al gobierno de Arce para que de alguna manera tengan que sentarse a dialogar. La principal fuerza opositora logró una importante victoria en 2022 cuando logró que el Gobierno redefiniera la fecha en la que iba a realizar el censo y lo obligó a llevar esta discusión al Congreso. Pero el año terminó con un revés para el oficialismo cuando la Fiscalía ordenó la detención de Camacho en el marco del caso «Golpe de Estado I». A partir de ese momento, la oposición salió al unísono a denunciar la «arbitrariedad» de esa medida y de todo el «aparato judicial».
«Protestamos contra la arbitrariedad que se lleva a cabo contra Camacho y porque en Bolivia no hay Justicia que resuelva. La justicia trabaja por los intereses del Ejecutivo», denunció Larach en diálogo con El Destape. Sin embargo, tan pronto como se conoció el arresto del gobernador, la Fiscalía explicó que Camacho tenía «pleno conocimiento del proceso legal» que se inició en 2020 por su papel público en las protestas previas al golpe contra el ahora expresidente Evo Morales y en la posterior toma de posesión de facto de Jeanine Áñez, que también está detenido hoy. Por el mismo proceso legal, el entonces liderazgo militar también es detenido.
Camacho tiene al menos ocho casos abiertos en La Paz, todos los cuales han sido presentados allí debido a la dificultad de que cualquier tipo de enjuiciamiento prospere en un departamento donde los denunciantes tienen dudas de que prevalezca algún grado de imparcialidad. Tiene varios cargos en su contra, y el más rotundo, además del caso del Golpe, es el abierto tras la huelga de 36 días que encabezó para el censo y que lo acusa de instigación a cometer un delito, daños graves, terrorismo y separatismo.
El conflicto interno oficial
Mientras la oposición avanza para debilitar al gobierno central, las autoridades del Palacio Quemado agregan capítulos a su conflicto interno. Si durante el debate sobre el censo estalló la pelea entre Evo Morales y Luis Arce porque el primero pedía una posición más radical contra Santa Cruz y el segundo optaba por una salida más dialoguista, ahora Evo cuestionó al vicepresidente David Choquehuanca que no estaba jugando un papel protagónico en esta escena.
Esta semana que paqsó el MAS emitió un duro comunicado titulado: «Hermano David Choquehuanca, ¿dónde está?» Allí le pidió al vicepresidente que hiciera una declaración sobre los acontecimientos de los últimos días y saliera en defensa de Arce. «Un llamado urgente (…) para salir de la cueva del silencio sospechoso», abrió la carta y continuó: «En defensa de Arce, que es blanco de los ataques permanentes de los golpistas de derecha y sus empresas mediáticas».
En la carta acusaron a Choquehuanca de no comparecer públicamente desde la detención de Camacho, calificaron esa actitud de «preocupante» y dijeron que esperan que su «silencio» no signifique desacuerdo con las investigaciones y procesos contra «los autores y cómplices del golpe de Estado» de 2019.
Tanto Choquehuanca como Evo se disputan la representación de diferentes sectores indígenas y el momento de ruptura fue cuando el expresidente jugó por su reelección y el ahora vicepresidente, que venía de ser canciller y aspiraba a ser su sucesor, no se alineó.
Según el politólogo Fernando Molina en diálogo con este portal, para el regreso del MAS, en 2021, Evo logró apartarlo y la candidatura de Arce funcionó como una especie de tapón. «Nunca se reconciliaron», consideró Molina. Hoy Choquehuanca tiene su fuerza distribuida entre la Cancillería y en otros ministerios; además de contar con el apoyo de los movimientos sociales aymaras que viven en La Paz y en el noroeste del país.
* Traducción de Miguel S. para Internationalist 360°
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