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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 3 de agosto de 2021
- El pueblo maya de Homún anuncia marcha de regreso a Jo’ (Mérida) para reclamarle a Vila su trampa
- La empresa PAPO ha presentado ante Tribunales un documento emitido por la SDS de Yucatán que pone en riesgo la suspensión de la mega granja.
- El 5 de agosto de 2021, el Juez Segundo de Distrito decidirá si se mantiene la suspensión de la mega granja de 49,000 cerdos en el pueblo maya Homún, que fuera otorgada en 2018 por el Poder Judicial y ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia.
El colectivo Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) anunció que el día de hoy martes realizará una marcha en Mérida, Yucatán, en protesta por «el desprecio» del gobierno del panista Mauricio Vila Dosal a la decisión del pueblo de Homún de rechazar la operación de la mega granja agrícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO).
La marcha, añadió, se realiza en protesta porque el gobierno de Yucatán avala en tribunales una maniobra de la empresa que intenta levantar la suspensión otorgada por la Juez Miriam Cámara Patrón desde el 9 de octubre de 2018, contra la mega granja de la empresa PAPO instalada a través de diversas irregularidades.
La organización Equipo Indignación explicó a través de un comunicado que la maniobra de la empresa va contra el rechazo del pueblo maya de Homún, al presentar el 6 de julio de 2021 ante el Juez Segundo de Distrito un documento, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno de Mauricio Vila, en el cual la directora Jurídica, Karen Aguirre Bates, afirma que “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”.
Foto (ilustrativa): Equipo Indignación.
Este recurso, agregó Equipo Indignación, «fue presentado mañosamente por la empresa como un ‘hecho superveniente’, es decir, un elemento nuevo, que no existía antes, (que) le sirve para solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión de la mega granja, otorgada en Tribunales a la niñez de Homún».
Ante esta acción de la empresa PAPO, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, ha fijado el 5 de agosto de 2021 la audiencia para decidir si lo alegado por PAPO es procedente, y si mantiene la suspensión de la granja de Homún o la revoca.
La lucha por el agua del pueblo de Homún
Por más de cinco años el pueblo maya de Homún se ha mantenido en lucha contra la imposición de instalar en su territorio una mega granja de más de 49 mil cerdos. A su lucha se han sumado diversos pueblos mayas, como Celestún, San Fernando, Kinchil, Chapab, Sitilpech, por nombrar algunos, lo que evidencia el carácter regional de la amenaza que representa para la península una industria porcina que viola los derechos del pueblo maya, afecta al medio ambiente y pone en riesgo el derecho a la salud y el agua de la población.
El gobierno del estado de Yucatán, encabezado por Mauricio Vila Dosal, ha tratado de legitimar la instalación autorizando una manifestación de impacto ambiental (MIA) técnicamente deficiente y firmada por una cirujana dentista, entre otras muchas irregularidades, recordó Equipo Indignación.
En septiembre de 2019, además, la titular de la SDS, Sayda Melina Rodríguez Gómez, otorgó a la granja PAPO un acta que avalaba una inspección que duró tan sólo unos minutos. Este documento fue presentado para asegurar que la planta de tratamiento de agua estaba lista para funcionar. Pero en octubre de ese mismo año la juez Miriam Cámara Patrón negó la petición de PAPO y confirmó que la suspensión se mantenía.
Inconforme, PAPO impugnó la decisión, y de nueva cuenta, en noviembre de 2020. el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó que la suspensión otorgada a los menores quejosos debía continuar. En mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia ratificó también la suspensión.
Sin embargo, y «a pesar de todas estas confirmaciones, ahora la SDS y la empresa pretenden de nuevo revocar la suspensión, usando la misma argumentación rechazada por la juez Cámara Patrón desde 2019.
«Asombra que, frente a la movilización social contra las granjas porcinas y el apoyo nacional e internacional que ha recibido la lucha de Homún, el gobierno de Vila siga llevando a cabo acciones para facilitar la instalación de granjas, desdeñando las demandas sociales», dijo la organización.
Entre las razones que compartieron la juez Cámara Patrón y el Tribunal Colegiado para mantener la suspensión a favor de Homún, están la evidente ausencia de consulta indígena y participación del pueblo; la obligación de proteger los derechos a la salud, el medio ambiente y el agua de la niñez de Homún; la aplicación del principio precautorio para tomar medidas que protejan al medio ambiente y al acuífero maya ante una industria que genera impactos en un ecosistema tan vulnerable a la contaminación.
«Es decir, la suspensión otorgada no se basó únicamente en que la planta de tratamiento de PAPO no estuviera completa. El Tribunal consideró insuficiente el acta de inspección generada por la SDS y presentada por la empresa para probar que la granja no ocasionaría daños.
Protesta en 2017 contra la mega granja porcícola en Homún. | Foto: Lector Mx.
«En evidente triquiñuela jurídica, la empresa porcina presenta ahora el documento de la SDS como un ‘hecho superveniente’ para solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión otorgada a la niñez de Homún. Esta acción se suma a otras que ha realizado la empresa PAPO, como el intento de recusar a la juez Cámara Patrón ante la acusación infundada de ser parcial en el juicio, así como el nombramiento de su abogado particular como representante de la empresa PAPO cuya finalidad fue que la juez tuviera que renunciar al juicio.
«A todo esto, preocupa que el juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, haya emitido resoluciones favorables a la granja en otro juicio. Y ante esta estrategia de PAPO debió desecharlo por su notoria y evidente improcedencia. Denunciamos la participación del gobierno del estado en esta estrategia que representa una burla para el estado de derecho, pues presenta algo que ya ha sido juzgado en varias ocasiones, como si fuera un hecho nuevo».
El colectivo Kanan ts’ono’ot exigió al Poder Judicial Federal en el Estado de Yucatán una actuación transparente, imparcial y garante de los derechos humanos. Al gobierno del estado , que rompa el contubernio con los empresarios y actúe de acuerdo al mandato constitucional que ha recibido de respetar, proteger y garantizar los derechos del pueblo maya de Yucatán.
«Esperamos que esta nueva acción legal de PAPO y del gobierno de Yucatán no prospere. Aceptar como procedente algo que es notoriamente improcedente sería una burla al sistema jurídico y a la protección que se otorga por medio de la suspensión en el juicio de amparo», afirmó.
Foto de portada (ilustrativa): Karst Geochemestry and Hydrogeology.
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