SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 15 de agosto de 2016
El Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, el Sindicatos Nacional de Redactores de La Prensa, defensores de la libertad de expresión y periodistas de por lo menos 15 entidades del país suscribieron un desplegado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto en el que piden que se detengan los ataques contra el gremio de comunicadores, y expresan su solidaridad con la periodista Carmen Aristegui, su equipo de colaboradores y los 25 compañeros despedidos de la concesionaria radial MVS por la investigación sobre la Casa Blanca. Además de aplaudir la convicción con que los autores realizaron ese trabajo periodístico, afirman: «¡No está en nuestros planes dejarnos silenciar!».
El texto de siete párrafos inicia con una pregunta: «¿De qué sirve pedir perdón por el asunto de la Casa Blanca si la periodista Carmen Aristegui y 25 compañeros comunicadores que fueron expulsados de la radio siguen sin ese espacio, sólo por realizar una investigación minuciosa que interesaba a los mexicanos?».
Al mismo tiempo recuerdan que, ahora, Carmen fue acusada de daño moral por el empresario Joaquín Vargas Guajardo, quien exige que desaparezca el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, que editó Grijalbo.
«¿Quitando el prólogo borran la realidad?», cuestionan, y dirigiéndose siempre al presidente, agregan: «Usted dice que haber adquirido la casa valuada en 7 millones de dólares fue un error y declaró públicamente: ‘Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza de la sociedad. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos, por eso, con toda humildad, les pido perdón’.
«Nosotros decimos que: No basta con pedir perdón si no se repara el daño. ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Quién va a resarcir los agravios, malos tratos y juicios que padecen? Y las gestiones que se realizaron para apagar el programa Aristegui Noticias, que alcanzó uno de los niveles más altos de audiencia, ¿quedarán en el olvido?.
«El cierre de ese programa ¿quedará como un ejemplo de ataque a la libertad de expresión en nuestro país? porque, como refiere el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ‘Toda persona tiene derecho a las libertades de opinión y de expresión; esta garantía incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
Estiman necesario preguntarse: «¿Por qué antes de adquirir un inmueble como el mencionado no tomaron en cuenta que en nuestro país hay 80 millones de pobres?», toda vez que «la indignación de los ciudadanos con su gobierno no es por culpa de los periodistas, ni los trabajadores de los medios de comunicación que documentaron los acontecimientos de una manera seria y valiente, tanto que han recibido por este trabajo reconocimientos como: el Premio Nacional de Periodismo (2015), el Premio Gabriel García Márquez, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), y el galardón de la iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas».
Así, luego de reiterar su solidaridad y reconocer la convicción con que realizaron la investigación sobre la Casa Blanca, les dicen a Carmen Aristegui, a su equipo de colaboradores y a los 25 compañeros despedidos: «¡No están solos!».
El texto concluye con la aclaración de que la indignación nace de todas las injusticias en nuestro país, de los hechos que afectan a la población, que son difundidos por los comunicadores y por el hostigamiento contra ellos y ellas que ya llega a casos extremos: En lo que va de este año fueron asesinados 11 periodistas –dos mujeres y nueve hombres– por su labor de reportear.
Firman el desplegado el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor), el Sindicato Nacional de Redactores de La Prensa y la Casa de los Derechos de Periodistas; los periodistas José Reveles Morado, Jorge Meléndez Preciado, Rogaciano Méndez González y Víctor Ruiz Arrazola; Juana María Nava Castillo, Nuevo León; Héctor Peñaloza Sánchez y Norma Vázquez Lázaro, Estado de México; Alberto Witvrun, Hidalgo; Cristina Ranaud Mata, Querétero; Gabriela Gallegos Ávila y Enrique de Jesús Jan Camacho, Durango; Emma Aguado, Martha Camacho, Roberto Gómez Palacios y Agustín Galo Samario, Guanajuato; Antonio Heras, Baja California; Graciela Machuca Martínez, Quintana Roo; Zenón Campos Bocanegra, San Luis Potosí; Claudia Martínez, Puebla; José Luis Pérez, Sinaloa; Andrés Resillas Mejía, Michoacán; Agustín Chávez, Oaxaca; Rita Bonilla Delgado, Tamaulipas


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