Desaparición forzada por militares llega a Corte Interamericana

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 25 de abril de 2018

 

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• Será  la primera ocasión que la CoIDH recibe un caso en el marco de las actuales desapariciones en México, que ascienden a 35 mil.

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Este jueves 26 y viernes 27 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) escuchará a la familia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos por elementos del Ejército mexicano en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que envió el caso a la CoIDH porque «México incumplió nuestras recomendaciones, incluyendo disponer de medidas frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales que contribuyeron a la impunidad de las desapariciones de personas en el caso Alvarado Espinoza y otros».

A través de sus redes sociales, la CIDH explicó que el gobierno mexicano, «ante la grave situación de violencia, se desplegó el ‘Operativo Conjunto Chihuahua’, contexto en el que se desarrollaron los hechos de la desaparición de las tres víctimas del caso Alvarado Espinoza y otros vs México». Y al anunciar que estará presente en la audiencia de este jueves, añadió: «Buscamos verdad y justicia para las familias de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera».

La desaparición de la familia Alvarado ocurrió en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” que declaró en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa; con la implementación de Operativos Conjuntos en diferentes estados del país, Chihuahua llegó a ser el estado más violento en México en 2010, con una tasa de 110 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las organizaciones acompañantes del caso. Ésta será  la primera ocasión que la CoIDH recibe un caso en el marco de las actuales desapariciones en México, que ascienden a 35 mil personas reconocidas como desaparecidas de 2007 a la fecha.

Después de la desaparición, 12 instancias nacionales e internacionales han conocido del caso, entre ellas: la Fiscalía General del Estado, diversas áreas de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aún la jurisdicción militar. La exigencia de justicia y de conocer el paradero de sus seres queridos ha traído amenazas para las familias en varias ocasiones y les ha llevado a desplazarse forzadamente; actualmente algunas de ellas están en proceso de asilo político en Estados Unidos.

“Este caso demuestra lo que viven diariamente miles de familiares de personas desaparecidas en México: nunca hubo acciones de búsqueda inmediatas ni efectivas que estuvieran encaminadas a encontrar con vida a las personas desaparecidas; tampoco ha habido una investigación encaminada a determinar la responsabilidad por la desaparición. Contrariamente, el manejo de la investigación constituyó en sí mismo un obstáculo para el acceso a la justicia y en múltiples ocasiones se quiso colocar la responsabilidad del avance de las investigaciones a la familia”, sostuvo el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua.

En junio de 2011 las familias presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá el caso debido al incumplimiento del Estado mexicano sobre las recomendaciones realizadas por CIDH, instancia que determinó que en este caso, el Estado mexicano era responsable por su desaparición forzada y recomendó a México investigar los hechos con la debida diligencia, buscar a las víctimas desaparecidas y sancionar a los responsables. Adicionalmente, determinó la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra y solicitó que el Estado mexicano adopte una serie de medidas de reparación y de no repetición de los hechos.

Durante la audiencia pública ante la CoIDH declararán seis personas, se aportarán testimonios y argumentos para demostrar la responsabilidad del Ejército, la omisión de las autoridades en la búsqueda y en las investigaciones y la falta de protección a las y los familiares. Asimismo, se presentarán periciales por parte de las víctimas, el Estado y la CIDH.

Para las y los familiares de este caso, “la sentencia que se emita de esta audiencia será un reconocimiento a su lucha y a la de miles de familias que exigen medidas adecuadas y proporcionales a la problemática de la desaparición en México”, señalaron las organizaciones acompañantes: El Cedehm, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y Mexicanos/as en el Exilio, quienes señalaron que la sentencia puede servir para los países de todo el continente donde se está discutiendo la militarización de la seguridad.

Desde el año 2016 la CIDH sostuvo que «la relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas. Los hechos del caso constituyen un ejemplo de los factores que contribuyen a que esta grave violación de derechos humanos tenga lugar en dicho contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción».

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Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Foto de portada: Human Rights Watch.