SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 15 de abril de 2020
«Fui sometido, humillado y maltratado física y psicológicamente», afirma Iván González, defensor del territorio de San Francisco Xochicuautla, detenido el 31 de marzo por policías del Estado de México -y liberado «por falta de pruebas»- al oponerse a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que realiza la empresa Autovan, filial del Grupo Higa.
Denuncia, además, que durante su detención fue intimidado de manera constante y que hasta el momento teme por su seguridad, por su vida y la de sus familiares y habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio de La Concepción Xochicuautla. «Sí, sí temo. Como los respalda un gobierno, sigo temiendo que hagan de las suyas porque aquí en el pueblo siguen los policías».

Iván González Vargas.
Iván González fue parte del grupo de personas que el lunes 30 y martes 31 de marzo acudieron al lugar de las obras para notificar a los trabajadores de la constructora y a los policías que los reguardan, que por orden judicial debían suspender de forma definitiva la construcción de la autopista. Pero al contrario de reconocer el mandato legal contenido en la resolución del juicio de amparo 441/2016, el defensor del territorio fue apresado a eso de las 16:00 horas de aquel martes y permaneció detenido durante 19 horas, al menos nueve de ellas sin que la Policía Estatal que lo detuvo, el Ministerio Público ni ninguna otra autoridad del Estado de México informaran de su paradero a familiares o a miembros de la comunidad.
A 15 días de distancia, el joven defensor afirma en entrevista telefónica que pese a lo que le tocó vivir, seguirá en la lucha en defensa del territorio, del Gran Bosque de Agua, del medio ambiente y de la vida. Porque «aquí, entrando un poquito en lo que es un dogma, en lo que es una religión, yo creo que me mantengo firme y allá ellos que hayan traicionado ya al pueblo, al país y al mundo, porque esto ya no es sólo de un pueblo, es de la humanidad entera. Me mantengo firme y seguiré firme hasta las últimas consecuencias».
Relata que aquel día, al subir al lugar de las obras se molestó al ver que trabajadores de la constructora Autovan destruían los terrenos. Se acercó a uno de ellos para pedirle que retire la maquinaria, que lo que hace es ilegal. «En el momento en que le digo, haciéndole un ademán con manos y pies, él se molesta y como están junto a él unos policías, me señala. Entonces me rodean y ya estando en una emboscada de policías, no hay manera de salirme de ellos, me agarran, me empiezan a intimidar y ya estando arriba de la camioneta, me empiezan a golpear. En el transcurso del camino, a unos 20 minutos del Ministerio Público de Toluca, se detienen y cinco policías me vuelven a intimidar, me dicen que todo esto está arreglado y que qué me tengo yo que meter (con la construcción de la autopista), con groserías. Luego me vuelven a golpear, me dan patadas en la cara, en los brazos y en las manos cuando estoy tirado en la caja de la camioneta. Luego reinician su camino, y al llegar al Ministerio Público me vuelven a intimidar. Con la inexperiencia de estar en este tipo de situaciones, me empiezan a amenazar diciendo que no voy a salir de la cárcel y me empiezan a imputar varias acciones. Me entró miedo, pero empecé a recapacitar un poco, me dije: ¿de qué me van a imputar?
Añade que su traslado al Ministerio Público, situado en la avenida Morelos de la ciudad de Toluca, sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no tardó más de 45 minutos. Una vez ahí, un policía le inquiere, siempre en tono intimidante, que quién le paga, que por qué participa con los opositores a la autopista, para luego espetarle que sólo pierde el tiempo «defendiendo cosas que no» porque «ya mucha gente recibió dinero» de la empresa.
«Pero le dije, yo que sepa, estoy defendiendo lo que la ley dice y el que está en desacato es la constructora, está destruyendo el medio ambiente y sin ningún documento para que esté trabajando. Luego me entregaron un documento para que firmara mis derechos y obligaciones. Entonces sí me dio miedo, pero al hacer un poquito de conciencia, digo, si no he hecho nada más que defender el medio ambiente… no entiendo por qué tratan de esa manera a la gente».
Las cosas no fueron más graves, considera, porque a pesar de que «todo parece indicar que era como un secuestro» y que buscaban detener a cualquiera de los opositores a las obras, los habitantes de la comunidad lo buscaron de inmediato y al no saber de su paradero empezaron a difundir mensajes con su fotografía a través de Facebook, en los que lo identificaban como defensor del medio ambiente.

