SOMOSMASS99
Redacción / SomoMass99
Oaxaca, Oax. / Martes 9 de febrero de 2016
Durante el conflicto magisterial de 2006 hubo violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) demandaron este día a la procuradora general de la República, Arely Gómez, y al titular de la Fiscalía General de Oaxaca (FGO), Joaquín Carrillo Ruiz, resguardar e inspeccionar los domicilios donde presuntamente se realizaron inhumaciones clandestinas de personas desaparecidas durante o después del movimiento magisterial de 2006 y 2007, tiempo en el que el gobierno estatal era encabezado por el priista Ulises Ruiz Ortiz y el federal por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.
La CVO, integrada por Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez, Eugenia Mata García y Diego Enrique Osorno, lanzó su llamado a las autoridades de justicia estatal y federal a tres meses de haber interpuesto (en noviembre de 2015) las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca, órgano dependiente de la FGO, y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), instituciones que no han ofrecido respuesta ante el proceso iniciado.
La Comisión de la Verdad de Oaxaca, a través de un comunicado, informó que el 3 de febrero de este año el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) difundió una misiva dirigida los miembros de la comisión en la que denunciaban que en diversos lugares de Oaxaca «fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado en los años 2006 y 2007», además de que «dentro del contexto de terrorismo de Estado que afecta a todo nuestro pueblo, es una necesidad que éste conozca la verdad histórica, en la cual su labor es loable en el esfuerzo colectivo para que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad».
- Hasta el momento ninguna autoridad de primer nivel ha sido juzgada.
En los últimos meses del sexenio 200-2006, Vicente Fox y Ulises Ruiz acabaron con el movimiento magisterial con el empleo de la fuerza pública. Se registraron varias muertes de profesores y de civiles, varios desaparecidos y encarcelados. Ya en el gobierno de Felipe Calderón, las aprehensiones continuaron, como sucedió con uno de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, quien permaneció recluido en un penal de alta seguridad por más de un año. Tiempo después, las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyeron en que durante el movimiento magisterial las autoridades violaron los derechos humanos en distintas formas, conclusiones que fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un dictamen en el que estableció que una de las víctimas de esas violaciones fue el pueblo de Oaxaca.
Hasta la fecha, ninguna autoridad estatal o federal de aquel tiempo ha sido juzgada ni sentenciada por aquellos hechos. No obstante, la Comisión de la Verdad de Oaxaca anunció en noviembre pasado que había llamado a declarar a Vicente Fox, Felipe Calderón, Ulises Ruiz, al ministro Eduardo Medina Mora (secretario de Seguridad Pública federal en 2006), al ex procurador general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, y a otros 61 ex funcionarios estatales y federales.
La CVO dio a conocer ahora que, además del contenido de la misiva del PDPR-EPR, por datos obtenidos con antelación decidió iniciar las gestiones correspondientes ante las instituciones oficiales encargadas de la administración de justicia en Oaxaca y en el país, con el fin de llevar a cabo las acciones requeridas con urgencia, toda vez que se trata de «información delicada y de alta prioridad».
«Desde el mes de noviembre del año 2015, la Comisión de la Verdad abrió una Averiguación Previa en la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca e hizo la diligencia requerida ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República con el fin de que se resguardaran e inspeccionaran una serie de domicilios para confirmar o descartar la existencia de fosas clandestinas. Hasta la fecha, ninguna de estas dos instancias ha ofrecido una respuesta a este proceso iniciado.
«Ante tal situación, la Comisión de la Verdad exhorta a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, así como al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz, a que emprendan las acciones necesarias para investigar lo sucedido en los domicilios proporcionados por la CVO, así como también a garantizar que estos lugares donde pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad, no sean alterados con el fin de eliminar evidencias», dice la CVO.
- La CVO rendirá su informe final el 29 de febrero.
A la vez, llamó la atención en que integrará «de manera detallada esta información en su informe final, el cual será dado a conocer el próximo 29 de febrero mediante un acto público en el que se buscará atender la necesidad de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición que demandan las víctimas de 2006 y 2007 y la sociedad oaxaqueña en su conjunto».
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