SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 11 de junio de 2018
La mañana de hoy, ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, ocho organizaciones civiles presentaron un informe en el que denuncian al Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), entre los años 2008 y 2010, bajo conocimiento de las más altas autoridades civiles y militares.
En el documento entregado a la CPI por el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, se detalla que en el marco de la política nacional contra el crimen emprendida por el gobierno federal encabezado entonces por Felipe Calderón Hinojosa, las Fuerzas Armadas cometieron crímenes que calificarían de lesa humanidad «en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas».
Felipe Calderón Hinojosa y el general Guillermo Galván Galván. | Foto: Mientras tanto en México.
La información que se hizo del conocimiento de la Corte Penal se suma a dos anteriores, una a hechos ocurridos en Baja California y la otra en Coahuila (presentadas en los años 2012, 2014 y 2017), todas dentro de la llamada «guerra contra las drogas». En este caso, el de la actuación del Ejercito en Chihuahua, se limita a violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 27 de marzo de 2008 y el 16 de enero de 2010.
Durante ese periodo de tiempo, además de Felipe Calderón como presidente de la República, otras de las más altas autoridades civiles que estaban enteradas y/o a cargo del OCCH eran el gobernador de la entidad, el priista José Reyes Baeza Terrazas; el entonces procurador general de la República y hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora; y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y por el lado de las autoridades militares, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, y el secretario de Marina Armada de México, Mariano Francisco Saynez Mendoza.
En entrevista después de entregar el documento a la CPI, José Antonio Guevara explicó que el reporte no tiene la intención de denunciar personas sino de demostrarle a la Corte que en México se han cometido crímenes de su competencia y de convencerla de que abra un examen preliminar. «Estamos en una etapa procesal donde lo relevante no es identificar a los presuntos responsables, sino que decida que (el caso) amerita que investigue».
La información del caso Chihuahua que se puso a su consideración, añadió, es abundante sobre diferentes tipos de crímenes y no puede ser interpretada como una relatoría de hechos aislados, sobre todo después de las comunicaciones previas sobre violaciones a derechos humanos en Baja California y Coahuila -en dos partes y que abarcan los gobiernos estatales de Humberto y Rubén Moreira Valdés- donde también intervinieron elementos de las Fuerzas Armadas.
En el informe, titulado Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, México entre 2008 y 2010, las ocho organizaciones firmantes consideran que contiene información que «verifica la existencia de una base razonable para creer que crímenes bajo la competencia de la CPI se han cometido en Chihuahua, México, entre el 27 de marzo de 2008 y el 16 de enero de 2010».
Eduardo Medina Mora. | Foto: SCJN.
Demuestra, además, «la existencia de una política nacional por medio de la cual la población civil fue atacada de forma sistemática, basada principalmente en el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública para hacer frente al crimen organizado, desde diciembre de 2006 por decisión de Felipe Calderón Hinojosa», a la cual se le conoce comúnmente como «guerra contra el narcotráfico» o «guerra contra las drogas».
Esos ataques «sistemáticos» se tradujeron a su vez «en la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad», en lo que fue una política institucional en que «hasta la fecha sus más altos responsables, aquellos que la promovieron, alentaron y cooperaron en su implementación no han sido investigados, procesados, o sancionados por el sistema de justicia civil mexicano».
En este sentido, José Antonio Guevara comenta en la entrevista que resultaría importante que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepte el caso, pues «si en México hubiera una posibilidad (de procurar y hacer justicia) no hubiéramos acudido. Porque actualmente la Procuraduría General de la República es un factor clave en la política de impunidad deliberada para que se sigan cometiendo estos crímenes».
Pero por el contrario, dice el informe entregado a la CPI, «funcionarios públicos desde entonces constantemente niegan, minimizan o directamente ignoran la existencia de crímenes cometidos contra la población civil por las Fuerzas Armadas mexicanas, misma que ha prolongado sus efectos de violencia en la actual administración», lo que se ha constituido en una política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia armada que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior.
La estrategia «empleada por el ex presidente Felipe Calderón en su calidad de jefe máximo de las Fuerzas Armadas Mexicanas», que si bien ha provocado una espiral de violencia generalizada que rebasa cualquier cifra registrada en la historia contemporánea de México, no se ha presentado de forma homogénea en todo el territorio nacional sino que «se ha focalizado y manifestado en aquellos estados o zonas donde se implementaron los llamados ‘operativos conjuntos'» con la participación de elementos del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública propias de las policías federales, estatales y municipales.
Las organizaciones que firman el documento le piden a la CPI que, en razón de la información que se le presentó en concordancia con el Estatuto de Roma -en vigor en México desde el 1 de enero de 2006- y que podría motivar el examen preliminar de su Fiscalía sobre la situación en nuestro país; que determine su competencia temporal, material, territorial y personal; que ejerza sus facultades de oficio, con arreglo al artículo 15 del Estatuto de Roma, y haga pública la apertura del examen preliminar, y que realice una misión al país para hacer consultas con las autoridades mexicanas, las comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil. Además, que solicite los expedientes penales y de las investigaciones para llevar ante la justicia a los probables responsables de los casos que se presentan; los expedientes penales en los que se procesan a militares, el listado de los mandos y militares que formaron parte del Operativo Conjunto Chihuahua, e información sobre los crímenes graves perpetrados por las organizaciones criminales que operaron en el periodo temporal que abarcó el OCCH, así como las investigaciones y procesos penales abiertos para sancionar a los responsables.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. | Foto: Réalité Mexicaine.
Para José Antonio Guevara, luego de presentar la información de Baja California, Coahuila y ahora la de Chihuahua, es muy creíble y muy probable que en los operativos conjuntos se estén cometiendo este tipo de crímenes, pues en donde se han llevado a cabo el número se dispara.
Explica que no acudirían a la Corte Penal Internacional si en México hubiera una posibilidad de justicia. «Es muy importante, no estaríamos aquí pidiendo el apoyo de la comunidad internacional si la PGR hiciera su trabajo, su procesara a todos los funcionarios que han fomentado esta política de violar sexualmente, secuestrar, desaparecer personas y asesinar en la guerra contra las drogas».
Y da un dato más que, en su opinión contribuye a prolongar esta situación: la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tienen una agenda para combatir la impunidad. Al contrario, «tiene una serie de recomendaciones complacientes con los militares que se dan por cumplidas sin que haya castigo a los responsables. La CNDH tiene que revisar su política contra la impunidad, porque es insuficiente».
También firman el informe presentado a la CPI, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Renacer Lagunero.
Foto de portada: José I. Hernández / Cuartoscuro-Archivo.
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