En imagen del 7 de abril, policías estatales cuidan que continúe la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Fue entonces que «sin saberlo yo, estando en el MP, se me hizo extraño que en algún momento los policías que me estaban intimidando, yo creo que al ver las redes sociales, le bajaron un poquito a las amenazas personales. Me empezaron a decir ‘no te preocupes, ya vas a salir en 48 horas’. Eso fue después (de las agresiones) verbales y físicas, de los golpes en la cara, el cuerpo, los pies, en las manos».
De cualquier modo, las acusaciones siguieron. «Como de (robar) piezas que se han perdido, como de alguna maquinaria que había quemado el grupo de choque que contrataron, alrededor de 30 o 45 personas que estuvieron aquí en el pueblo como ocho, diez meses, y que fueron llevados para provocarnos y que al caer en provocación nos acusaran de delitos. Pero eso es lo que hemos evitado».
Luego de pasar por varios trámites administrativos, tocó el turno de ir con el médico legista. «Me pregunta que cuál es mi delito y le narro lo que estos tipos (me hicieron), que en sí no es delito de lo que me acusan, que simplemente soy defensor. Y él dice, ‘ah, ojalá y no pase a mayores’. Se da cuenta de los golpes, de hecho tiene una fotografía, y hasta donde alcancé a ver en la computadora, en el expediente registra que tengo golpes en la parte izquierda del pecho, un rasguño en la espalda, y entre lo que es la sien, entre el ojo y la ceja, un golpe, con un moretón».
El lugar de detención de Iván González y los supuestos delitos por lo que se le detuvo les fueron informados hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril a familiares y habitantes de la comunidad que lo buscaban, es decir, nueve horas después de su aprehensión. Y recobró su libertad hasta casi las 11:00 horas de la mañana, cuando «me dijeron que ya me podía ir, que no había ningún delito por perseguir. Personal del MP me dijo: ‘Mira, pues tenemos que agilizar esto, ¿o quieres quedarte más tiempo allá dentro?’. Les digo, no, para mí es mejor salir. Un abogado de oficio me dijo que no hay delito que perseguir, ‘simplemente son acusaciones y lo único que queda es que tú denuncies a estos policías. ¿Estás dispuesto a hacerlo?’. Le dije que sí.
«Realmente fui sometido, humillado y maltratado, física y psicológicamente. Yo, por lo poquito que he leído y el nivel académico que tengo, me doy cuenta que hay mucha injusticia, que en México todavía estamos en pañales para poder hacer justicia. En otros países como Canadá, Alemania, aquel que derriba un árbol va a la cárcel. Ellos cuidan su medio ambiente, entonces al ver esos testimonios a uno le nace decir que lo que el creador nos ha dado, la naturaleza, la tierra y el agua se tienen que respetar. Pero aquí el dinero los cambia y los hace ser unos desgraciados».
Informar a la CIDH
Antes, en entrevista por separado, el abogado Hugo Hernández Carreón cuenta otra parte de esta historia. Recuerda que horas después de la detención de Iván González, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lanzó un tuit en el que decía que se le detuvo no sólo por obstrucción a obras y trabajos públicos sino por daño en propiedad ajena, que él fue uno de los que quemaron una maquinaria de la empresa Autovan. Pero mientras en el Ministerio Público se le abren dos carpetas de investigación diferentes, sus compañeros no saben a dónde lo habían llevado, si a la FGJEM, a otra institución o qué había pasado con Iván.
En esos momentos «lo que interpusimos ante el Poder Judicial de la Federación fue un amparo por desaparición forzada, pues a final de cuentas los compañeros no supieron nada de él por un periodo, más o menos, de nueve horas. Esto con el objetivo de que le ordenara al gobierno del Estado de México, a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, al comandante de la Policía Estatal del sector, al Ministerio Público del sector de Toluca y de Lerma -incluso pedimos videos de vigilancia de la zona- que nos dieran el paradero de Iván y por qué lo habían detenido; para que el Poder Judicial del Estado de México, incluso autoridades municipales y de la Guardia Nacional nos dijeran dónde estaba. Fue más que nada preventivo, por lo que pudiera llegar a suceder, porque ya se sabe que en el país desaparece gente a cada rato y no se vuelve a saber nada. Además, acaban de asesinar a cuatro defensores del territorio y se está con el temor de que pueda pasar algo».
Después de las 01:00 horas del miércoles 1 de abril, como Iván ya había sido localizado, lo que contestaron las autoridades judiciales fue que su caso ya no encuadraba en términos de desaparición forzada.

El abogado explica que «lo que hizo el juez de distrito fue decir: ‘Aquí ya cada quien lo deja’, cosa que sí puede suceder en materia de amparo. Al final de cuentas, el órgano que resuelve el amparo no es competente para resolver si se cometió un delito o no. La estrategia, repito, fue preventiva para el caso de que no pudiéramos encontrar a Iván en ninguno de los ministerios públicos a los que se acudió, y dejar constancia de que una policía, en este caso miembros de la Policía Estatal fueron los que se llevaron al compañero. El problema ahora es que con esto del Covid las instituciones van a abrir aproximadamente por ahí del 30 de abril. Entonces la denuncia penal federal se va a interponer en contra de todos los servidores que intervinieron, pero una vez que hayan abierto las instituciones.
– ¿Importa que no se haya sabido de su paradero media hora o nueve horas? ¿De cualquier modo es desaparición?
Sí, inclusive si ya lo encontraron. Lo que importa es que ninguna institución le dio el paradero ni a su familiar directo ni a nadie en el pueblo. Incluso, ese día estuvo ahí un comandante de la Guardia Nacional y a ellos tampoco les quisieron decir a dónde iban a trasladar a Iván. A pesar de que ya lo habían encontrado, el compañero sufrió desaparición porque no se sabía de su paradero y fue una institución estatal, esto es, la Policía Estatal, quien lo levantó y no se supo nada.
Pero además, «como metimos el amparo contra la desaparición forzada, un juez federal los llamó para que dieran un informe justificado y dijeran dónde estaba Iván, y como el caso empezó a sonar en medios, el Ministerio Público, al que le tocó el asunto, lo que decide es dejarlo en libertad absoluta. Se dio cuenta que ni los policías ni la empresa Autovan tenían elementos para detenerlo ni realizarle la imputación de que había quemado la maquinaria ni que estaba obstruyendo obras; porque no había nadie que siguiera con la denuncia, ni el abogado de Autovan se presentó, los policías se fueron a otro sector y ya no había ninguna parte que lo acusara».
Pero en tanto pasa el periodo de contingencia por el Covid-19, el trabajo que realiza el abogado, junto con sus colegas del equipo legal que acompaña el caso, es preparar un paquete de documentación, información y pruebas que se presentará lo antes posible a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el año 2012 se expresó respecto de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y otorgó medidas cautelares para 569 personas.
«Ellos han estado observando la evolución del caso, las negociaciones que se hicieron con la empresa, la cuestión de todos los desacatos en los que ha intervenido el gobierno del estado, el gobierno federal, la policía, todos estos actores. Y lo que hemos estado haciendo todos estos días es recabar información para que ellos estén al tanto de todo lo que está pasando, además de una ampliación de lo que se dijo en su momento en 2012 respecto de las casas que están siendo afectadas por las explosiones para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de un aproximado de 70 viviendas en una sola fracción, que constituye también un aproximado de 400 o 500 personas que quieren que ese problema se cuente entre las afectaciones causadas por la construcción y se llegue a un mecanismo de reparación».
Y para sumarle, también sin agua
Mientras, hasta el día de hoy trabajadores de la empresa Teya continúan con la construcción de la autopista. Sólo descansaron viernes, sábado y domingo, pero el lunes reanudaron labores. Elementos de la Policía Estatal realizan sus rondines mañana y tarde, y todas las noches hacen disparos al aire para que los habitantes de San Francisco Xochicuautla no intenten retirar la maquinaria.

Antes, el martes de la semana pasada, un hecho agravó la situación de los pobladores: maquinaria de la constructora rompió la tubería de distribución de agua. De pronto empezó a llegar con tierra y luego se suspendió el suministro a las casas. Algunas personas, quienes tenían recursos, tuvieron que pagar pipas para satisfacer sus necesidades básicas, pero no la mayoría. Todo esto, relata Jaime Vargas, del Consejo Supremo de esta comunidad otomí-hñäthö, es lo que sucede en su pueblo. Pese a que desde el 5 de marzo el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Alberto Roldán Olvera, ordenó que se suspendiera la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Fotos de portada e interiores: Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla y Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla.
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